Los subsidios constructivos ratifican la proyección social de la Revolución

Los subsidios promovidos por el Estado cubano para apoyar a personas de bajos ingresos en la construcción y rehabilitación de viviendas fortalecen la democracia en el país, consideraron hoy expertos vinculados al tema.

Para el investigador social Miguel Limia, la medida que busca soluciones habitacionales con esfuerzo propio -aprobada hace un mes por el Consejo de Ministros- impulsa el protagonismo ciudadano y la gestión de las autoridades locales.

Se trata de una decisión que fomenta la iniciativa individual y familiar de cara a los problemas, la cual otorga además facultades a las estructuras de gobierno en provincias y municipios, apuntó al comparecer en el espacio Mesa Redonda de la televisión.

De acuerdo con el integrante de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, realizado en abril de 2011, los subsidios constructivos ratifican la proyección social de la Revolución.

No hay hipocresía ni manipulación ideológica con esta medida, como ocurre en otros lugares, aquí el Estado sirve al pueblo en sintonía con sus obligaciones de no abandonar a nadie, dijo Limia, quien la enmarcó en la actualización del modelo económico en la isla bajo la guía de los lineamientos del VI Congreso.

A partir del próximo 15 de enero, las personas interesadas en construir o rehabilitar sus casas podrán optar por recibir hasta 80 mil pesos, el equivalente a una célula básica habitacional de 25 metros cuadrados, recursos de los cuales pueden utilizar hasta un 30 por ciento para el pago de mano de obra.

Según lo adelantado, corresponderá a autoridades locales otorgar los subsidios.

La prioridad la tendrán los afectados por catástrofes naturales y los casos sociales calificados de críticos, recordó Loida Obregón, directora económica del Instituto Nacional de la Vivienda.

El Estado cubano actualiza su modelo económico bajo los principios de gastar solo lo que sea producido y de dirigir la asistencia social a quienes realmente la necesitan.

Raquel Rodríguez Gato, jefa del grupo de Política Social de la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos de la Política Económica y Social de nuestro país, explicó que esta es una nueva forma de ayudar a las personas con menos posibilidades económicas y necesidades de resolver sus problemas de vivienda.

La medida es la primera que se toma para comenzar a subsidiar puntualmente a las personas que lo requieran y no a productos, según el Lineamiento No. 173 y el 299.

Esta se inserta en un conjunto de disposiciones que comenzó con la venta liberada de materiales de la construcción sin subsidios; la puesta en vigor de una política de créditos bancarios dirigida a personas naturales para la adquisición de materiales de construcción y pago de la mano de obra; la reducción del precio en más de 122 de estos artículos, y ahora la posibilidad de subsidiar a las personas o núcleos más necesitados, señaló.

Ante las interrogantes de la población los directivos participantes en el programa televisivo explicaron algunos pormenores del proceso de entrega de subsidios a personas de poca solvencia económica para emprender tareas de construcción, el cual entrará en vigor mañana, en todo el país.

La entrega de esta ayuda corresponde a los gobiernos territoriales, precisó Miguel Limia, miembro de la citada Comisión, y fortalece la capacidad de solución de estos problemas a lo largo del país. Es necesario esclarecer que tendrá un orden de prioridad, sobre la base del cual serán atendidas primeramente las familias afectadas por catástrofes (ciclones, inundaciones, deslizamientos de tierra, incendios, entre otras), con pérdida total o parcial de sus viviendas, y los casos sociales críticos con condiciones habitacionales vulnerables.

Otorga mayores facultades a los Consejos de la Administración Provincial (CAP) y sobre todo Municipal, ya que la entrega del subsidio total o parcial se decidirá colegiadamente por este último órgano, a partir de evaluar las necesidades reales de las personas y las familias, y el destino para el cual se pide (objeto de obra).

Asimismo —comentó— requiere de una alta responsabilidad individual de la persona beneficiada, la cual debe cumplir el contrato pactado con el Estado y emplear el financiamiento en los fines previstos, así como participar activamente con el conjunto de la familia en la solución de sus problemas habitacionales. “Esta modalidad se basa en un compromiso jurídico y moral”, apuntó el especialista.

Esclareció que la fuente de estos recursos es un porcentaje de lo recaudado en la venta de materiales de la construcción a precios sin subsidios, y el importe destinado a esta dirección se adecuará cada año de acuerdo con el aporte de esta actividad comercial al presupuesto del Estado.

Adalberto Carbonell, del Ministerio de Finanzas y Precios, acotó que en el 2012 para estos fines se destinará el 48,5 % del monto a ingresar por concepto de venta de materiales de la construcción en cada provincia. De este porcentaje, el 8,5 % quedará de reserva a disposición del Estado para financiar otros gastos que se determinen. El 40 % de lo recaudado se destinará al CAP, el que decidirá qué cantidad asignar a cada municipio, según las necesidades de cada territorio.

Sobre cómo acceder a esta ayuda intervino Loyda Obregón, directora de Economía del Instituto Nacional de la Vivienda, quien aclaró que a tal fin las personas se deben dirigir a las oficinas de trámite de la Vivienda del municipio donde residen.

Señaló además que se aprueban determinados montos, donde se tiene en cuenta la envergadura de las labores de reparación. Estos pueden ir desde 5 000 pesos cubanos si se trata de una reparación menor, hasta 10 000 si la acción es de mayor complejidad. En caso de tratarse de una construcción total, se aprobaría solo hasta un máximo de 80 000 pesos. Estos están concebidos para una célula básica de 25 metros cuadrados, y contiene la parte a destinar para el pago de mano de obra (que se calcula aplicando el 30 % al precio actual de los materiales de la construcción necesarios).

Yusimí Campos, directora de Seguridad Social, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, destacó que las instituciones municipales de Trabajo tienen la responsabilidad de designar un funcionario para verificar y chequear la información ofrecida por los solicitantes, así como de revisar las particularidades económicas de cada persona en particular, y la caracterización del núcleo familiar.

De hecho implica una estrecha relación entre la Dirección Municipal de Trabajo y la de la Vivienda, las cuales deben, en un término de 15 días, valorar la solicitud y confeccionar el expediente que permita realizar la investigación económica de cada caso. Aunque la decisión de a quiénes se asigna el financiamiento les corresponde a los gobiernos municipales, reitera.

El subsidio no es una prestación de la asistencia social, ni un crédito reintegrable, aclaró. “Se entrega para ejecutarlo y el único compromiso que hay es darles solución a los problemas habitacionales más apremiantes de las personas o núcleos familiares con menos solvencia económica”.

Bárbara Acosta, viceministra de Comercio Interior, explicó lo que debe hacer la persona subsidiada para comprar los materiales de la construcción, según la Resolución 539 del MINCIN.

La norma establece el mecanismo para que las personas ya subsidiadas se presenten a las tiendas de materiales de la construcción y las unidades minoristas con el Contrato de Subsidio. Allí la persona tiene el derecho de reservar por cinco días hábiles los productos seleccionados, y a su vez la entidad tiene la responsabilidad de guardárselos; además, debe emitir un certifico con el valor de estos, el cual la persona lleva al Banco. Esta institución financiera emite un cheque de gerencia por la suma del precio de los productos seleccionados y con este, el subsidiado paga en la tienda y recoge los materiales.

La red de tiendas recaudadoras de divisa y las que operan en moneda nacional tienen las mismas indicaciones y procedimientos a cumplir, recalcó (en el caso de las primeras, solo para quienes precisen el cemento P-350).

“Mientras más niveles de venta de materiales de la construcción se logren, más se podrá subsidiar. De ahí la importancia de potenciar la industria local de los costos de producción, bajar los precios y potenciar las ventas”, expresó la Viceministra.

El hecho de que las estructuras de Gobierno municipales sean las que aprueben estos subsidios y tengan la responsabilidad de asumir tal decisión, implica que más de 160 estructuras en todo el país estén decidiendo sobre un presupuesto que está destinado a mejorar la vida de las personas, se resaltó en este espacio.

Raquel Rodríguez puntualizó que como parte de la nueva tarea de los consejos de la Administración Municipal, estos deben rendir cuenta dos veces al año ante su respectiva Asamblea Municipal sobre el cumplimiento de lo normado. El máximo responsable del control de la ejecución del proceso y de velar por que se cumpla lo establecido es el presidente del Consejo de la Administración Municipal, como máxima autoridad en la localidad.

A su vez, recalcó que como todo proceso este también es auditable. La decisión no corresponde a una persona, sino al Consejo de la Administración, que decide de forma colegiada. “Lo más importante es que esta medida está dirigida a ayudar a las personas y núcleos con menor posibilidades económicas, sobre la base de que nadie quede desamparado”.

Puntualizó que la entrega de subsidios contribuirá a solucionar los problemas del fondo habitacional, pero la vía principal para la solución de esta importante necesidad será la construcción de viviendas por el Estado.

Quedó clara la idea de que la entrega de subsidios será un proceso gradual, pero que a solo unas horas de entrada en vigor, todo está listo para comenzar a atender a la población. Así lo afirmaron autoridades de los organismos correspondientes que implementan esa iniciativa.

(Con información de Prensa Latina y Periódico Granma)