El bloqueo impuesto a Cuba por el gobierno de Estados Unidos se ha agravado por el actual presidente de EE.UU., Donald Trump. Caricatura: Osvaldo Gutiérrez Gómez (Osval).
Desde 1992 Cuba presenta en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) la resolución para exigir el fin del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la Isla. Durante 27 años la mayoría de la comunidad internacional ha votado a favor de finalizar la genocida política de Washington.
En el informe preparado por Cuba, para discutir la resolución 73/8, se destaca que durante el período que comprende de abril de 2018 hasta marzo de 2019 “el recrudecimiento del bloqueo continuó siendo el eje central de la política del gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) hacia Cuba”.
Las autoridades cubanas estimaron que desde abril de 2018 hasta marzo de 2019 el bloqueo estadounidense ha causado pérdidas a Cuba en el orden de los cuatro mil 343.6 millones de dólares.
El Departamento de Estado de EE.UU. amplió en tres ocasiones la lista de entidades cubanas restringidas que son objeto de sanciones adicionales a las impuestas por el bloqueo. Esta medida ha ocasionado daños considerables a la economía del país caribeño, por su efecto intimidatorio sobre la comunidad empresarial internacional.
A partir del 5 de junio de 2019, el Departamento del Comercio estadounidense eliminó las licencias generales para los viajes educativos grupales “pueblo a pueblo” y negó licencias a las aeronaves no comerciales y embarcaciones de pasajeros y recreativas en estancia temporal, incluyendo los cruceros.
Esto ha provocado un impacto severo en el número de visitantes a Cuba. “Todas estas acciones fueron tomadas con el objetivo deliberado y declarado de causar daños económicos y privar a Cuba de recursos financieros”, aseveró el Gobierno cubano en el informe.
El presidente estadounidense, Donald Trump decidió, asimismo, permitir la posibilidad de que, al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton, se puedan tomar acciones judiciales en tribunales de EE.UU. ante demandas presentadas por ciudadanos o entidades estadounidenses contra empresas o individuos cubanos o de terceros países que se relacionen comercialmente con propiedades nacionalizadas en Cuba en la década de 1960.
Para La Habana, esto es “una demostración sin precedentes del recrudecimiento de la política anticubana del gobierno estadounidense”.
El Gobierno de Trump ha sancionado a casi 200 empresas y hoteles cubanos dirigidos por militares. También ha advertido con sanciones a cualquier empresa o buque que se relacione con el envío de petróleo venezolano a Cuba.
La Casa Blanca anunció el pasado 25 de octubre nuevas medidas que vedan los vuelos de varias aerolíneas estadounidenses a todos los aeropuertos internacionales cubanos, solo exceptuando el Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana.
(Tomado de teleSUR)
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