Mientras desde la Isla se manifiesta la condena a la recién creada Fuerza de Tarea en Internet (Cuba Internet Task Force), ese grupo de trabajo del Gobierno estadounidense se reunió este miércoles por vez primera.
El discurso del secretario de Estado Rex Tillerson, a modo de eje ordenador en su agenda con el objetivo de aumentar las presiones sobre Venezuela durante una gira por varios países de Latinoamérica, deja ver el empleo de un discurso violento y belicoso por lo grandilocuente del tono utilizado, que busca no sólo producir un efecto de intimidación hacia el país, sino también un contrapeso a lo que el curso de la realidad política venezolana ha venido determinando.
Tres emporios empresariales han donado más dinero a los dos grandes partidos y los principales carteles electorales republicanos y demócratas para el ciclo electoral de 2018 que cualquier otro competidor, según un reciente análisis del Center for Responsive Politics.
Este domingo, 4 de febrero, los ecuatorianos están citados a una consulta sobre siete cuestiones en principio de muy diversa índole, que van desde la inhabilitación vitalicia para ejercer cargos públicos para los funcionarios condenados por corrupción hasta la imposibilidad de volver a concurrir a la Presidencia en caso de haber ostentado ya ese puesto –una medida que parece dirigida específicamente contra Rafael Correa- o la derogación de la Ley de Plusvalía, que grava a las rentas más altas, pasando por la extracción minera o petrolífera o la imprescriptibilidad de delitos sexuales.
Ante el anuncio de Estados Unidos de la creación de una “Fuerza de Tarea” en Internet para la subversión en Cuba, el Ministerio de Relaciones Exteriores condena estas prácticas injerencistas
A grandes males, grandes soluciones. Ese podría ser el refrán que anteceda a la puesta en circulación por Venezuela de su criptomoneda, el Petro: la apuesta del Gobierno bolivariano para cumplir con sus compromisos internacionales y que el país siga caminando a pesar de las sanciones de la administración de Donald Trump, que buscan ser el tranque final de una crisis dada por la caída de los precios del petróleo, el desabastecimiento y la especulación desatados por el empresariado derechista, y, pese a todo, la necesidad del Estado de mantener la atención social que caracteriza al modelo, con las consecuentes erogaciones.