Cuba exigió hoy en Naciones Unidas el fin del doble rasero y de todas las prácticas o leyes selectivas que incitan el tráfico de personas en contra de la legislación internacional.

Asimismo, rechazó las evaluaciones unilaterales selectivas y políticamente motivadas que algunos Estados poderosos hacen sobre la actuación del resto de los países en materia de trata de personas.

La postura de Cuba fue expuesta por su representante permanente ante la ONU, Pedro Núñez Mosquera, durante el debate de un proyecto de Plan de Acción Global para prevenir el tráfico de personas, juzgar a los traficantes y proteger y asistir a las víctimas.

El diplomático recordó que su país ha padecido durante muchos años la llamada Ley de Ajuste adoptada en Estados Unidos, la cual calificó de criminal, inmoral y discriminatoria, única de su tipo en el mundo.

Sostuvo que esa norma es “la máxima expresión de una política migratoria que se aplica contra Cuba con el deliberado propósito de incentivar las salidas ilegales de ciudadanos cubanos”.

Una de las consecuencias directas de esa ley ha sido incentivar el tráfico de personas y por tanto la muerte de seres humanos y la comisión de numerosos hechos delictivos, apuntó el embajador cubano.

En ese sentido, aseguró que no habrá una verdadera solución al fenómeno del tráfico de personas mientras se sigan aplicando normas de este tipo.

Núñez Mosquera expresó el respaldo de Cuba a la adopción de un Plan de Acción Global contra el tráfico de personas por parte de la Asamblea General, a través de un proceso abierto, transparente e inclusivo, con la contribución de todos los Estados en igualdad de condiciones.

Consideró que ese esquema debe hacer énfasis en la prevención y abordar de manera adecuada los aspectos relacionados con el enjuiciamiento, la protección y la asociación.

Al mismo tiempo debe propiciar que los países de destino, tránsito y origen cooperen entre sí, bajo el principio de los objetivos comunes, pero las responsabilidades diferenciadas.

Igualmente, incluir acciones para eliminar los factores que generan la demanda, incluidas las prácticas, medidas y legislaciones que incitan el tráfico de personas, y reforzar el papel del multilateralismo, en particular el de la ONU, en este tema.

(Con información de Prensa Latina)