En días en que su Venezuela natal vive turbulencias políticas y económicas, una y mil veces denunciadas por el actual gobierno de Nicolás Maduro, las fuerzas revolucionarias de la nación están llamadas a no dejar caer el proyecto sociopolítico iniciado por Chávez en 1998. Su presencia adorna también las calles venezolanas a través de murales, en las viviendas de los humildes y en los míticos cerros que desafían la geografía.
Desde el 6 de diciembre, día en que la rancia derecha venezolana, catapultada con la campaña mediática y las presiones económicas ejercidas por la derecha mundial, ganó el mayor número de curules de la Asamblea Nacional, la patria de Bolívar es centro de polarizaciones y de la articulación de una estrategia diseñada para desbancar al chavismo, fuerza política que cambió el mapa de ese país desde hace 17 años.
El nuevo Parlamento venezolano, con mayoría opositora al Gobierno de Nicolás Maduro, al desacatar una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSE) estaría viciado de nulidad. Así lo expresó el abogado y constituyente venezolano Hermmán Escarrá, quien además, explicó a la prensa local que la directiva parlamentaria encabezada por el diputado del partido Acción Democrática, Ramos Allup, violó las leyes al juramentar a tres diputados impugnados como medida cautelar, el pasado 30 de diciembre.
Un grupo de parlamentarios de la bancada revolucionaria del Gran Polo Patriótico (GPP) definen este lunes la propuesta única de ley de emergencia económica que presentarán al Parlamento en nombre del presidente, Nicolás Maduro. Los legisladores llevarán su planteamiento el martes para que se tomen decisiones con base en el impacto de la caída de los precios del petróleo, uno de los principales ingresos del país.
De 167 asientos en disputa, la oposición ganó 99 y el chavismo 46. Y aunque quedaban 22 escaños de la Asamblea Nacional por ser definidos, esa mayoría le asegura a la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) los curules que ellos querían para desmontar el proyecto revolucionario venezolano.
Los candidatos de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) proponen introducir cambios en la legislación e institucionalidad que representarían un sustancial retroceso en materia de derechos para el pueblo. Su propuesta para desarrollar en la nueva Asamblea Nacional, denominada “oferta legislativa para el cambio” destaca principalmente la agenda empresarial.