El tráfico ilícito de inmigrantes de América Latina es una industria que genera al menos 7.000 millones de dólares cada año, dijo hoy el representante en México de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Droga y el Delito, Antonio Mazzitelli.

Indicó que por su posición geográfica, México no sólo es un país de migración, sino es siempre más un país de tránsito para miles de migrantes latinos que quieren tener una nueva oportunidad en Estados Unidos.

“Compartir una frontera hace que el territorio de México sea siempre más el lugar en donde el deseo de esos migrantes sea atendido por la oferta de servicios por los grupos criminales siempre más crueles, despiadados e inhumanos”, expuso.

En el marco de la inauguración de la Conferencia Internacional sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes: “Retos y avances en la implementación del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire”, expresó su preocupación ante el incremento del flujos ilegal de personas.

“Lo que más asusta es la ausencia de una estructura legal e institucional, así como la voluntad desierta en la política, sobre todo la falta de recursos para incrementar los instrumentos” a fin de avanzar en esta materia, indicó.

Por ello, sentenció, los migrantes siguen expuestos a una serie de violaciones de sus derechos, poniendo en riesgo su integridad y su vida.

Aun cuando el número de ratificaciones del protocolo se ha aumentado, pues son 127 hasta la fecha, la voluntad política para suscribir el instrumento e incorporarlo en el ordenamiento jurídico internacional sigue siendo insuficiente, advirtió.

El representante en México de la Oficina de la ONU agregó que entre los principales obstáculos a la implementación del protocolo está la insuficiente política de prevención al tráfico de migrantes, como la carencia de bases de datos e investigaciones sobre los fenómenos.

Además, la ausencia en muchos casos de legislaciones sobre el tema, las respuestas débiles de la implementación de la justicia y, por último, las medidas de protección para los migrantes que son víctimas de ese negocio.

(Con información de ANSA)