Pese a su posición geográfica y a las complejidades del fenómeno del narcotráfico, la voluntad política de sus autoridades y la participación popular convierten a Cuba en un país que no es productor, tránsito, almacén ni gran consumidor de drogas.

Se trata de una isla larga y estrecha, de 123 mil kilómetros cuadrados de mar territorial y 5 mil 746 kilómetros de línea costera, ubicada en una región donde por la vía marítima mes tras mes transitan decenas de toneladas de cocaína y mariguana.

Además, está enclavada en el Golfo de México, al Norte de los productores de narcóticos y al Sur de Estados Unidos, por mucho el principal destino de sustancias ilícitas a nivel mundial.

No son ésas las únicas amenazas en un mundo en el cual, según el más reciente informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (entidad de la Organización de las Naciones Unidas), aproximadamente 210 millones de personas entre los 15 y 64 años de edad consumieron drogas en 2011, lo que representa alrededor del 5 por ciento de la población adulta en el mundo.

También constituyen un reto los cada vez más difíciles de detectar métodos de ocultar drogas, que van desde el empleo de submarinos hasta la cocaína líquida o coloreada de negro, introducida en cavidades del cuerpo o la integrada a objetos para burlar los controles de las fuerzas de seguridad.

Para el secretario de la Comisión Nacional Antidrogas del Ministerio de Justicia, Israel Ybarra, varios son los pilares que han permitido en tan complejo escenario mantener alejado el flagelo del territorio cubano.

Desde Sierra Maestra –donde soldados rebeldes perfilaron el triunfo de la Revolución Cubana, en 1959–, fue claro el compromiso de enfrentar el narcotráfico, a lo que se ha sumado, en las últimas décadas, el apoyo de la ciudadanía y la consolidación de un sistema integral, enfocado en la prevención y la lucha frontal, explica Ybarra.

También destacó, en declaraciones a la televisión local, el rol de la Comisión Nacional Antidrogas, órgano creado en 1989 con el objetivo de coordinar políticas, y que tiene entre sus integrantes a los ministerios de Justicia, del Interior, Relaciones Exteriores, Salud y Educación, así como a la Aduana General de la República y la Fiscalía, además del apoyo de organizaciones civiles.

De acuerdo con el funcionario, otra fortaleza de la isla es su inserción en mecanismos multilaterales para combatir el flagelo.

Cuba es parte de las tres principales convenciones establecidas en el mundo en materia antinarcóticos (datan de 1961, 1971 y 1988), y ha suscrito en el nivel gubernamental 36 convenios con países de cuatro continentes.

Ybarra menciona acuerdos y memorandos de entendimiento con Argentina, Bahamas, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Chile, Chipre, Ecuador, España, Italia, Jamaica, Laos, México, Mongolia, Reino Unido, República Dominicana, Tanzania, Turquía y Venezuela. Añade que “estamos en trámites para materializar otros ocho instrumentos”.

Todos esos pasos –expone– han merecido el reconocimiento internacional y la propuesta de considerar a Cuba como una referencia regional en sus prácticas de combate al narcotráfico.

Los números y las tendencias

De acuerdo con el jefe de Enfrentamiento Antidrogas del Ministerio del Interior, el coronel Domingo Ibáñez Álvarez, el principal peligro para Cuba viene de su posición geográfica y de las corrientes marinas, las cuales atraen hacia sus costas los recalos (paquetes con cocaína y mariguana).

Los narcotraficantes bombardean desde aeronaves o lanzan desde buques madre estupefacientes hacia las aguas del Caribe, con el objetivo de que lanchas rápidas, yates o pesqueros los recojan y lleven a su destino. A partir de esa situación, una gran cantidad de droga corresponde a recalos recuperados por la acción combinada de tropas guardafronteras y de la población organizada en los llamados destacamentos mirando al mar.

En 2011, Cuba interceptó 9.1 toneladas de sustancias ilícitas, la más grande cantidad en la última década, mientras que en los primeros meses de 2012, los decomisos rondan los 500 kilogramos, explicó Ibáñez a la televisión local. Informó que el año pasado se produjeron 399 recalos y este año casi 40.

Personas de varias edades participan junto a los guardafronteras en la detección de paquetes traídos por las corrientes, acciones encaminadas a impedir la entrada de narcóticos a territorio nacional.

La efectividad de ese mecanismo provoca desabastecimiento en el de por sí poco significativo mercado interno de sustancias ilegales, en el que también constituyen fuentes de suministro la mariguana sembrada por algunos particulares y la droga que ingresa por el canal aéreo.

A propósito de la situación interna, Ibáñez destaca la efectividad de la Operación Coraza Popular, en la cual –como su nombre lo indica– coordinan esfuerzos desde hace varios años en barrios y ciudades, cuerpos de seguridad y los ciudadanos, quienes –enfatiza– poseen una cultura generalizada de rechazo al tráfico y al consumo.

Claros indicadores del panorama actual en la isla, en cuanto al consumo interno, son la ocupación de apenas 70 kilogramos de drogas, entre 2011 y 2012, y la existencia de altos precios, señal inequívoca de desabastecimiento.

Respecto a la vía aérea, el coronel del Ministerio del Interior divulgó la neutralización de 22 operaciones, en 2011, con 27 detenidos y 31.5 kilogramos de narcóticos decomisados, mientras que en 2012 han sido frustradas 13 acciones, con 26 detenidos y 9 kilogramos interceptados.

En la protección de las fronteras aéreas de Cuba juega un importante papel la Aduana General de la República, órgano dotado de modernas tecnologías de detección.

A diferencia de otros países, donde el objetivo fundamental es la recaudación fiscal, la Aduana prioriza el enfrentamiento a actividades ilícitas como el narcotráfico, subraya el teniente coronel William Pérez, vicejefe de la institución.

De acuerdo con el funcionario, entre las actuales tendencias del fenómeno en aeropuertos de la isla sobresalen el incremento de los casos destinados al mercado interno y los intentos de introducir estupefacientes desde Estados Unidos.

Ese panorama responde a la poca disponibilidad de drogas en el país, porque en el pasado la mayoría de las operaciones fracasadas tenían que ver con el objetivo de utilizar a Cuba como tránsito hacia los grandes consumidores (Estados Unidos y Europa).

Pérez explica que en los últimos años ha sido creciente la complejidad del modus operandi y las rutas utilizadas por los delincuentes para tratar de burlar los controles.

Explica que “hemos interceptado varios casos de cocaína líquida, droga ingestada u oculta en artículos que vienen en el equipaje de los viajeros”.

A partir de esa situación, la Aduana –indicó en un programa televisivo– emplea en los cruces de frontera modernas técnicas, como la radiológica y el ionscan (equipo capaz de detectar rastros de sustancias en el orden de los nanogramos y picogramos).

De acuerdo con el vicejefe de la Aduana, también destacan por su efectividad las unidades cinófilas, integradas por guías y perros entrenados para detectar cocaína, mariguana y heroína en buques, aeronaves, cargas, personas y equipajes.

Estados Unidos, Cuba y la politización de la lucha antidrogas

Desde mediados de la década de 1980, y por decisión del entonces presidente Ronald Reagan, el narcotráfico representa para Estados Unidos un tema de seguridad nacional.

Posiciones unilaterales como la certificación antidrogas, informes que evalúan al resto de las naciones con la óptica de Washington y sanciones a países con políticas diferentes a las de la Casa Blanca, marcan la actuación de sucesivas administraciones estadunidenses.

En el caso de Cuba, Estados Unidos no ha aceptado la firma de un instrumento bilateral para coordinar acciones en la lucha contra el narcotráfico, denuncia el secretario de la Comisión Nacional de Drogas, Israel Ybarra.

Según el funcionario del Ministerio de Justicia en 2001, Cuba presentó un proyecto de acuerdo, reiterado después en varias oportunidades, que el gobierno estadunidense desconoce hasta el momento, aunque recientemente el Departamento de Estado aseguró que lo estaba estudiando.

La cooperación actual es caso a caso, a través de un oficial de enlace del Servicio de Guardacostas radicado en la Oficina de Intereses, pero debería ser más amplia, sobre todo en beneficio de Estados Unidos, el mayor consumidor del mundo.

Por décadas la orientación política de los gobiernos ha influido en las relaciones de Washington con la comunidad internacional en materia antinarcóticos.

Naciones enroladas en procesos revolucionarios caracterizados por la defensa de su soberanía y autodeterminación han sido acusadas desde la Casa Blanca de una supuesta tolerancia y hasta complicidad con el trasiego de estupefacientes.

Para muchos, Estados Unidos carece de moral para juzgar a otros en una cuestión tan delicada.

Los más altos índices a nivel mundial en consumo de drogas, muertes por sobredosis, producción de mariguana genéticamente modificada y participación de su sistema financiero en el blanqueo de capitales, sugieren que la nación estadunidense debería ante todo mirar hacia adentro.

Contra Cuba no han faltado las mentiras y acusaciones, aunque en su más reciente informe sobre el narcotráfico, el Departamento de Estado reconoce los esfuerzos y resultados de la isla caribeña.

Washington admite que el gobierno de La Habana no estimula ni facilita la producción ilícita o la distribución de drogas, y aplica severas sanciones a los narcotraficantes.

Además, señala la inexistencia en Cuba de grandes cultivos ilegales y de un mercado de consumo, todo lo cual “evita que el narcotráfico tenga un impacto significativo en la isla”.

En el informel, Estados Unidos también reconoce la propuesta cubana de firmar un acuerdo bilateral antidrogas y lo provechoso de una mayor cooperación regional.

(Con información de La Radio del Sur)