Por Yailin Orta Rivera, especial para la Mesa Redonda

Fotos de Roberto Garaicoa

En Cuba existen unas 12 988 unidades de la gastronomía y los servicios técnicos y personales que progresivamente irán pasando a ser gestionadas por los cuentapropistas o las cooperativas, con el propósito de que la nueva estructura redunde en más calidad, eficiencia, diversificación de la oferta y se garantice una mayor protección al consumidor.

Mari Blanca Ortega, titular del Ministerio del Comercio Interior, explicó en la Mesa Redonda de este martes –que tendrá continuación en la edición del jueves- que el Estado no perderá la propiedad sobre los medios fundamentales de producción, porque en ninguno de estos casos cederá los inmuebles, sino que los arrendará.

Mari Blanca Ortega argumentó que de esas más de 12 mil unidades unas 8 984 se dedican a la gastronomía, y el resto a los servicios, y en todas ellas laboran unos 134 402 trabajadores, de los cuales hasta el momento unos 11 mil están incorporados a los nuevos modelos de gestión en unas 3 500 unidades.

Precisó que en julio de este año se decidió extender estas modalidades al resto de las unidades, al tiempo que se detuvo en que esta política se distingue por su sentido estatal y porque todas las instalaciones de los diversos sectores -Habaguanex, Copextel…- que se dediquen a prestar servicios gastronómicos o técnicos y personales, paulatinamente, en un período de dos a dos años y medio, serán gestionadas por cuentapropistas o por cooperativas.

A la Ministra del Mincin la acompañaron en el programa otros directivos del ramo y de los ministerios de Finanzas y Precios y de Trabajo y Seguridad Social, para dar detalles sobre la Política aprobada para la gestión de las unidades de Gastronomía, Servicios Técnicos y Personales en el país, una actividad que comenzó a reconfigurarse con proyectos experimentales desde el año 2009 y que se fundamenta en el Lineamiento 308.

Añadió que esta política se está implementando en el marco de la actualización del modelo económico cubano, y lo que cambia es la forma en que se gestionan estos centros, porque el Estado tiene una función de regulador y control. El Estado podrá vender o arrendar equipos y útiles, pero los inmuebles forman parte de su patrimonio.

Comentó que no se podrá aspirar a un cambio de este tipo sin transformar la empresa, que con la misma intensidad deberá redimensionarse. “La empresa debe definir qué proyectos quiere en sus unidades, hay unidades que la empresa debe saber qué quiere rescatar. Se establecerán relaciones contractuales y debe aparecer en blanco y negro qué debe cumplir esa forma de gestión no estatal y la empresa”.

De las más de 12 mil unidades, puntualizó que hay algunas con muy buena imagen y servicio, pero no en todas hay buenas prácticas y en muchas de ellas existen ilegalidades. Por ello la transformación apunta a cambiar estas nocivas tendencias.

Indicó que en el caso de que la forma de gestión no cumpla con lo establecido en el contrato, entonces se le cierra el arrendamiento.

El sistema de abastecimiento, dijo, lo estamos diseñando, así como toda la cadena logística, para poder lograr que los propios productores puedan llevar sus ofertas a las cooperativas. Y esto evita intermediarios y otras vulnerabilidades que existen en la cadena de producción.

Se detuvo en que la política incluye que los precios como norma se establecerán por oferta y demanda, pero el Estado podrá tener la potestad de en el caso que estime fijar los precios máximos. Por ejemplo, hoy la cooperativa del programa energético tendrá precios fijos para el arreglo de estos equipos, pero se mantendrá bajo la ley de la oferta y la demanda el arreglo de otros útiles.

La viceministra del Mincin Ada Chávez reflexionó que se trata de una política bastante abarcadora. “El régimen que se aprueba es el de arrendamiento de los inmuebles y las nuevas relaciones entre las empresas y las formas no estatales de gestión se establecerá jurídicamente. Mientras el Mincin se mantendrá como rector de esta actividad”.

Puntualizó que en el contrato de arrendamiento debe quedar todo bien establecido, y que esta será una política en la que se combinará el interés social con la dinámica de oferta y demanda.

Vladimir Regueiros, del Ministerio de Finanzas y Precios, destacó que estos trabajadores se podrán beneficiar de los estímulos que establece Ley Tributaria para los que se inician en estas actividades. “Cómo pagan los tributos estos contribuyentes, pues la Ley 113 reglamenta que por empleo de fuerza de trabajo, por el pago sobre las ventas y los servicios y por la contribución a la seguridad social, al tiempo que en todos los casos hay beneficios fiscales, por ejemplo, las cooperativas tienen una escala progresiva y es más baja, y hay un beneficio fundamental que es que se les exonera durante los primeros 3 meses del pago, además de que se le hacen adecuaciones de la carga por los gastos deducibles”.

Dijo que muchas de estas actividades tributan bajo el regimen simplificado, con una cuota mensual. También precisó que con la nueva política se harán adecuaciones en relación con el contrato de arrendamiento, ya que existe la posibilidad de que se extienda hasta dos años la suspensión del cobro para los cuentapropistas, como estímulo para que arreglen los locales, y cuando estén exonerados de esa tarifa, el fisco va a reconocer que las pagaron.

Las tarifas de contribución, agregó, no se van a establecer mediante criterios arbitrarios, sino que se tendrán en cuenta los metros cuadrados de la unidad, el lugar donde se ubica… Otro de los principios que se adecua es el régimen simplificado de tributación cuando se desarrollen estas actividades en zonas de difícil acceso, donde se hace más complejo este esfuerzo.

Para los casos que recibirán determinada protección y se establezcan precios máximos por interés estatal, Vladimir Regueiros explicó que el Estado les entregará una bonificación, de forma tal que no tengan pérdidas. En estos casos están las cafeterías que prestan servicios a las personas con problemas sociales, o los que reparan equipos de programas especiales…

Se detuvo en que la empresa estatal debe explicar coherentemente a los trabajadores este proceso y que hay que negociar estos temas y explicarles las bondades de la política, porque se protegerá ese segmento de la población y ellos tendrán bonificaciones para que no tengan pérdidas.

Donny Hernández, jefe del Sector no estatal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, argumentó que más de 100 mil trabajadores tendrán sus plazas amortizadas, y ellos van a ser la prioridad para que decidan afiliarse o no como cuentapropistas o cooperativistas de estos lugares. “Tanto cooperativistas como cuentapropistas se afilian al régimen de la seguridad social, y el que no quiera unirse se le aplica el proceso de disponibilidad, para el cual se dispone que en el primer mes se les paga el ciento por ciento de su salario y el que tenga más de 10 años de servicio se le pagará de uno a cinco meses la garantía salarial”.

Explicó que estos trabajadores en lo adelante deberán custodiar sus expedientes y que si alguien de otro lugar desea sumarse a la propuesta podrá hacerlo, aunque la fuente primaria de trabajo serán los que laboren allí.

En la Mesa Redonda directivos de los Ministerios de Comercio Interior, Finanzas y Precios y Trabajo y Seguridad Social, comparecieron para dar detalles sobre la Política aprobada para la gestión de las unidades de Gastronomía, Servicios Técnicos y Personales en el país.

Mari Blanca Ortega, titular del Ministerio del Comercio Interior, explicó que el Estado no perderá la propiedad sobre los medios fundamentales de producción.

La viceministra del Mincin Ada Chávez puntualizó que en el contrato de arrendamiento debe quedar todo bien establecido, y que esta será una política en la que se combinará el interés social con la dinámica de oferta y demanda.

Para los casos que recibirán determinada protección y se establezcan precios máximos por interés estatal, Vladimir Regueiros explicó que el Estado les entregará una bonificación, de forma tal que no tengan pérdidas.

Donny Hernández, jefe del Sector no estatal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, argumentó que más de 100 mil trabajadores tendrán sus plazas amortizadas.