Por: Mark Weisbrot, The Guardian /CounterPunch/Rebelión

Imaginad que un activista opositor fuera asesinado a plena luz del día en Argentina, Bolivia, Ecuador o Venezuela por pistoleros enmascarados, o secuestrado y asesinado por guardias armados de un conocidísimo partidario del gobierno.

Sería una noticia de primera plana en el New York Times y en todas las noticias de la televisión. El Departamento de Estado de EE.UU. emitiría una enérgica declaración sobre graves abusos de los derechos humanos. Si algo semejante sucediera.

Ahora imaginad que 59 asesinatos políticos de este tipo hubieran tenido lugar hasta ahora durante este año, y 61 el año pasado. Mucho antes de que la cantidad de víctimas llegara a este nivel, se habría convertido en un importante tema de política exterior para EE.UU., y Washington exigiría sanciones internacionales.

Pero estamos hablando de Honduras, no de Bolivia o Venezuela. Por lo tanto cuando el presidente Porfirio Lobo de Honduras fue a Washington el mes pasado, el presidente Obama lo saludó calurosamente y dijo:

“Hace dos años, vimos un golpe en Honduras que amenazó con apartar al país de la democracia, y en parte por la presión de la comunidad internacional, pero también por el fuerte compromiso con la democracia y el liderazgo del presidente Lobo, lo que vemos es una restauración de las prácticas democráticas y un compromiso con la reconciliación que nos da muchas esperanzas”.

Evidentemente, el presidente Obama incluso se negó a reunirse con el presidente democráticamente elegido que fue derrocado por el golpe mencionado, a pesar de que ese presidente fue tres veces a Washington en busca de ayuda después del golpe. Era Mel Zelaya, el presidente de centro-izquierda que fue derrocado por los militares y sectores conservadores en Honduras después de instituir una serie de reformas por las que había votado la gente, como el aumento del salario mínimo y leyes de impulso de la reforma agraria.

Pero lo que más enfureció a Washington fue la cercanía de Zelaya con los gobiernos izquierdistas de Suramérica, incluida Venezuela. No estaba más cercano de Venezuela que Brasil o Argentina, pero fue un crimen de oportunidad. Por lo tanto cuando los militares hondureños derrocaron a Zelaya en junio de 2009, el gobierno de Obama hizo todo lo posible durante los seis meses siguientes para asegurarse de que el golpe tuviera éxito.

La “presión de la comunidad internacional” a la que se refirió Obama en la declaración mencionada provino de otros países, especialmente de los gobiernos de izquierdas de Suramérica. EE.UU. estaba al otro lado, luchando –finalmente con éxito– a fin de legitimar el gobierno golpista mediante una “elección” que el resto del hemisferio se negó a reconocer.

En mayo de este año Zelaya declaró en público lo que ya habíamos adivinado la mayoría de los que seguimos de cerca los acontecimientos: que Washington estuvo tras el golpe y ayudó a que se perpetrara. Aunque es probable que nadie se tome la molestia de investigar el papel de EE.UU. en el golpe, es algo bastante plausible en vista de la abrumadora evidencia circunstancial.

Porfirio Lobo asumió el poder en enero de 2010, pero la mayoría del hemisferio se negó a reconocer su gobierno porque su elección tuvo lugar mediante graves violaciones de los derechos humanos. En mayo de 2011 se llegó finalmente a un acuerdo en Cartagena, Colombia, que permitió que Honduras volviera a la Organización de Estados Americanos. Pero el gobierno de Lobo no ha cumplido su parte de los acuerdos de Cartagena, que incluían garantías para los derechos humanos de la oposición política.

A continuación menciono dos de las docenas de asesinatos políticos que han ocurrido durante la presidencia de Lobo, tal como las recopiló la Red de Liderazgo Religioso de Chicago sobre Latinoamérica (CRLN, por sus siglas en inglés):

“Pedro Salgado, vicepresidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) fue eliminado a tiros y luego decapitado aproximadamente a las 8 de la noche en su casa de la empresa cooperativa La Concepción. Su esposa, Reina Irene Mejía, también fue asesinada a tiros al mismo tiempo. Pedro sufrió un intento de asesinato en diciembre de 2010… Salgado, como los presidentes de todas las cooperativas que reivindican derechos a tierras utilizadas por los empresarios del aceite de palma africana en el Aguán, había sido objeto de constantes amenazas de muerte desde principios de 2011”.

El coraje de estos activistas y organizadores frente a semejante violencia y horrible represión es asombroso. Muchos de los asesinatos del año pasado ocurrieron en el Valle Aguán en el Noreste, donde pequeños agricultores luchan por derechos a la tierra contra uno de los terratenientes más ricos de Honduras, Miguel Facussé.

Produce biocombustibles en esta región en tierras en disputa. Está cercano a EE.UU. y fue un importante apoyo del golpe de 2009 contra Zelaya. Sus fuerzas privadas de seguridad, junto con policías y militares respaldados por EE.UU., son responsables de la violencia política en la región. La ayuda de EE.UU. a los militares hondureños ha aumentado desde el golpe.

Recientes cables diplomáticos de EE.UU. publicados por WikiLeaks muestran que los funcionarios estadounidenses han sabido desde 2004 que Facussé también ha traficado con grandes cantidades de cocaína. Dana Frank, profesor de la Universidad de Santa Cruz, experto en Honduras, lo resumió para The Nation el mes pasado: “Fondos y entrenamiento de la ‘guerra contra la droga’ de EE.UU., en otras palabras, se están utilizando para apoyar la guerra de un conocido narcotraficante contra los campesinos”.

La militarización de la guerra contra la droga en la región también impulsa a Honduras por el mismo peligroso camino de México, un país que ya tiene una de las más altas tasas de asesinatos del mundo. The New York Times informa de que un 84% de la cocaína que llega a EE.UU. cruza ahora por Centroamérica, en comparación con un 23% en 2006, cuando Calderón llegó a la presidencia en México y lanzó su guerra contra la droga. The Times también señala que “los funcionarios estadounidenses dicen que el golpe de 2009 abrió la puerta a los cárteles [de la droga]” en Honduras.

Cuando voté por Barack Obama en 2008 nunca imaginé que su legado en Centroamérica sería el retorno del gobierno de los escuadrones de la muerte, del tipo que Ronald Reagan apoyó tan vigorosamente en los años ochenta. Pero parece ser el caso en Honduras.

El gobierno ha ignorado hasta ahora la presión de los miembros demócratas del Congreso para que se respeten los derechos humanos en Honduras. Esos esfuerzos continuarán, pero Honduras necesita ayuda del Sur. Suramérica fue la que encabezó los esfuerzos para revertir el golpe de 2009. Aunque Washington terminó por derrotarlos, no puede abandonar a Honduras mientras gente que no es diferente de sus amigos y partidarios en sus países son asesinados por un gobierno respaldado por EE.UU.

Mark Weisbrot es economista y codirector del Centro de Investigación Económica y Política. Es coautor, con Dean Baker de Social Security: the Phony Crisis. Este artículo apareció originalmente en The Guardian.