Los responsables de The American Civil Liberties Union (ACLU) confirmaron hoy a Efe que el magistrado Alvin Hellerstein decidió no obligar a la CIA, como pedían los abogados de la asociación en defensa de las libertades civiles, a facilitar los nombres de los agentes que habrían practicado tácticas de tortura durante interrogatorios a detenidos.

“La decisión judicial nos decepciona profundamente, porque le otorga un nivel de deferencia sin precedentes hacia la CIA”, explicó uno de los responsables del departamento legal del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU, Alexander Abdo, quien pidió “un nivel más alto de transparencia” a la agencia de inteligencia.

Abdo aseguró que debería ser “una obligación para los tribunales marcar los límites de las acciones ejecutivas y decidir, por ejemplo, lo que el Congreso (de Estados Unidos) tenía en mente cuando autorizó a la CIA a llevar a cabo los métodos de inteligencia que ésta utilizó”.

“Omitiendo esa obligación, el tribunal permite a la CIA a mantener bajo secreto detalles del uso de técnicas de tortura que llevó a cabo, sin siquiera decidir si el Congreso quería autorizar la asfixia simulada como un método de interrogación, algo que sabemos que no fue así”, añadió el responsable de la ACLU.

Esa asociación pretendía que el juez neoyorquino obligara a la CIA a presentar documentos que detallaran los métodos de investigación que utilizó ante los detenidos por supuestamente haber participado de alguna manera en los ataques terroristas que sufrió Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001.

Los interrogatorios tuvieron lugar presumiblemente en unas prisiones secretas de la CIA antes de 2006, fecha en la que el presidente George W. Bush decidió agrupar a todos los detenidos por terrorismo a la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba.

La ACLU quiere que la CIA haga públicos esos informes, ya que podrían involucrar a altos responsables de la agencia de inteligencia en las supuestas prácticas de tortura, así como a miembros destacados de la Administración Bush.

La organización pretende, además, que se cree un registro histórico detallado, el nombramiento de un fiscal independiente para investigar posibles cuestiones de responsabilidad penal y el reconocimiento y la indemnización de las víctimas.

En 2009 ACLU ya consiguió que la CIA divulgara el contenido de varios documentos en los que se demostraba que la agencia utilizó métodos de tortura durante sus interrogatorios a miembros del grupo terrorista Al Qaeda.

(Con información de EFE)