Por: Randy Alonso Falcón, Karina Rodríguez Martínez, Yilena Héctor Rodríguez

Al comenzar su intervención en la Mesa Redonda, Homero Acosta Álvarez, secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), dijo que se trata de una convocatoria extraordinaria del Parlamento.

“Aunque la sesión comienza oficialmente el día 14 de mayo, el día previo sesionarán las comisiones permanentes de trabajo. Estas son un instrumento muy importante y auxilian a la ANPP y al Consejo de Estado, porque controlan sus acuerdos y las normativas emitidas por estos órganos, y se mantienen trabajando aunque este en receso la Asamblea”, indicó Homero Acosta.

En cuanto a la agenda de trabajo en comisiones, se analizarán importantes temas.  El secretario de la ANPP señaló que concentrarán los debates en la actividad legislativa, porque serán sometidos al juicio de los diputados ocho proyectos de leyes.

Serán analizados los dictámenes –dijo– de cada una de esas normas. “La Comisión de Asuntos Económicos y la Agroalimentaria  examinarán las acciones desarrolladas por el Grupo Empresarial de la Industria Agroalimentaria con los señalamiento hechos por ambas comisiones  al sistema empresarial de la industria láctea y cárnica”, apuntó.

Agregó que se evaluarán los resultados de la comprobación realizada al cumplimiento del Decreto Ley 365 de las cooperativas agropecuarias, también en la Comisión Agroalimentaria.

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, además de debatir sobre los proyectos de ley que le corresponden, evaluará la marcha del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación, que obedece a un acuerdo del Gobierno. “También se hablará sobre la covid-19 y los retos para la educación cubana”,  añadió.

Acosta Álvarez dijo que la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez  y la Igualdad de Derechos de la Mujer analizará importantes asuntos como los resultados del Decreto Presidencial 189 del 2021, Programa para el Adelantamiento de la Mujer. Se presentará un informe de los resultados de las visitas de la comisión a las casas de niños sin amparo familiar y precisiones sobre el contenido del Código de las Familias.

“La Comisión de Salud y Deporte tendrá a su cargo el debate sobre el comportamiento del programa materno infantil hasta el cierre de abril del 2022.  Igualmente se informará sobre un plan de medidas para el fortalecimiento y perfeccionamiento del programa del médico y la enfermera de la familia”, dijo.

Se informará, además, sobre la situación actual y las perspectivas en el área de los medicamentos.

La Comisión de Asuntos Económicos dará un seguimiento a las mipymes  y cooperativas no agropecuarias aprobadas. En la Comisión de Industrias, Construcciones y Energías, el Instituto de Recursos Hidráulicos informará sobre la sequía. Se evaluará la marcha del programa de construcción de viviendas en el país.

El 14 de mayo se iniciará el periodo extraordinario de sesiones de la ANPP

El día 14 de mayo comenzará el periodo de sesiones extraordinario de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Homero Acosta indicó que se analizará, en primer lugar, el tema de la marcha de la estrategia económica y social del país. Será presentado por el vice primer ministro y ministro de Economía, Alejandro Gil.

Posteriormente, habrá dos temas sujetos al proceso de consulta del Código de las Familias. “La presidenta del Consejo Electoral Nacional brindará información sobre los resultados del proceso que recién concluye y las opiniones que se han recogido. Esto sirve para  el informe que luego presentará el ministro de Justicia”, aclaró el secretario de la ANPP.

Se tratarán –dijo– ocho proyectos de leyes en esta sesión extraordinaria. “Este número de proyectos no ha tenido precedente en la historia del Parlamento cubano”.

José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, señaló que el gran número de leyes se debe a la entrada en vigor de la Constitución de la República, además de la voluntad política del Estado cubano de que no exista ningún tema de la carta magna pendiente de desarrollo legislativo que no se acometa.

“Quedó establecido que nada concerniente a derechos y garantías de los ciudadanos puede ser desarrollado por otra norma que no sea una ley. Dejar claros los campos de acciones de la ley y de los decretos leyes, es otro de los factores que llevó a este número de proyectos de ley”, aclaró Toledo Santander.

¿Cómo se ha podido llegar a este proceso de tener ocho normas? El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos dijo que se ha garantizado la reproducción de los proyectos de leyes y su distribución a los diputados. Un elemento esencial ha sido publicarlas en los sitios web de los organismos para generar conocimiento de toda la población. “Se han habilitado correos también y se analizan por parte de la comisión redactora de la ley”.

Apuntes sobre los ocho proyectos de leyes

• Ley de Derecho de Amparo de los Derechos Constitucionales: Toledo Santander dijo que es muy importante y cierra un ciclo de garantías para los ciudadanos.
• Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional: tiene su desarrollo en los artículos 78 y 79 de la Constitución de la República. Tiene dos instrumentos muy importantes que la van a enmarcar, el cumplimiento de la Agenda 2030 y el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional de Cuba.
• Ley de Protección de Datos Personales: guarda relación con los artículos 97,48 y 40 de la Constitución. “El objetivo esencial es el derecho de las personas a la protección de sus datos que estén en cualquier tipo de base de datos. Además el derecho a que se rectifique cualquier información que esté en estos lugares. Permitirá, además, que las personas puedan acceder a sus datos”.
• Ley del Sistema de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente: el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos indicó que este proyecto se recoge en el artículo 75 y en el 90 inciso j de la Constitución. “Recoge todo lo relacionado con las aguas y ecosistemas marinos y costeros, los terrestres, la proyección a los recursos minerales, la calidad ambiental, los temas de contaminación, los desechos peligros y el cambio climático”.
• Ley General de Protección al Patrimonio Cultural y al Patrimonio Natural: presentado por el Ministerio de Cultura, este proyecto tiene sus anclajes constitucionales en los artículos 13, 32 y 90 de la Constitución. De acuerdo con Toledo Santander, la ley busca, esencialmente, destacar “el reconocimiento como patrimonio cultural a las manifestaciones culturales inmateriales y los bienes culturales muebles e inmuebles, que constituyen la expresión o el testimonio de las culturas, y que son valorados por la comunidad en su relación con la historia, el arte, la ciencia y la sociedad”. Mientras tanto, define como patrimonio natural “a los sitios naturales con los elementos bióticos y abióticos, testimonio de la evolución y diversidad de la naturaleza, que tiene valor científico, ambiental o estético, reconocido por las comunidades y por la sociedad”.
• Ley del Derecho de Autor y del Artista-Intérprete: este proyecto también es responsabilidad del Ministerio de Cultura, y tiene su imbricación constitucional en los artículos 32 y 72 de la Constitución. En palabras de Toledo Santander, la ley “protegerá la obra original expresada y reproducible por cualquier medio, que comprende, entre otras formas de esos medios, la obra escrita y la oral, la obra musical (con letra o sin ella), la dramática y la dramático-musical, la coreográfica y la pantomímica, la humorística y la narrativa oral escénica, la obra cinematográfica u otra audiovisual, la obra de dibujo, diseño, pintura, grabado, litografía, escultura, la obra de arte aplicado, la obra fotográfica y la expresada por procedimiento análogo a la fotografía, la obra arquitectónica y de ingeniería, el mapa gráfico y diseño topográfico y geográfico, y el programa de aplicación informática (la creación de bases de datos y otros)”.

¿Qué proyectos de leyes presentará el Tribunal Supremo Popular a la Asamblea?

De otros tres proyectos que serán presentados por el Tribunal Supremo Popular habló en el programa televisivo Rubén Remigio Ferro, presidente de esa institución. Ellos son la Ley del Código Penal, la de Ejecución Penal y la de Amparo de los Derechos Constitucionales.

Ley del Código Penal

Remigio Ferro se refirió al proyecto de Ley del Código Penal como una de las normativas de “alto impacto en todos los ámbitos de la sociedad, pues en ella tiene reflejo el quebrantamiento de cualquier otra ley”. Además, explicó que el Código Penal vigente, aprobado en 1987, requiere una actualización tras la aprobación de la Constitución de 2019.

Remigio informó que el nuevo código incluye 569 delitos. Casi las dos terceras partes tienen previstas sanciones de hasta cinco años de privación de libertad, o multas. Por tanto, no es un documento enfocado en la represión, sino en la reeducación y la reinserción social.

“Se refuerzan las sanciones por fenómenos vinculados con la corrupción económica, todas las manifestaciones de discriminación y violencia y los hechos contra menores de edad o discapacitados, entre otros. Para los de mayor gravedad siguen aplicándose la cadena perpetua y las sanciones de hasta 30 años de privación de libertad. También se mantiene con carácter excepcional, como hasta ahora, la posibilidad de la pena de muerte para los delitos de mayor gravedad”, señaló Remigio, quien recordó que esa sanción no se aplica hace más de 20 años.

También se introducen nuevas sanciones que sustituyen la privación de libertad, como la reclusión domiciliaria, las sanciones de servicio en beneficio de la comunidad y la elevación de las cuotas de las multas, de hasta 200 000 pesos para los hechos más graves. De igual modo, se mantiene la exigencia de responsabilidad penal a partir de los 16 años.

Ley de Ejecución Penal

La Ley de Ejecución Penal, de ser aprobada, definirá los bienes educativos, preventivos y coercitivos que deben cumplirse durante la ejecución de las penas. “El carácter humanista de nuestro sistema se expresa también en el cumplimiento de las sanciones, que apuesta por la rectificación de las conductas”, explicó el presidente del Tribunal Supremo Popular.

Se establece para los sancionados la garantía de acceso a la justicia, en caso de que tengan cualquier inconformidad con las medidas disciplinarias que se les aplican, o en caso de que sean violados sus derechos. Además, se reconocen  derechos esenciales de las personas privadas de libertad, como el acceso al trabajo y al estudio (siempre que lo permitan las circunstancias), las visitas de familiares, las visitas consulares en el caso de los extranjeros, las visitas de las parejas, entrevistas con los abogados, asistencia jurídica, etc.

“En Cuba no existe desde hace muchos años una norma de este nivel que regule los derechos y garantías y los procedimientos que deben cumplirse en la ejecución de las sanciones (…) y la dignidad debe respetarse a todas las personas, sancionadas o no”, afirmó Remigio.

Explicó que se transparentan en la ley cuáles son las condiciones, pasos y términos que se deben cumplir en procesos como la concepción de los beneficios de excarcelación, la libertad condicional, la suspensión del trabajo correccional con internamiento, entre otros.

Ley de Amparo de los Derechos Constitucionales

Este proyecto da cumplimiento a lo estipulado en el artículo 99 de la carta magna y redondea, al más alto nivel, la garantía de acceso a la justicia de todas las personas, que podrán acudir a los tribunales si consideran que sus derechos, reconocidos por la Constitución, han sido violados.

“El procedimiento en esos casos debe ser concentrado (en un acto en el cual las partes planteen sus opiniones en presencia de un tribunal), expedito (se reclama una actuación rápida, en plazos breves) y preferente (cualquier reclamación de un derecho se puede hacer por distintas vías, según la naturaleza de la situación)”, explicó Remigio Ferro.

También informó que la reclamación solo la podrán emitir la persona agraviada y la Fiscalía (esta en defensa de los intereses públicos). Además, se deben establecer dos instancias para atender esas cuestiones: los tribunales provinciales tendrán una sala de amparo de los derechos constitucionales y el Tribunal Supremo también. En el caso de este último, será la primera instancia para reclamaciones a los órganos superiores del Estado.

No se puede reclamar contra cuestiones que tengan que ver con la seguridad nacional, contra el orden público. El tribunal no puede amparar derechos constitucionales a una persona desconociendo los derechos de otra, o de la sociedad en su conjunto. No se puede reclamar contra la constitucionalidad de las leyes y otras normas jurídicas. Tampoco se puede ir a esta jurisdicción para apelar contra decisiones que hayan recaído en otros procesos judiciales. El resto de los derechos se pueden reclamar por esta vía, señaló Remigio Ferro.

“Con estas leyes quedaría blindado el derecho de las personas a acceder a la justicia para reclamar sus prerrogativas al mayor nivel. Se fortalece el Estado de derecho socialista y de justicia social”, concluyó el presidente del Tribunal Supremo Popular.