La vicepresidenta sostuvo que desde la llegada de Macri al gobierno “se armaron verdaderos grupos de tareas” desde distintas agencias del Estado para articular “una feroz e inédita persecución” en su contra.
Cristina presentó dos escritos, uno ante el organismo recaudador y otro en el Juzgado Federal de Río Gallegos, en los que pide que se anule todo lo actuado en un operativo fiscal que, según afirmó, fue ilegal.
La primera denuncia fue presentada en la justicia federal de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz (sur), y la segunda fue elevada ante la propia AFIP, dirigida por la economista Mercedes Marcó del Pont.
“En ambos escritos se demuestra la forma en que funcionarios de la AFIP actuaron como un grupo de tareas y que en coordinación con sectores del Poder Judicial operaron en la clandestinidad para armar un juicio de ejecución fiscal contra mí persona”, indicó en su página web.
La actual presidenta en ejercicio, por encontrarse ausente en su gira europea el presidente Alberto Fernández, enmarcó los hechos que denunció dentro del proceso de “Lawfare”.
El objetivo es, según sus palabras, “la destrucción de opositores políticos mediante la utilización ilegal de procedimientos judiciales y administrativos por parte de funcionarios públicos y de sectores del poder judicial, en perfecta coordinación con los medios de comunicación hegemónicos”.
En el primero, que tiene 73 páginas, la ex presidenta niega “enfáticamente la existencia de la deuda en ejecución”, por lo que pide que se desestime “la ejecución en su totalidad”.
En el segundo, con la firma del abogado Carlos Beraldi, solicita la nulidad de “todo lo actuado por la AFIP” y de “los títulos ejecutivos que resultaron de dichos procedimientos”.
La exmandataria presentó la denuncia penal en el primer día hábil de la justicia federal tras el receso por el verano austral.
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