En el ámbito propio del empleo, dijo que la Organización Internacional del Trabajo ha anunciado una pérdida del 4.2% del empleo para las mujeres y del 3% para los hombres a nivel global.

“El Gobierno cubano no ha descansado ni un minuto en tratar de buscar soluciones a toda esta problemática, soluciones que no son sencillas. Nuestro país ha apostado por fortalecer la empresa estatal socialista y fortalecer la producción nacional. 

“Aunque se han venido tomando medidas que son las de mayor impacto en los últimos meses de 2021, hay que recordar que en 2019 se aprobaron, con destino a la empresa estatal socialista, 28 medidas que descentralizan facultades y flexibilizan procesos.

“Después, en el 2020, fueron aprobadas 15 nuevas medidas. Hay que saber aprovechar todas estas medidas, hay que acoplarse a ese sistema integral de medidas para poder continuar avanzando”.

Ello –agregó la ministra–, con la máxima que ha establecido nuestro primer secretario del Comité Central del Partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de ir arrancándole todos los días un pedacito a los problemas.

En ese escenario –continuó–, el Ministerio de Trabajo hizo un análisis y actualizó el banco de problemas, “para ver qué más podíamos hacer o flexibilizar”.

“En el ámbito del empleo tenemos una flexibilización total. Hay una descentralización de la gestión de las fuerzas de trabajo hacia las entidades, de la aprobación de las plantillas, de la contratación, flexibilización en todo lo que tiene que ver con los sistemas de pago”, señaló.

Sin embargo, “nos quedaban todavía algunas trabas que ponían en desventaja a la empresa estatal socialista en relación con el resto de las formas de gestión como complemento que, además, es voluntad del Gobierno continuar desarrollando

“Aun así, en este contexto queremos destacar que el año pasado, si bien no se cumplió el plan, se generaron 140 000 nuevos empleos. Es un esfuerzo extraordinario. No solo estamos contando los de carácter estatal, sino también los que se generaron producto del desarrollo local, una forma que también tenemos que ir potenciando e incrementando las ofertas de empleo para que las personas puedan sustentarse económicamente”.

Según la ministra, se incorporaron más de 236 400 personas que estaban desvinculadas del estudio y el empleo, “pues el año pasado aumentó la motivación por el empleo, lo cual hacía muchos años que no pasaba. Es un resultado positivo que hemos evaluado”.

También, de acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, más de 12 600 jóvenes se incorporaron al estudio como paso previo para acceder al empleo.

Feitó Cabrera sostuvo que la aparición de nuevos actores económicos contribuyó en este proceso, pues también se están contando los empleos que generaron las mipymes, las cooperativas no agropecuarias y los proyectos de desarrollo local, así como los que son producto de inversión y la recuperación de capacidades en el sector estatal.

“Una cualidad que tiene esta incorporación al estudio, a los cursos y al empleo es que el 35% de las personas que se incorporaron son mujeres y el 59% son jóvenes. Eso lo hemos valorado como muy positivo”, destacó.

Se refirió a una de las 63 medidas aprobadas para dinamizar la producción agrícola y aumentar la capacidad productiva de la empresa estatal socialista, que estaba en una desventaja total en términos de contratación y en términos salariales cuando se comparaba con la contratación y el pago del salario que podían hacer un campesino independiente, un usufructuario de tierra, un cooperativista de las diferentes formas de cooperativa existentes.

“Esta es una cuestión que hemos trabajado conjuntamente con el Ministerio de la Agricultura, e hicimos un modelo de gestión económica que flexibiliza tanto en lo que tiene que ver con la relación laboral como en lo salarial y, sobre todo, privilegia al trabajador que está directamente vinculado a la producción de alimentos

“Ahí se crean los colectivos agropecuarios. Es importante destacar que ha habido mucha motivación por la creación de estos colectivos laborales agropecuarios. En estos momentos hay más de 874 colectivos creados en más de 60 empresas del sistema empresarial, que incluyen a más de 9 500 trabajadores”.

Destacó que el resultado ya es visible. “Se ha incrementado la producción de alimentos, aunque todavía no en las proporciones y dimensiones que queremos”

Insistió en que ha habido una alta motivación de los trabajadores por ese colectivo laboral. “Es el jefe de ese colectivo que, inclusive, está seleccionado por acuerdo de quienes lo integran. Es el que puede, junto al resto de los trabajadores, aprobar el sistema de pago que allí se acuerde, el momento o la periodicidad con que se va a pagar el salario

“Es un diseño propio de ese colectivo. De ese modo, se va poniendo a este actor estatal en iguales condiciones. No hay que esperar por que el jefe de la empresa apruebe el sistema de pago, sino que ellos lo hacen, el propio jefe del colectivo, quien también tiene la posibilidad de que en determinado momento en que se requiera una fuerza de trabajo adicional (por estar en pico de cosecha o de siembra, por ejemplo), tiene la facultad de contratar esa fuerza de trabajo”, apuntó la ministra.

De hecho –prosiguió su intervención–, “se oficializa la figura del gestor de fuerza de trabajo, esa persona que contribuye (porque verdaderamente esa empresa que está en el campo no puede estar dedicándose a gestionar todo el tiempo, sino que puede auxiliarse de otra persona que ya le facilita esta fuerza de trabajo). Se hacen los acuerdos, se establecen las formas de pago, se establece la periodicidad del mismo. Es un diseño muy particular que tiene cada uno de estos colectivos”.

Destacó, además, que ha habido un retorno de trabajadores que anteriormente estaban en el sector estatal de la agricultura y lo habían abandonado porque estaba deprimido, los ingresos eran insuficientes y no cumplía sus expectativas.

“Estas personas están retornando y ello va a generar no solamente producción en el sector agrícola, sino también en el agropecuario, es decir, de manera integral en todo el sistema”, dijo.

“Actualmente se está llevando de una manera exhaustiva el control para evaluar los impactos que va teniendo esta medida. El Ministerio de la Agricultura ha sido muy celoso en el seguimiento y cumplimiento de estas medidas. Es algo que está empezando, pero debe dar mejores resultados mientras avance el año”.

Esos colectivos ya están en similares condiciones independientemente de la forma de propiedad y gestión que tiene esa tierra, agregó.

La otra medida, una de las que más expectativas ha creado, es la facultad de descentralizar la organización salarial de los trabajadores del sistema empresarial, “que se traduce como muchas personas lo dicen en la eliminación de la obligatoriedad de aplicar la escala salarial”.

“Una escala salarial con la que muchos trabajadores del sistema empresarial están inconformes. Con ella y su cuantía. Cuando hicimos un mapeo de los actores económicos y vimos las comparaciones en cuanto a la seguridad social y otros parámetros, veíamos que desde el punto de vista del salario estaban en desventaja en relación con el sector no estatal.

“Se habían dado pasos, se habían eliminado los límites administrativos al salario que condicionaban los sistemas de pago… Después vino el tema de la distribución de utilidades, al que ya se le quitó el tope, y después, la conformación del salario estructurado en una parte fija asociada fundamentalmente al salario escala más los pagos adicionales y una parte móvil del salario que tiene que ver con la aplicación de los sistemas de pago a destajo o con la aplicación de los sistemas de pago por resultados.

“Esta última es otra de las medidas que ahora estamos implementando, pero con un orden diferente a como estaba antes, y el pago adelantado de utilidades”, explicó.

Señaló que en el sistema empresarial los trabajadores deben ocuparse más de la parte móvil del salario, porque esta no tiene límite, ese lo pone la eficiencia, por lo que entre más productivo sea el trabajador y más eficiente sea la empresa, más puede ganar sin límite.

“Entendimos que si en el sector no estatal podía fijar el salario la persona al frente del negocio o la actividad, ¿por qué no podía ser así en estos colectivos?. Entonces, descentralizamos esta actividad. Es una medida audaz, que en Cuba no tiene precedente”.

Pero –aclaró–, esta medida no puede verse al margen de la organización del trabajo.

“Tiene que venir acompañada de un balance de carga y capacidad para saber qué plantilla requiere la entidad realmente, porque si malo es que en el sector presupuestado haya trabajadores que no tienen contenido para ocho horas, igual de perjudicial es en el sector empresarial, porque están gravitando los resultados de la empresa sobre personas que están improductivas innecesariamente. No se puede desconectar la organización del trabajo con el diseño de puestos, las mejoras desde el punto de vista del tiempo y el flujo del proceso. No se puede fijar el salario al margen de eso”, apuntó Feitó Cabrera..

“Ello tampoco significa que ahora los trabajadores van a ganar más haciendo lo mismo, o que van a ganar más porque van a incrementar los precios de los productos que venden. Ese no es el sentido de esta medida, que busca que, a partir de una adecuada gestión de los recursos humanos, ello conduzca a desatar las fuerzas productivas, a que las personas produzcan más y las empresas tengan mejores resultados.

“Esos resultados van a tributar directamente a la población, porque de lo que se trata es de lograr un incremento de bienes y servicios de cara a la población”.

Explicó que hay un grupo de principios para fijar el salario, relacionados con la organización del trabajo y los salarios. Hay cargos en una entidad que son la razón de ser de la misma y esa fuerza tiene que estar jerarquizada, porque es el centro de la actividad.

“La complejidad del trabajo es muy importante, unida a la no discriminación, lo cual obedece a los principios de derecho del código de trabajo. Otro de los principios es la diferenciación, donde, además, de la complejidad del trabajo, se toman en cuenta elementos como las condiciones del puesto de trabajo”, señaló.

Asimismo, mencionó la idoneidad demostrada, pues todos los trabajadores no tienen la misma capacidad de trabajo, el aporte individual, la proporcionalidad en dependencia de la cantidad  y el tiempo de trabajo y la dinámica. 

Sobre este último aspecto, aclaró que el hecho de que se fije ese salario no significa que es inamovible y que no se pueda, en la medida en que la empresa crezca, hacer que los salarios lo hagan también, no solamente por el pago de utilidades o sistemas de pago, sino del diseño de esa escala salarial.

“Para aplicar este sistema hay condiciones. En primer lugar, no planificar pérdidas ni disminuir los niveles de utilidad.Tampoco puede afectarse el aporte por el rendimiento de la inversión estatal o el pago de los dividendos, en el caso de los socios para la inversión extranjera”, precisó Feitó Cabrera.

Según la ministra, en 2021 entraron de inicio un grupo de entidades del sector del turismo, de las FAR y BioCubaFarma, que fueron las punteras. Después se incorporaron un grupo de entidades de prácticamente todos los sectores, incluyendo empresas de subordinación local.

“Hubo un despegue en ese sentido, pero la norma establece que para 2022 ya no se requiere de la autorización que al principio se necesitaba por el Consejo de Ministros. En la medida en que van cumpliendo las condiciones y se va haciendo el rediseño, las empresas pueden aprovechar esta facultad de una medida tan revolucionaria”.

Subrayó que debe existir una plena participación de los trabajadores, al margen de los cuales no se puede implementar esta medida, “porque incluso esa organización salarial se aprueba en el consejo de dirección, previo acuerdo con el sindicato, además de que se lleva al convenio colectivo de trabajo. Ello significa que los empresarios adquieren una altísima responsabilidad”.

Aun con los avances, en este periodo se han detectado desviaciones de lo previsto en la política.

Según la ministra, el año pasado hubo 197 entidades que ya aplican este sistema, y más de 275 000 trabajadores están sujetos a este beneficio, el 18% del total del sector empresarial, algo todavía insuficiente.

Con base en los resultados preliminares de los estados financieros que brinda la ONEI, “en todas las entidades donde se aplica hay un incremento de las ventas y un crecimiento de la productividad del trabajo. En todos los casos, el salario devengado y los ingresos a partir de la distribución son superiores al del resto del sector empresarial”, destacó..

“Es decir, a priori, el impacto es favorable en la aplicación de la norma”, afirmó.

Una duda frecuente –comentó la ministra de Trabajo y Seguridad Social– es que, si se aplica esta facultad, ya no se puede distribuir utilidades o si desaparecen los sistemas de pago.

“Al contrario –apuntó–, se mantienen las utilidades con ese pago a cuenta adelantado como parte del ingreso de los trabajadores. Se mantiene también la posibilidad de aplicar los sistemas de pago a destajo y la reciente Resolución No. 1/2022 del MTSS, que complementa el Decreto 53, establece la posibilidad de aplicar sistemas de pago por resultados, pero a los trabajadores que están directo en la producción y siempre que se pueda medir concretamente el aporte individual. Una manera más justa que como se hacía anteriormente”.

En otro momento de su intervención, Fetó Cabrera apuntó que 588 000 trabajadores se beneficiaron con el pago de la distribución de utilidades, solo el 39% de los trabajadores del sector empresarial.

Más de 500 empresas operan con pérdidas, lo cual se analiza desde el Ministerio de Economía y Planificación.

“A veces tenemos desconectados los precios mayoristas de los minoristas, porque el precio del mercado está a un nivel que, si se hace corresponder el mayorista con el minorista, la disminución de la capacidad de compra del salario sería todavía inferior, pues realmente son muy elevados los precios”, señaló.

Sobre este punto, reconoció que hay mucha inflación, sobre todo en el sector no estatal; sin embargo, los precios de otros servicios a la población se han mantenido, aun en medio de la crisis económica.

“Eso está afectando a la economía del país y a los trabajadores de esas entidades que tienen desmotivación por el trabajo, porque no avanzan”, subrayó.

La ministra de Trabajo y Seguridad Social se refirió al papel que desempeñan los cuadros en las empresas: “Hay entidades que todavía no habían empezado a aplicar este decreto, y ya se estaban aprovechando de otras facilidades”.

“No se puede actuar con miedo, hay que tomar decisiones y sobre todo, prepararse”, afirmó y añadió que la medida no tiene marcha atrás.

Según Feitó Cabrera, no se han dejado de atender las vulnerabilidades en medio de la compleja situación económica del país.

“Estamos haciendo una combinación de medidas compensatorias como las que se aprobaron el año pasado para que, por ejemplo, a todos los beneficiarios de la asistencia social y los pensionados con pensión mínima que viven solos y no tienen otros familiares en condiciones de prestarles ayuda, se les financie el costo de la canasta familiar normada y todos los productos de aseo que se entregan por la libreta”.

Por otro lado, la ministra comentó que la piedra angular de la seguridad social es el trabajo. “La mayor protección que se le puede dar a un ciudadano es el empleo”, afirmó.

Como parte de las medidas antiinflacionarias, dijo que habrá algunas que contribuyen a enfrentar situaciones de vulnerabilidad económica.

Al intervenir en la Mesa Redonda de este lunes, la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, recordó que los precios tienen un impacto objetivo en la población, “sobre todo en poder adquirir determinados bienes y servicios que son imprescindibles en el desarrollo de la vida en común y en la realización del proyecto de vida”.

Bolaños Weiss dijo que hay un desequilibrio mundial entre la producción de bienes y la demanda de los mismos, “por lo que no es un fenómeno exclusivo de Cuba, sino que está presente, incluso, en países del Primer Mundo”.

“En Cuba eso se traduce en el déficit de oferta, porque el producto no está a la mano y entonces se producen fenómenos de incremento de los precios ante la necesidad de adquirir estos productos”, precisó.

En términos de precios hay dos causas que inciden en el incremento de los precios. “En el año 2021 comenzó el ordenamiento monetario en el país y eso llevó a ajustes”, existió un proceso de devaluación del peso cubano, lo que llevó, por diseño, a un incremento de los precios.

Se trataba de una inflación diseñada que se compensaba con un incremento en los salarios y en los ingresos.

“Dentro de sus objetivos, es una medida que incentivaba la producción nacional”, dijo.

Añadió que desde el pasado año existe un proceso de incremento de los precios debido al incremento de los costos de las materias primas, insumos y los productos terminados de importación.

“Entre esos productos de importación están los alimenticios, que forman parte de la canasta familiar normada. El arroz, insuficiente y limitado, pero que recibimos todos los meses; los frijoles, el aceite”.

La ministra de Finanzas y Precios afirmó que la crisis económica mundial y la COVID-19 han incidido en el proceso de adquisición de insumos, materias primas y productos terminados.

“A ello se unen las difíciles y complejas condiciones en que Cuba tiene que salir al mercado internacional”, bajo el efecto de las medidas coercitivas aplicadas por Estados Unidos y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, lo cual repercute en la población.

“El incremento real de los costos inciden en la formación de los nuevos precios”, recordó.

Al referirse al impacto en el sector productivo y de servicios, Bolaños Weiss afirmó que el incremento de los costos en el mercado internacional ha llevado a que el combustible esté creciendo en el entorno del 30%, con un incremento del precio del barril a más de 90 dólares.

También los precios del arroz y los frijoles se han incrementado, a lo cual hay que sumar el valor de los fletes, que en ocasiones se ha triplicado.

“Así nos pasa con el aceite crudo, el refino, con la soya, el trigo… A veces se plantea que hay una inflación, que se ha venido acrecentando, ante la cual no hay intervención del Estado. ¿Cuándo intervendrá el Gobierno?, ¿qué medidas va a adoptar para contener los precios?

“A pesar de la difícil situación con la que opera la economía y de la escasez de divisas, el Estado sí ha intervenido en el control de los precios, centralizando los precios de tarifas y servicios más sensibles en la vida cotidiana de la población, como la electricidad, agua, gas, telecomunicaciones y transporte público.

“Cuando se diseñó la Tarea Ordenamiento, el precio del petróleo que se manejó fue el de los años 2019 y 2020, cuando osciló entre 53 y 62 pesos el barril. Hoy el barril cuesta 92 pesos; sin embargo, las tarifas de electricidad que entraron en vigor tras el ordenamiento monetario se han mantenido.

“Ha habido medidas de contención para que esa capacidad de compra de la población no se vea más deteriorada de lo que ya produce el incremento de los costos y el propio diseño de la Tarea Ordenamiento”, afirmó.

¿Cuál es el mecanismo de contención? La ministra explicó que no se trata de correr hacia la economía ese incremento del precio del combustible, sino de que el Estado asuma la diferencia entre el costo real y el precio de la tarifa eléctrica. El presupuesto estatal ha destinado 21 523 millones de pesos a subsidiar el servicio de electricidad. 

“Podríamos decir que no hay intervención del Gobierno si se trasladara el precio real del combustible –como ha pasado en países europeos–, con lo cual sube el precio de la electricidad. Y entonces tendríamos menos déficit. Pero no es el objetivo en nuestro país. Nuestro objetivo es, tomando en cuenta las condiciones circunstanciales en las que estamos por el enfrentamiento a la pandemia, seguir apostando por un socialismo próspero y sostenible. Pero eso tiene un costo dentro del déficit fiscal”, sostuvo.

En el caso del agua, la ministra recordó que se están desarrollando importantes inversiones para seguir avanzando en la infraestructura hidráulica del país, y mencionó la construcción de los trasvases y el mantenimiento de las termoeléctricas.

También la mayor parte de los medicamentos recibe el respaldo del presupuesto estatal. 

“Aun cuando los costos de las materias primas se han incrementado, no se ha subido el precio de los medicamentos. Entonces, sí hay intervención del Gobierno en el sentido de preservar un grupo de servicios básicos”, señaló.

No obstante, subrayó la necesidad de reconocer el costo real de los productos y servicios en la formación de los precios. “De lo contrario, no vamos a tener sostenibilidad en la economía. Pero lo tenemos que hacer con racionalidad, y aquí también está la intervención del Gobierno, la fiscalización de las instituciones estatales y el papel del control popular”.

También se refirió al precio de la papa, producto actualmente en la etapa de cosecha. “Cuando empieza la Tarea Ordenamiento en 2021, la papa cosechada no tenía los costos de esa medida, porque no se había sembrado con los costos de una devaluación. Por tanto, el precio solo subió a tres pesos por los propios costos de la cosecha y de la refrigeración, pero el costo de cultivo no tuvo el impacto de la devaluación.

“La papa que se comercializará este año ya tiene incorporados los costos propios del escenario de devaluación y del incremento de los productos importados”.

Para la formación del precio de Acopio, se tuvo en cuenta la opinión de los productores. “El incremento ha sido lo más racional posible, pero era imposible mantener el mismo precio, porque no se estimularía la producción de este producto”.     

Comentó que desde el pasado año el presupuesto estatal asume un financiamiento para lograr el mantenimiento y la conservación de la papa en los frigoríficos, medida que no se está en condiciones de seguir manteniendo porque hay otras prioridades relacionadas con programas sociales.

“Si bien no hay un subsidio directo para cubrir esos costos, sí hay una racionalidad, porque se liberó del pago de impuesto la comercialización de la papa”. Ahora la libra de papa cosechada cuesta cinco pesos y en caso de estar refrigerada seis pesos.

La ministra aseguró que este precio se mantendrá regulado para que no suba desmedidamente en su comercialización.

Dijo que transitar hacia la racionalidad en los precios se logrará no solo con medidas gubernamentales, sino con la eficiencia y el control en la formación de los precios por las organizaciones.

“Tenemos que transformar el control institucional, potenciarlo desde las direcciones municipales. También necesitamos impregnar racionalidad en el proceso de los precios, no podemos tener altas utilidades a costa de incrementar los precios y de no actualizar las fichas de costo”, dijo.

“Tenemos que formar fichas de costo con una utilidad razonable, que permita al negocio reaprovisionarse”, añadió.

Destacó la necesidad de ganar en disciplina y preparación. “No podemos, a costa de subir precios, generar utilidades ficticias que impactan en la inflación, porque no se generan más bienes ni servicios”.

Llamó también a combatir la reventa y la especulación, y aseguró que se están haciendo acciones de control popular.

El déficit fiscal influye en la inflación. La ministra dijo que para lograr reducir ese déficit, que es alto, y para que el peso cubano sea el centro financiero del país, se requieren medidas integrales y encaminadas a generar mayores niveles productivos.

“Las soluciones al elevado déficit fiscal tienen que transitar por una mejoría gradual, creciendo en los ingresos”, dijo, y reiteró que el país no renunciará a mantener los programas sociales ni a atender a los vulnerables, pero esto tiene un alto costo en el presupuesto estatal.

Las soluciones transitan por mayor actividad productiva, crecimientos graduales y sostenibles de los ingresos y racionalidad en el gasto, sostuvo, y agregó que se tomarán medidas en cuanto al alto gasto en materia de salarios en la actividad presupuestada, para buscar una eficacia en este gasto público.