El partido opositor venezolano Primero Justicia, el más votado de la derecha en los comicios regionales de diciembre último, se enfrenta hoy a denuncias de presuntos hechos de corrupción que apuntan a varios de sus integrantes.

La Asamblea Nacional sirvió de escenario a la denuncia contra el diputado Richard Mardo de esa fuerza, responsabilizado con la recepción de cheques de diversos orígenes por una suma cercana a los 600 mil bolívares (139 mil dólares).

Mientras, sus pagos de Impuestos sobre la Renta en dos años no superan los mil 500 bolívares (348 dólares), indicó el presidente del legislativo, Diosdado Cabello.

Las denuncias también se dirigen a los parlamentarios Gustavo Marcano y Juan Carlos Caldera.

Sin embargo, las irregularidades están presentes desde su propio surgimiento, pues en 1998 la entonces Asociación Civil Primero Justicia recibió un cheque de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), emitido precisamente por un familiar del dirigente opositor Leopoldo López que ocupaba un cargo directivo en la empresa.

Julio Borges, actual coordinador nacional de Primero Justicia, era el presidente de la mencionada organización y fue el encargado de recibir el aporte financiero.

De esa forma el nacimiento de esa fuerza de derecha se sustenta en fondos públicos.

Posteriormente, en el 2000 el propio Borges, junto a López, Carlos Ocariz (alcalde del municipio Sucre) y Henrique Capriles Radonski conforman de manera formal a Primero Justicia como partido.

Capriles Radonski, actual gobernador del estado Miranda, fue el candidato presidencial de la oposición en los comicios del 7 de octubre, derrotado por el actual mandatario, Hugo Chavez.

Al referirse a la historia de la agrupación en su sitio web, se menciona que “nuestros valores y principios se ven reflejados en nuestras acciones” a favor de la justicia social.

Esa posición contrasta con la realidad que llevó a la Comisión de Contraloría del parlamento a solicitar ante el Ministerio Publico la detención en sus domicilios de Mardo y Marcano, los cuales se declararon confesos de hechos de corrupción contra el patrimonio público.

(Prensa Latina)