Por: Lisandra Romeu Matos

Fotos: Roberto Garaicoa

Emisión: 31/07/2019

Una de las acciones del gobierno cubano para hacer efectivo el recién anunciado aumento salarial en el sector presupuestado ha sido el control de los precios de determinados bienes y servicios a la población. Sobre el tema se ofrecieron detalles en el espacio televisivo Mesa Redonda, en el cual comparecieron autoridades del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) y del Consejo de la Administración de la capital.

Meisi Bolaños, titular del MFP, explicó que dicho incremento —una de las medidas para impulsar el desarrollo de la economía— debía complementarse con acciones que permitieran sostener en el tiempo no sólo tal aumento, sino también la capacidad de compra creada en más de un millón 400 mil cubanos que laboran en dicho sector.

“Si incrementamos el salario y al propio tiempo lo hacen los precios de los principales productos, bienes y servicios que demanda la población, no se equipara ni se logra el efecto positivo de la capacidad de compra”, abundó.

La ministra dijo que tal capacidad está basada en la generación de mayores ingresos para poder adquirir los bienes que necesitan las personas para su satisfacción personal y la de su familia.

“Una de las medidas que tienen que acompañar el incremento salarial, por tanto, es el no incremento de los precios, para que no se anule este efecto positivo”, señaló la funcionaria.

“El precio, como categoría económica y financiera, lo conforman un grupo de indicadores, y se determina en función de la relación y del equilibrio entre la oferta y la demanda”, esclareció.

Por eso —de acuerdo con Bolaños— se ha enfatizado en la importancia de generar más bienes y servicios, a fin de que no se produzcan efectos como la inflación.

Precisó que el país viene trabajando, no sólo para asegurar más productos, sino ampliar la gama de servicios; unido a esto, recalcó que los actores económicos (tanto del sistema empresarial estatal y las formas de gestión no estatal) no deben incrementar los precios.

En ese sentido, Bolaños acotó que “no ha existido un incremento de los costos para la conformación de los productos que justifique un aumento de precios”; “por tanto, no puede ser la subjetividad de un incremento salarial la que lo motive”.

Medidas para concretar la voluntad

Según la titular de Finanzas y Precios, ese organismo aplica un conjunto de medidas, entre ellas, la creación de un Observatorio de precios.

Bolaños explicó que resulta importante el monitoreo constante de cómo se comportan los precios; qué ha pasado antes de estas medidas, qué sucede actualmente, y en el corto y mediano plazos, para evaluar los efectos en el sistema empresarial.

“Se trata, sobre todo, de que no se produzcan incrementos no justificados, ni que se sigan estableciendo precios abusivos, como los de un grupo de productos que no se corresponden con los costos de producción o adquisición”,  dijo.

Reconoció que la carne de cerdo fue un alimento que en meses anteriores tuvo un alza hasta 70 u 80 pesos en la capital, “lo que resulta una cuestión insostenible para el pueblo”.

Por ello, enfatizó Bolaños, “hay que ir al convencimiento y análisis con los comercializadores y las formas productivas que venden sus excedentes a los mercados de oferta y demanda”.

En otro momento, detalló que dicho monitoreo “se realiza con un instrumento usado por otros países: el índice de precios al consumidor, un indicador que toman en cuenta los gobiernos para evaluar el comportamiento de los precios en la bienes básicos a los que accede la población”.

En el caso de Cuba, se trata de un trabajo realizado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, con base en monitoreos directos en los establecimientos y puntos de venta estatales y particulares.

Otra de las medidas señaladas por la ministra de Finanzas y Precios fue la emisión de las resoluciones que facultan a los Consejos de la Administración y a las organizaciones Superiores de Desarrollo Empresarial, para disponer los mecanismos de control a nivel de base y en las diferentes estructuras a fin del control sobre el no incremento de precios.

Se les otorgó a los Consejos de la Administración Municipal la facultad de regular los precios de los bienes y servicios ofertados por las formas no estatales —en cualquiera de sus modelos o formas de asociación—, y los Trabajadores por Cuenta Propia (TCP), teniendo en cuenta las condiciones económicas de cada territorio, la capacidad de ingreso de la población, y las características en que se desenvuelve la actividad.

Otra de las iniciativas —agregó— ha sido la activación de mecanismos de control en el MFP, de conjunto con el Ministerio de Comercio Interior y la Fiscalía General de la República, para el procesamiento de quejas y denuncias formuladas por la población sobre el incremento de los precios.

El definitorio control popular

La funcionaria reconoció los efectos positivos de la participación ciudadana que “ha salido al combate al aumento de precios”.

“Es la propia población quien a través de los canales de comunicación nos informa y aporta valoraciones, quejas y denuncias; además, nos explica y ofrece sugerencias para revisar precios y establecer mecanismos reguladores, sobre todo en aquellos casos que tienen que ver con los alimentos y los servicios”, puntualizó.

Dichas vías son las propias del MFP, las del sistema de Protección al Consumidor de Comercio Interior, la línea única de la Fiscalía General de la República, así como todos los espacios creados en los portales del ciudadano y los medios de comunicación.

Las quejas por el servicio de transportación —señaló— ha sido uno de los asuntos que más insatisfacciones genera y, por tanto, donde mayor trabajo se está realizando por los gobiernos municipales y provinciales.

En un momento de su intervención, la ministra destacó que ha habido una reacción positiva por la mayoría de los TCP, cuando se les ha explicado la necesidad de regular los precios en beneficio no sólo de los trabajadores pertenecientes al sector presupuestado, sino de la familia cubana en general.

Asimismo, se hizo hincapié en el papel de los ciudadanos, pues de lo que se trata es de buscar el bienestar y el mejor poder adquisitivo de toda la población, no sólo el de los trabajadores beneficiados con el incremento salarial en el sector presupuestado.

¿Por qué facultad de los territorios?

Durante el programa, también se explicó por qué resulta necesario otorgar facultades a cada territorio en el ejercicio del control de los precios.

Lourdes del Rosario Rodríguez, viceministra de Finanzas y Precios, insistió, en primer lugar, en la importancia de caracterizar las condiciones económicas de cada localidad.

“En una reciente evaluación por municipios, se tomaron determinaciones de regulación de precios diferentes para una misma gama o para diversos productos, con variaciones de acuerdo con la capacidad económica de cada territorio, y teniendo en cuenta las condiciones en las que se oferta determinado bien o servicio”, esclareció.

Añadió que se deben observar las necesidades de la población en cada uno de los municipios y provincias, “siempre bajo el principio de que allí se conocen mejor no sólo las características económicas, sino los deseos y los gustos de la personas a la que se le está dando respuesta”.

La vicetitular también se refirió al trabajo del MFP con los gobiernos provinciales y los municipios para organizar el proceso control de precios en los territorios, y cómo se ha trabajado para la recepción de las opiniones y quejas de la población.

Preció que en varias provincias se están aplicando regulaciones dictadas a partir del conjunto de medidas aprobadas para impulsar la economía, las cuales están estrechamente relacionadas con otras normas aplicadas por los gobiernos locales ante determinadas observaciones del comportamiento de los precios, como en el caso de los productos agropecuarios.

Camagüey, Mayabeque, Sancti Spíritus, Las Tunas, Granma, Matanzas y Pinar del Río, han dictado regulaciones en toda una gama de productos y servicios: desde los denominados listos para el consumo (cervezas, refrescos) hasta otros como la transportación que en algunas localidades se han ido regulando (cocheros y mototaxis).

En los servicios gastronómicos —ejemplificó—, hay determinadas categorías que al igual que en el sector no estatal, han ido hacia aquellos renglones que son de la gama de consumo más económicos.

También se han evaluado cuáles son los servicios de cafetería o restaurante que tienen el mayor nivel de acceso de la población y ofertan productos que, por determinadas razones, no pueden tener el mismo precio que en la tienda.

Rodríguez exhortó a fomentar una cultura en la población acerca de la exigencia de cuáles son las características que deben tener los servicios, como los gastronómicos.

“El llamado que se hace para cualquiera de los sectores que los ofrece es que si existe una diferenciación en el precio en un servicio es porque viene acompañado de otro conjunto de posibilidades como la oferta, la comodidad, el lugar y las condiciones para el esparcimiento”, insistió.

Actuar antes que llegue la queja

Al hablar de cómo La Habana implementa las medidas para evitar el alza en los montos de los productos, Julio Martínez Roque, vicepresidente del Consejo de Administración Provincial, sostuvo que fue necesario establecer regulaciones de precios a un grupo de bienes, tanto en el sector estatal como en el no estatal.

Sobre los pasos que han seguido, el vicepresidente añadió que en un primer momento se publicaron los precios máximos de algunos de los productos en actividades gastronómicas, y que en los próximos días se publicarán los referentes al sector agropecuario.

Al intervenir en la Mesa Redonda, Martínez Roque resaltó que las medidas se fundamentan en un monitoreo constante, a la par de las acciones de control por parte del cuerpo de inspectores, las visitas a los establecimientos por los funcionarios correspondientes y, por último, en las opiniones, las quejas y denuncias de la población.

“En todos los casos hemos encontrado violaciones a los precios y no sólo por el segmento cuentapropistas, sino también en entidades jurídicas estatales, inclusive en productos que tienen precios establecidos por normas legales, como los agropecuarios”, criticó.

El funcionario destacó que existen infracciones en las unidades de medida para la venta, por ejemplo, del plátano y la col, que en algunas unidades se comercializan por mano o por unidad, respectivamente, y se deben de vender por libra. Señaló además los incrementos en los precios de la carne de puerco.

“No podemos dejar que aumente, tenemos que frenar el incremento de precios”.

Insistió en que han aumentado excesivamente los precios de productos que no requieren gastos adicionales como los líquidos enlatados.

“No se justifica que se compre un producto y se venda al doble de lo que se adquirió. Es verdad que el país no tiene las condiciones para un mercado mayorista, pero donde el cuentapropista la adquirió minoristamente, el Estado no le aumentó ni un centavo”.

Respecto a cómo atienden las quejas de la población, Martínez Roque aseguró que se cuenta con un sistema de control, compuesto por un grupo multidisciplinario y un equipo de inspectores y supervisores, que siguen constantemente el tema.

Además, hay oficinas habilitadas para recepcionar las quejas en los gobiernos provinciales, en las direcciones municipales de Finanzas y Precios; la Empresa Provincial del Mercado Agropecuario, y en la Unión de Empresas del Comercio y la Gastronomía en los diferentes territorios.

El vicepresidente del Consejo de Administración Provincial dijo que una vez fijados los precios, quien incumpla comete una ilegalidad y eso hay que combatirlo.

“No podemos esperar a que llegue la queja de la población, tenemos que actuar antes y nos corresponde a nosotros, los organismos de la administración, velar por que las entidades cumplan con lo que está establecido”.

En los últimos minutos de su intervención, exhortó a la población a contribuir como hasta ahora. “Su papel ha sido muy importante y nos deben de seguir ayudando, para que se practiquen como está establecido las medidas que el país con tanto sacrificio ha tomado”.

Contribución de los trabajadores a la Seguridad Social

“Este incremento salarial tiene intrínseco el aumento de la capacidad adquisitiva de la población, de su capacidad económica y capacidad de asimilar nuevas obligaciones en el financiamiento de los gastos del Estado, especialmente en la Seguridad Social”, expuso en su intervención en el programa Vladimir Regueiro Ale, viceministro de Finanzas y Precios.

Según el directivo, esas medidas —las que consideró necesarias— son una parte de la implementación gradual de la Ley Tributaria, y pueden contribuir al presupuesto de seguridad social con que cuenta el país, que garantiza la protección a los trabajadores, para que reciban prestaciones en temas como la jubilación y la maternidad.

Regueiro Ale aseguró que las bases para esas prestaciones se incrementan con este nuevo incremento salarial.

“Está reconocido que el presupuesto aprobado para este año es deficitario y requiere que, además del financiamiento que realizan las entidades empleadoras y un grupo de trabajadores que ya aportaban por la contribución a la seguridad social —aún in suficientes—, se transfiera una subvención de más de mil 200 millones de pesos”, informó.

Señaló también que progresivamente los gastos en este presupuesto se irán incrementando y es necesario una mayor contribución de los trabajadores en la medida en que aumenten sus beneficios.

En este sentido, añadió que las medidas se han ido implementando a partir de la Resolución 300, emitida el 24 de julio por la ministra de Finanzas y Precios, y prevén la aplicación de la Contribución Especial a la Seguridad Social por los resultados de los trabajadores en el sector presupuestado, a partir de este mes de julio.

“Se va a aplicar de forma escalonada, lo que permite la protección a las personas de menores ingresos”, sostuvo.

Todos los trabajadores que tengan ingresos hasta 500 pesos van a pagar la Contribución Especial a la Seguridad Social a razón de un 2,5%, y los que tengan ingresos mensuales superiores a esta cifra, desembolsarán el 5%.

En el caso de los ingresos mensuales a partir de dos mil 500 pesos, por concepto de salario escala, está previsto un impuesto por ingresos personales de un  3%.

“No se incluyen los pagos adicionales por condiciones especiales de trabajo, nocturnidad, maestrías, o sea, todos los que no están asociados a la escala”, precisó.

“Las vacaciones que los trabajadores hayan acumulado hasta el mes de julio, no están gravadas dentro de la aplicación de este tributo”, amplió, y alentó a controlar también los ingresos en el presupuesto, que es la principal fuente de financiamiento de estas medidas.

“El presupuesto previó para este año 60 mil 020 millones de pesos. Por ello, los consejos de Administración y las entidades tributarias trabajan intensamente con los grupos empresariales en la movilización de las reservas que se tuvieron en el proceso de planificación. Hay que garantizar el cumplimiento del plan previsto y también captar a favor del presupuesto, todas esas reservas identificadas”, culminó.