Por Yailin Orta Rivera, especial para la Mesa Redonda

Fotos de Roberto Garaicoa

Cuba no constituye un país de origen, tránsito o destino de la trata de personas, y con esa política ha suscrito y ratificado los principales instrumentos internacionales sobre la trata de personas y otras formas de abuso sexual. Sostiene 53 acuerdos bilaterales de asistencia judicial: 23 de asistencia jurídica en materia penal, 19 sobre traslado de sancionados y 11 de extradición. El país también está integrado a la Red Iberoamericana de Cooperación Judicial Internacional, que facilita el intercambio de datos e informaciones sobre casos penales y civiles en trámite.

Lo anterior trascendió en la Mesa Redonda de este martes, donde la ministra de Justicia, María Esther Reus, y otras autoridades del ramo y del Ministerio del Interior, hicieron énfasis en que nuestro país mantenía una tolerancia cero contra este flagelo, y con ese propósito no solo ha firmado los principales instrumentos de las Naciones Unidas, sino que desarrolla relaciones con organismos especializados para el enfrentamiento a este mal y actúa con gran compromiso y responsabilidad en este delicado asunto.

En el Informe nacional 2012 sobre el enfrentamiento jurídico-penal a la trata de personas y otras formas de abuso sexual, la Isla dio a conocer que el pasado año fueron juzgadas en territorio nacional 241 personas por el delito de proxenetismo, y siete extranjeros están privados de libertad por el delito de corrupción de menores, asociado al abuso sexual infantil.

La publicación del quinto Informe nacional sobre el tema, agregaron, cumple compromisos de la Convención de Palermo y con uno de sus protocolos, en este caso el de prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, ratificado por el país en junio pasado.

Los expertos ratificaron en este espacio que desde el mismo inicio de la Revolución se implementaron programas de dignificación a las mujeres, niñas y niños, y se estructuró el ordenamiento jurídico e institucional para ello. Los delitos y comportamiento de este tipo son asumidos con políticas de prevención y enfrentamiento a partir de un sistema de instituciones y organizaciones de la sociedad civil. El Minint cuenta, por ejemplo, con la estación de la Policía, el jefe de sector y el oficial de atención a menores, personas y centros que están cercanos a la familia y a su alcance en la comunidad para cualquier situación y para apoyarla.

La Doctora Isabel Moya, directora de la Editorial de la Mujer, añadió que en el mundo se manifiesta en formas muy tremendas este mal, pero que en Cuba no es así. “Se hace un trabajo fundamental para incidir en las vulnerabilidades que queden en la familia. Tenemos talleres de formación social y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), por ejemplo, dispone de 173 casas de orientación a la mujer y la familia, que mantienen gran protagonismo en la implementación de programas encaminados a promover la igualdad de derechos y género.

El Informe de Cuba también subraya que en el sistema educacional se aplica un programa de educación sexual con fuerte componente ético y en la formación de valores para prevenir el ejercicio de la prostitución.

En 2012 la justicia cubana procesó nueve casos —todos detallados en el Informe— donde se observaron conductas definidas como delito de trata y que condujeron a la sentencia de 14 personas.

Cuba no constituye un país de origen, tránsito o destino de la trata de personas, y con esa política ha suscrito y ratificado los principales instrumentos internacionales sobre la trata de personas y otras formas de abuso sexual

Los expertos ratificaron en este espacio que desde el mismo inicio de la Revolución se implementaron programas de dignificación a las mujeres, niñas y niños, y se estructuró el ordenamiento jurídico e institucional para ello

La Doctora Isabel Moya, directora de la Editorial de la Mujer, añadió que en el mundo se manifiesta en formas muy tremendas este mal, pero que en Cuba no es así

En 2012 la justicia cubana procesó nueve casos —todos detallados en el Informe— donde se observaron conductas definidas como delito de trata y que condujeron a la sentencia de 14 personas

El país también está integrado a la Red Iberoamericana de Cooperación Judicial Internacional, que facilita el intercambio de datos e informaciones sobre casos penales y civiles en trámite