El expresidente catalán Carles Puigdemont comparece ante la justicia de Alemania, donde fue arrestado la víspera en respuesta a una orden de captura europea emitida por el Tribunal Supremo de España.

El líder independentista fue interceptado ayer al entrar en territorio germano por la frontera con Dinamarca, cuando regresaba a Bélgica en un coche desde Finlandia, adonde viajó el pasado jueves para impartir una conferencia en la Universidad de Helsinki.

Este lunes será llevado ante el juez del Tribunal de instrucción de Neumünster, próximo al centro penitenciario en el que quedó recluido tras su arresto.

Esta comparecencia tiene como cometido confirmar su identidad, analizar las razones de su detención y dictaminar si lo mantiene bajo custodia policial hasta que se resuelva su entrega a España, lo cual podría demorarse entre 10 y 60 días, o si lo deja libre con medidas cautelares.

Será el Tribunal Superior del estado federado de Schleswig-Holstein el encargado de examinar la documentación sobre el caso para ver si la extradición está justificada y si la entrega a las autoridades españolas es admisible legalmente.

En caso de que no existe ningún impedimento legal, la Fiscalía General de Schleswig será la que tenga la última palabra sobre la entrega del político catalán a la nación ibérica.

Jaume Alonso-Cuevillas, abogado del expresidente de la Generalitat (autogobierno catalán) admitió hoy la posibilidad de que su defendido pueda acabar en prisión preventiva.

Un juez germano ‘procederá a ver si los casos que vienen relatados constitutivos de delito se han producido’, declaró el letrado a la televisión pública de Cataluña.

Alonso-Cuevillas rechazó que se compare los delitos de rebelión y sedición en España con el de alta traición contemplado en el Código Penal alemán, pues de lo que se trata es de ‘ver si los hechos como se produjeron son compatibles’, no en buscar semejantes.

Reivindicó que los presuntos delitos por los que se pide la extradición de Puigdemont requieren de violencia.

‘El problema que tiene la euroorden, igual que el procesamiento en España, es que no hubo violencia’, defendió el abogado.

Madrid activó el pasado viernes la orden de captura internacional contra el otrora gobernante y otros políticos acusados de rebelión por su participación en la organización de un referendo sobre la secesión de Cataluña, el 1 de octubre de 2017.

Puigdemont y cuatro miembros de su gabinete se exiliaron en Bélgica a finales de octubre de 2017, tras ser destituidos por la administración central de Mariano Rajoy, que asumió el control de la región para frenar las aspiraciones separatistas de sus autoridades.

(Con información de Prensa Latina)