Cuando aquella ola humana se alzó en la Plaza en la noche del 29 de noviembre con las banderas sobre las lágrimas suspendidas en la emoción heroica del pueblo, no imaginamos que en el breve diálogo de Nicaragua y Cuba, vendría una respuesta mayor a los sentimientos heridos y al mundo.

Las democracias que tanto nos costó alcanzar, están nuevamente en situación de riesgo. La situación que hoy vive Brasil afecta a todos los pueblos de América Latina. En mi reciente paso por este país hermano me reuní con la Presidenta Dilma Rousseff para darle mi apoyo y el de muchas organizaciones, debido a que la oposición en el Parlamento busca destituirla del cargo -que asumió por el voto mayoritario- a través de un supuesto impeachment, que no se basa en un crimen -como indica la Constitución-, sino en un delito aún inexistente.

La celebración del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) confirmó la determinación de construir un socialismo próspero, sostenible e irreversible que preserve y potencie los principios de justicia e igualdad en la isla. Así lo ratificó el primer secretario del Comité Central de la organización, Raúl Castro, en la clausura del evento celebrado del 16 al 19 de abril en el Palacio de Convenciones de La Habana.

La prensa internacional tiene un evidente interés en sesgar los hechos que se están produciendo en Brasil, en torno al gobierno presidido por Dilma Rousseff y Lula Da Silva, expresidente y presidente del PT, partido de gobierno. Lo mismo sucedió con la prensa internacional cuando Venezuela se preparaba para elegir a los integrantes del Congreso, en los comicios del 6 de diciembre.

Se llamaba Berta. Berta Cáceres. El 4 de marzo pasado iba a cumplir 43 años. La víspera, la mataron. En Honduras. Por ambientalista. Por insumisa. Por defender la naturaleza. Por oponerse a las multinacionales extractivistas. Por reclamar los derechos ancestrales de los Lencas, su pueblo indígena.

Entre los años 2005 y 2006, la OEA y la ONU en nombre de la comunidad internacional avalaron la legalización de los grupos paramilitares realizada por Álvaro Uribe en un cuestionado proceso, en el que cerca de 30 mil paramilitares fueron amnistiados y sus miles de crímenes enterrados en el olvido.