Por: Marco Pala, Argenpress

¿Alguien cree todavía que no hay censura el día de hoy? Entonces, ¿por qué, si por un lado estamos informados sobre todo lo que está sucediendo en Egipto, por otro lado los medios masivos de información no han dicho una sola palabra sobre lo que sucede en Islandia?.

El pueblo de Islandia ha logrado hacer dimitir completamente un gobierno. Se nacionalizaron los principales bancos comerciales; los ciudadanos decidieron por unanimidad declarar la insolvencia de la deuda que esos mismos bancos habían contraído con Gran Bretaña y Holanda, producto de lo inadecuado de su política financiera; finalmente, se creó una asamblea popular para rehacer por entero la Constitución. Y todo de un modo pacífico. Una verdadera Revolución contra el poder que había conducido a Islandia hacia el reciente colapso económico.

Seguramente se estarán preguntando por qué estos acontecimientos no se han hecho públicos durante los últimos dos años. La respuesta nos lleva a otra pregunta, más mortificante todavía: ¿qué sucedería si el resto de los ciudadanos europeos tomaran el ejemplo de los “conciudadanos” islandeses?

Presentamos brevemente la cronología de los hechos:

2008. En septiembre se nacionaliza el banco más importante de Islandia: el Glitnir Banl. La moneda se devalúa y la Bolsa suspende todas las actividades: el país se declara en bancarrota.

2009. En enero las protestas de los ciudadanos frente al Parlamento provocan las dimisiones del Primer Ministro Geir Haarde y de todo el gobierno -la Alianza Social-Democrática (Samfylkingin)- obligando al país a elecciones anticipadas. La situación económica se muestra precaria. El Parlamento propone una ley que prevé el saneamiento de la deuda con Gran Bretaña y Holanda a través del pago de 3,5 mil millones de euros, que se habrían cargado a cada familia islandesa, mensualmente, por un lapso de 15 años y con una tasa de interés del 5,5%.

2010. Los ciudadanos vuelven a ocupar las plazas y exigen someter a referéndum la previsión citada.

2011. En febrero el Presidente Olafur Grimsson veta la ratificación de la ley y anuncia el referéndum consultivo popular. Las votaciones tienen lugar en marzo y el NO al pago de la deuda vence con el 93% de los votos. Mientras tanto el gobierno ha consultado debidamente para determinar en términos jurídicos las responsabilidades civiles y penales de la crisis. Se emiten las primeras órdenes de arresto para distintos banqueros y miembros del Poder Ejecutivo. La Interpol se encarga de buscar y capturar a los condenados: todos los banqueros implicados abandonan Islandia. En este contexto de crisis se elige una Asamblea para redactar una Nueva Constitución que pueda extraer las lecciones aprendidas durante la crisis y que sustituya la actual Carta Magna (basada en el modelo danés). Para ello se dirige directamente al pueblo soberano: se eligen legalmente 25 ciudadanos, libres de filiación política, entre los 522 que se presentan a las votaciones. Los únicos dos vínculos para la candidatura, además de estar libres de pertenencia partidaria, eran ser mayor de edad y disponer de al menos 30 firmas de apoyo. La Nueva Asamblea Constitucional inicia su trabajo en febrero presentando un proyecto llamado Carta Magna, en el que confluyen la mayor parte de las “líneas guía” producidas por consenso en el curso de las asambleas populares que habían tenido lugar en todo el país. Dicha Carta Magna deberá ser sometida a la aprobación del Parlamento inmediatamente después de las próximas elecciones legislativas que tendrán lugar.

Traducción del italiano: Marcelo Colussi