Este acto de piratería y terrorismo marítimo constituye una violación grave del Derecho Internacional, incluidas la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima. El gobierno de los Estados Unidos es responsable por la comisión de estos delitos, que dañan a la comunidad internacional en su conjunto.
Esta acción se inscribe en la escalada de los Estados Unidos para impedir el legítimo derecho de Venezuela a utilizar y comercializar libremente sus recursos naturales con otras naciones, incluidos los suministros de hidrocarburos a Cuba.
Durante el primer mandato de Donald Trump se adoptaron medidas para obstaculizar el libre comercio de los recursos petroleros venezolanos y se persiguió a los barcos que transportaban combustible a nuestro país. Esta situación persiste y se agrava ahora con el uso de la fuerza militar para intentar imponer su dominio sobre Nuestra América.
Estas acciones repercuten negativamente en Cuba y recrudecen la política de máxima presión y asfixia económica de los Estados Unidos, con un impacto directo en el sistema energético nacional y, por consiguiente, en la vida diaria de nuestro pueblo.
Este acto evidente de aplicación del corolario Trump de la Doctrina Monroe transgrede la proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz y demanda la condena universal.
La Habana, 12 de diciembre de 2025
(Con información del MINREX)
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