Al comenzar su intervención en la Mesa Redonda, Reinaldo García Zapata, Gobernador de La Habana, afirmó que el Consejo de Defensa provincial está estudiando constantemente todos los asuntos relacionados con la Tarea Ordenamiento y, sobre todo, escuchando las opiniones de la población “porque ahí está el centro de las acciones a desarrollar”.

Todos los días, en la reunión del Consejo de Defensa se está revisando el proceso y la situación en la capital, a partir de los estados de opinión recogidos por las autoridades y que llegan por varias vías. “Se analiza cada detalle y se exige a los responsables la respuesta oportuna que debemos darle a nuestro pueblo”, dijo.

“Ayer, la ministra de Comercio Interior explicaba todo lo relacionado con los precios que se establecieron en un principio en Coppelia. Pienso que para bien se rectificaron y han sido bien acogidos por la población, aunque otros todavía puedan discrepar, pero los nuevos precios se corresponden con lo que está concebido en la Tarea Ordenamiento.

“Otras cuestiones similares tienen que ver con los parques recreativos, el zoológico y otros parques temáticos que hoy se analizaron caso a caso. Son asuntos que se irán informando a todo el pueblo”, aseguró García Zapata.

“Decía el presidente del Consejo de Defensa este mismo martes que el pueblo habla, el Gobierno escucha y tiene que decidir y dar respuestas, como mismo debe hacerlo el sistema empresarial. También al pueblo le pedimos que denuncie todas aquellas malas actitudes que vayan en contra de la instrumentación correcta de la Tarea Ordenamiento”.

El ordenamiento –destacó el gobernador capitalino– es un paso imprescindible para avanzar en la estrategia económica y social del país. Por tanto, una responsabilidad de sus instituciones es lograr una instrumentación correcta, hacer las cosas bien en su momento e interactuar oportunamente con el pueblo.

“Es para hacer feliz al pueblo, no para mortificarlo ni causarle problemas. Por tanto, tenemos que ser consecuentes con eso. Incluso, en el grupo temporal que está dirigiendo el presidente de la República todos los días, ese es uno de los elementos importantes que se está exigiendo. Nosotros debemos responder a ello y en todo momento cambiar lo que debe ser cambiado.

“No se puede trabajar con esquemas. Un precio puede darle pérdidas a una empresa, pero esta tiene que recuperar esas pérdidas con otro producto. Hay productos que son muy sensibles para la población y nosotros tenemos que corresponder a esa sensibilidad. Ahí tiene que estar la actitud e interpretación del cuadro. Se le ha dado al sistema empresarial y a las municipios la posibilidad de formar precios, pero tenemos que ganarnos la confianza del pueblo correspondiendo a esa confianza”, subrayó.

Al mismo tiempo, la Tarea Ordenamiento es imprescindible para lograr la eficiencia económica que se traduzca en el bienestar social del pueblo. “Ese debe ser un principio de trabajo”, destacó, y añadió que para ello es importante tener en cuenta la calidad de la producción y el mejor servicio que se debe dar al pueblo.

“El alza de los precios en algunos productos tiene que corresponderse con su calidad y la del servicio que se ofrece. Es lo que hemos estado analizando con la Empresa Alimentaria en los últimos días. Si el pan sube de precio, no puede tener la misma calidad. Por tanto, hay que entrar en un proceso de discusión con los trabajadores.

“Siempre pido al pueblo que sea exigente, que reclame su derecho, porque así se ha concebido. Al igual que en el resto de las producciones”.

Generalmente, en un proceso de este tipo los precios generan polémica. Al respecto, García Zapata consideró clave lograr un punto de equilibrio y evitar equivocaciones. “No se puede afectar la eficiencia empresarial, pero al mismo tiempo lograr la satisfacción de la población, porque tiene que corresponderse el nivel adquisitivo que tiene el pueblo con el precio por fijar.

“Pero, al mismo tiempo, no se puede ir en contra de la eficiencia empresarial. Porque estamos hablando de ir hacia la eficiencia, para que la empresa tenga más ganancias y eso se puede distribuir entre los propios trabajadores, lo que sería más salario para ellos”.

Tras recordar que a la hora de formar los precios minoristas se ha tenido en cuenta el coeficiente de precios mayoristas, señaló que ha sido poco el tiempo que se ha tenido para ello, “pero hay que ir a la revisión de cada uno de los precios que se han fijado, porque nos hemos dado cuenta de que algunas empresas han fijado el precio máximo en el coeficiente mayorista. ¿Y por qué? Vamos a revisarlo.

“Si usted me fija un precio inferior a ese, entonces puedo aprobar un precio inferior en el comercio minorista, y esas son las cuestiones que estamos evaluando. Y si hay que pedirle disculpas al pueblo en algún momento por un error, se hará. Tiene que responder el que cometa el error”.

Como parte del nuevo escenario, se definieron precios centralizados para acopio y para el sistema minorista, a partir de la facultad que se le da al sistema empresarial.

Es necesario tener en cuenta –continuó el gobernador de La Habana– las posibilidades que se le darán al productor, porque llamaba la atención que el productor no se beneficiaba a partir de lo que se estaba instrumentando en la Tarea Ordenamiento, y eso se tuvo en cuenta en la capital.

“Se hizo un trabajo muy profundo con los productores y comercializadores con mayor conocimiento del tema para definir cómo se comercializarían los productos.

Así hemos ido trabajando, implementando todos los elementos relacionados con la Tarea Ordenamiento y, sobre todo, buscando evitar las menores molestias al pueblo, escuchando y siendo consecuentes con lo que nos plantea el pueblo todos los días”.

En la continuación de la Mesa Redonda de este martes, Grisel de la Nuez de la Teja, directora provincial de Finanzas y Precios en La Habana, comentó que a partir del primero de enero en la capital se ha trabajado intensamente en la implementación de la Tarea Ordenamiento.

Previamente a ese día, se establecieron un grupo de aspectos para garantizar que la población pudiera entrar a esta etapa con un nivel de ingreso que le permitiera adquirir todos los productos de la canasta básica y los servicios a que se enfrentaba.

Recordó que el 17 de diciembre comenzó el pago a los pensionados de la seguridad social, más de 319 669 en la capital. “Al cierre de diciembre, más del 83% habían cobrado su correspondiente pensión”.

De igual forma, del 23 al 28 de diciembre se realizó el pago del anticipo a todos los trabajadores del sector estatal. “En La Habana hay más de 160 000 trabajadores en el sector presupuestado y más de 54 850 trabajadores en el sector empresarial”. 

Luego, el 26 de diciembre se hizo el pago de la chequera a los asistenciados sociales. “En La Habana habíamos identificado 28 295 núcleos. Tras el trabajo intenso que desarrollaron los trabajadores sociales con la dirección de trabajo y los Gobiernos de cada territorio, se rebajaron en 2 933. Hoy nos quedan 25 342 núcleos, que recibieron el pago de asistencia social como estaba previsto”.

La directora provincial de Finanzas y Precios en La Habana refirió que, en cuanto a los vulnerables, fueron identificados más de 2 192 vulnerables en ese periodo, de los cuales fueron aprobados 1 596 en la revisión hecha según los términos establecidos por trabajo.

Además, se dieron 171 ofertas de empleo, a otros que se decían vulnerables y lo que necesitaban era incorporarse activamente a su trabajo. Igualmente, se entregaron los correspondientes cheques con los montos establecidos por la asistencia social a esas personas vulnerables. Hoy se continúa trabajando en esta tarea de los vulnerables, por ser tan sensible este sector, dijo la funcionaria.

Las autoridades de la capital han identificado más de 17 000 ofertas de empleo para presentarlas a los trabajadores, entre ellos los vulnerables. “Y seguimos identificando ofertas de empleo, sobre todo en el sector productivo”.

La tarea más complicada dentro del ordenamiento es la relacionada con los precios, que abarca todos los sectores, incluyendo tanto el estatal como el no estatal, y que tiene un impacto significativo en la población.

En esa área, se trabajó en la conformación de los expedientes, tanto mayoristas como minoristas. “Nosotros en La Habana teníamos que conformar más de 100 expedientes en la actividad de precios en las entidades, de ellas 27 empresariales y 77 presupuestadas.

“Se conformaron precios por más de 14 387 renglones mayoristas. En esta conformación del precio de renglones mayoristas tiene una incidencia muy importante el precio mayorista de las diferentes empresas suministradas. Era un precio que se establecía a partir de los índices que tenía cada una de las diferentes clases.

En un escenario en el que hay que lograr un balance entre el desempeño de las empresas, que no sufran afectaciones, y la definición de precios minoristas que no estén sobredimensionados, se está trabajando con todas las empresas mayoristas, en conjunto con los ministerios de Finanzas y Precios, de Comercio Interior y de la Industria Alimentaria, en la revisión de los precios mayoristas que impactan en la alimentación del pueblo.

“Igualmente, estamos trabajando en los precios mayoristas que impactan en el sector presupuestado y el empresarial. Porque tenemos que buscar una racionalidad de esos precios mayoristas, porque al final es el presupuesto del Estado el que paga. Debemos lograr que este se ejecute de la forma más correcta y oportuna, que se emplee en los aspectos para los que está concebido y garantizando los servicios básicos a la población”, apuntó la directora provincial de Finanzas y Precios.

Una tarea importante en la formación y el control de los precios es el monitoreo constante a esa actividad tanto en el nivel minorista como el mayorista. “Hay que monitorear los precios abusivos y excesivos que se aplican a la población en las diferentes modalidades de comercialización, tanto el sector estatal como las personas naturales”, subrayó.

“Hemos decidido ser intransigentes con las violaciones detectadas en los precios de productos agropecuarios, en mercados estatales, mercados de oferta y demanda y en trabajadores por cuenta propia. No se pueden permitir violaciones de precios; el que lo haga, sabrá que le tocará el retiro de su licencia si es trabajador por cuenta propia o si es estatal, las sanciones administrativas severas que exigen las circunstancias actuales.

“La población no se merece que el esfuerzo hecho por el país se revierta en precios abusivos. Por tanto, esa es una tarea de primera prioridad, y hemos atendido sistemáticamente todas las quejas”, afirmó.

En la actividad empresarial –continuó– hay que buscar no utilidades por subidas de precios, sino en correspondencia con la capacidad de la eficiencia que debe tener el sector estatal, en su competitividad, con la disminución de los costos. “Revisar donde tenemos gastos superfluos y disminuir todos aquellos que permitan a las entidades ser más eficientes”.

La funcionaria informó que desde el primero de enero se han conocido preocupaciones de la población, que han sido atendidas sistemáticamente, relacionadas con los precios abusivos, las tarifas del transporte y otros servicios. “Estamos trabajando también en los precios de los comedores obreros. Estos no tienen por qué tener utilidad ni aportan al presupuesto. Usted tiene que llevar ese comedor obrero al costo que le cuesta adquirir la mercancía.

“Eso tiene un complemento adicional: los gastos de la entidad relativos al salario del cocinero, la electricidad… Todo eso hay también que revisarlo. Y estamos intercambiando con las empresas mayoristas, disminuir el costo de los suministros, pero también con las entidades, que reduzcan el costo de los gastos indirectos”, señaló.

“La población puede confiar en que los cuadros que trabajamos en el Gobierno y otros sectores tenemos la capacidad de reaccionar diariamente y evaluar todas las quejas que se presenten, porque somos servidores del pueblo.

“Estamos acompañando a los Consejos de la Administración municipales sistemáticamente en estas actividades. En La Habana, por sus características, en esta primera etapa estamos aprobando todo un grupo de precios centralizados, porque en la ciudad lo que divide un municipio de otro es una calle.

“Estamos haciendo un estudio de un grupo de productos esenciales que comercializan los trabajadores por cuenta propia. Cada territorio tiene que presentar su propuesta, y a partir de esas propuestas conformamos la de La Habana, y es la que llevaremos a aprobación al Consejo de Gobernación de la capital.

“Diariamente, intercambiamos con las direcciones municipales de Finanzas sobre los principales problemas que se van detectando, porque son muchos aspectos los que intervienen en la Tarea Ordenamiento, incluido el tema de los estados financieros, lo relacionado con la contabilidad.

“Por ello, estamos asesorando a los Consejos de Administración y a las direcciones municipales de Finanzas. Cada día a las cinco de la tarde nos reunimos para ajustar los cambios que se van implementando y corregir errores y desviaciones”.

Al intervenir en el segmento final de la Mesa Redonda, Andrés Alberdi Valero, director de la Unión de Empresas del Comercio y la Gastronomía en La Habana, afirmó que todas las unidades de ese sector en la capital están enfrascadas en la Tarea Ordenamiento, “que es compleja, difícil y grande”. 

“Hacia lo interno, consideramos que marcha la tarea, pero hacia lo externo avanza no con pocos y variados problemas, principalmente los relativos a precios y calidad. Nos hemos empeñado en responder los planteamientos sin dilación y sin demagogia. Aunque no seamos nosotros los que no detectemos el problema, estamos al momento en el lugar para tratar de resolverlo”, apuntó.

El directivo dijo que se ha desplegado un grupo de personas comprometidas con la tarea y con hacer las cosas correctamente en el sector.

“El grupo se encarga de detectar violaciones en los mercados agropecuarios, las bodegas y otros establecimientos. No es un secreto para nadie que el tema de los precios es muy complicado y que hemos dado la respuesta rápida, como en el caso de Coppelia y los parques, aunque siguen ocurriendo otros problemas. Estamos dando la respuesta que lleva cada problema en cada momento”, aseguró.

Alberdi Valero refirió que están trabajando también contra quienes suben precios, aunque existe un grupo de fiscalizadores, “porque hay indolentes que suben precios y venden por detrás para sacar ganancias fácilmente, que violan los parámetros de calidad, que venden el cigarro al pormayor y este aparece después en mano de los trabajadores por cuenta propia, a precios superiores.

“Tenemos un ejército para controlar esta tarea, porque hay que darle respuesta al pueblo”, afirmó.

En estos últimos tiempos, el Ministerio de Comercio Interior ha establecido la red de unidades de 627 kilocalorías, que fue supervisada por la Fiscalía y otros órganos de la provincia. “Se han resuelto un grupo de problemas que fueron apareciendo y hoy tenemos un grupo de unidades ofertando las 627 kilocalorías, porque es la comida que recibirá el habanero fuera de su casa. Están vinculadas a lugares con afluencia de público como hospitales, universidades y otros centros. Se han protegido con el balance y con la propia autogestión de los administradores, para equilibrar la alimentación del pueblo cuando está en esos sitios públicos”.

Por último, aseguró que “estamos comprometidos con escuchar preocupaciones y resolver los problemas de la población, evaluar los precios, revisar los mayoristas para que bajen los minoristas.

“El sistema de atención a la familia está fluyendo. Tienen los recursos para los primeros días del mes. Se están revisando algunos problemas con los precios que están establecidos, porque todavía hay algunos que están un poco altos. En días próximos habrá respuesta.

“Los precios de los restaurantes han subido pero no hemos recibido críticas. Han estado trabajando y hay una evaluación positiva de lo que están haciendo. Si en algún momento surge algún problema, vamos a resolverlo”.

Seguidamente, Julio Martínez Roque, coordinador del Programa de Alimentos y Distribución del Gobierno en La Habana, dijo que en cumplimiento del Decreto Ley 17 sobre la implementación del Ordenamiento Monetario y resoluciones aprobadas por el Ministerio de Finanzas y Precios, se creó el Comité de Contratación y Precios, no solo compuesto por La Habana sino también por otras provincias que tributan a la capital como Artemisa, Mayabeque y la OSDE de Acopio.

Ese comité, con la participación también de campesinos, cooperativistas, dirigentes y comercializadores mayoristas y minoristas, hizo la propuesta de precios minoristas para la venta y la compra al productor, y el precio mayorista. 

“Los criterios fueron varios, a partir de que hay que tener en cuenta lo que se ha hecho en el último año, donde hemos venido organizando la política de comercialización y estableciendo precios máximos para algunos productos en la venta minorista. En la última etapa del año se han establecido también para otro grupo de productos, para controlar un poco el fenómeno de la subida de precios.

“En esta ocasión tuvimos en cuenta al productor como eslabón fundamental en la cadena de producción y comercialización de productos agropecuarios. En principio, para estimular al productor y proteger al pueblo. Hicimos una elevación de los precios entre dos y 3.5 veces del precio que teníamos aprobado hasta el 31 de diciembre”.

Señaló que el productor se puede estimular aún más en la medida en que participe directamente en la comercialización de productos agropecuarios como está establecido en la nueva política de comercialización, en igualdad de condiciones para que todo el mundo participe y no solo sean las empresas estatales y cooperativas.

“También logramos no subir los precios de las ventas minoristas al pueblo, que le llegue más dinero al productor pero no se eleva mucho el precio a la población. Un margen comercial, por ejemplo, de 20% para el mayorista entre la compra al productor y la venta mayorista, y 30% entre el mayorista y el minorista. O sea, el mayor beneficiado económicamente va a ser el productor en esta cadena de comercialización.

Además –destacó el coordinador del Programa de Alimentos y Distribución del Gobierno en La Habana–, se logró poner en igualdad de condiciones a todas las formas de comercialización que venden productos agropecuarios en la capital.

“Hoy existen nueve formas de comercialización estatales y no estatales en La Habana, y 11 productos que tienen precios centralizados por el Ministerio de Finanzas y Precios a los cuales se les aprobaron precios máximos minoristas, además de otros 33 productos, que hacen un total de 44 productos con precios máximos minoristas aprobados. Hablamos de productos de primera calidad y eso tenemos que hacerlo cumplir. Estimulamos el beneficio, el semielaborado y el empaquetado del producto, que tienen hasta un 20% de aumento. En el caso de beneficiarlos, trocearlos y empacarlos, hasta un 50%”, explicó.

Para controlar que esto funcione, se está haciendo un monitoreo y control permanente para hacer cumplir lo que está aprobado. Entre los días primero y  de enero 4 se han impuesto 79 multas por violaciones de precios y de normas, principalmente en el tomate y la cebolla. “Dejamos bien claro en la resolución del gobernador que la remolacha y la zanahoria se venden sin rama; si se hace, es una violación de  norma”.

En estos días se ha notado un desabastecimiento no solo en los agromercados estatales sino también en puntos de ventas de trabajadores por cuenta propia y mercados de oferta y demanda, “en una parte ínfima relacionado con el tema de los precios, pero dado fundamentalmente porque todavía no se ha logrado el ritmo de cosecha diario como está establecido. Ya el lunes y este martes han entrado productos de otras provincias”, explicó Martínez Roque.

En los momentos finales de la Mesa Redonda, Reinaldo García Zapata, gobernador de La Habana, ratificó la seguridad de que el Consejo de Defensa dará continuidad a todo lo relacionado con la Tarea Ordenamiento, trabajando sin descanso para responder a las exigencias del pueblo.

“Se une a la Tarea Ordenamiento el tema del seguimiento a la pandemia. Es imprescindible el control administrativo, el control que deben realizar los municipios. Cada administrador debe ser responsable de su establecimiento y responder por las violaciones cometidas en los precios.Y tiene que corresponderse la medida para el trabajador y para el administrador, ya sea un centro estatal o de oferta y demanda.

“Por otra parte, está el control popular. Creamos en la capital los destacamentos de control popular, sobre la base de 60 compañeros, identificados con un carné, que tienen libertad para realizar controles y fiscalizaciones en los centros, haciendo que se cumpla lo que se ha aprobado. Asimismo, contamos con el papel del consejo popular, los delegados y los factores de la comunidad.

“Como está acostumbrado el pueblo, exigir y denunciar lo mal hecho, Por eso insistimos en dar el seguimiento oportuno al estado de opinión de los ciudadanos”.