Cuba trabaja hoy en modificaciones del marco jurídico para las micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) de la isla, a dos años de haberse aprobado las primeras normas para regular sus actividades.
La viceministra de Economía y Planificación, Johana Odriozola, explicó en la Comisión de los Servicios de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) el impacto que tienen las Mipymes en la actividad comercial de la isla.
Como aspectos positivos del desarrollo de estos actores económicos, resaltó la creación de nuevos puestos de trabajo en la economía, la reactivación de producciones nacionales a partir del encadenamiento con empresas estatales.
También, agregó, permitió la organización del trabajo del sector privado y para varias familias y personas, las Mipymes constituyen un proyecto de vida en la isla.
Sin embargo, apuntó la viceministra, parte de esas entidades aplican precios abusivos aprovechando el déficit de oferta nacional y la inexistencia del mercado legal de divisas, así como evaden o subdeclaran impuestos.
De las más de nueve mil 700 Mipymes existentes en el país, solo 183 están vinculadas con un proyecto local, lo que evidencia la poca inserción efectiva en las estrategias de desarrollo municipal.
Odriozola informó que las modificaciones al marco jurídico de las Mipymes parten de un amplio proceso de consulta con todos los organismos de la administración central del Estado, con gobernadores y los órganos estatales.
Como parte de las transformaciones se propone la creación de un Instituto de atención a actores no estatales, subordinado al Consejo de Ministros.
Dicha entidad, explicó la vicetitular, no debe tener una estructura vertical, ya que en los territorios se crearon direcciones en las provincias y municipios para la atención de estos actores.
Indicó que se trabaja en la descentralización en los municipios de los procesos de aprobación de Mipymes, que hasta el momento se concentra en organismos centrales.
Acotó que se continuará trabajando en los temas de regulación de precios, así como en el establecimiento de regulaciones para las denominaciones de las entidades.
Desde la aprobación de la política en 2021, 9 988 actores económicos se han probado en la nación caribeña y de ellos 9 747 son micro, pequeñas y medianas empresas.
La viceministra detalló que de acuerdo a los informes del año 2022, el aporte al Producto Interno Bruto (PIB) Total de estos nuevos actores es del 7,7 por ciento, lo que evidencia que la mayor parte de la carga económica del país se encuentra en el sector estatal.
Precisó que para el cierre de este año se prevé un aumento de esa cifra dado que en 2023, han operado más actores.
(Tomado de Prensa Latina)
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