Por: Randy Alonso Falcón, Angélica Arce Montero y Darío A. Extremera Peregrín

Este viernes, la emisión 5000 del programa radiotelevisivo Mesa Redonda estuvo dedicada a la accidentalidad en Cuba, sensible tema que impacta en la familia y la economía del país y que requiere de inversiones, conciencia y educación vial.

Sobre el comportamiento, en lo que se ha avanzado y falta por hacer en función de una mejor disciplina se dialogó en el panel con el coronel Roberto Rodríguez Fernández, jefe del Órgano Especializado de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, y el coronel Mario Ríos Labrada, jefe del Departamento Nacional de Registro de Vehículos y Licencia de Conducción.

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Hoy los accidentes son más graves y peligrosos

El coronel Roberto Rodríguez Fernández, jefe del Órgano Especializado de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, comenzó su intervención en la Mesa Redonda precisando el índice de accidentalidad en Cuba al cierre del mes de octubre.

“Disminuye en 1000 el número de accidentes respecto a igual periodo del año anterior y en 445 el de los lesionados, aunque hay seis fallecidos más, lo que ratifica que hoy los accidentes son más graves y peligrosos”.

Agregó que este 2023 a partir de un grupo de medidas adoptadas por la Comisión Nacional de Seguridad Vial, prácticamente no se produjeron accidentes en los meses de julio y agosto (fundamentalmente en áreas de verano y recreación).

Según Rodríguez Fernández debido a la poca disponibilidad de transporte para garantizar el traslado de las personas en vacaciones de oriente hacia occidente y, viceversa, hubo menos accidentalidad. “Una parte importante del traslado la asumieron los camiones privados y, felizmente, por las medidas de control y las implementadas por las comisiones provinciales de Seguridad Vial, no lamentamos accidentes”, indicó.

Mencionó entre las principales causas las distracciones, estimadas en un 31%. “Puede ser conducir con el celular en la mano, responder una llamada o incluso la mensajería, además, manejar con una sola mano, con la música alta o ingiriendo alimentos”, ejemplificó el coronel.

Igualmente, se refirió a la violación del derecho de vía (38%), o sea, no respetar las señales del tránsito o andar en sentido contrario. “Estas son indisciplinas graves y están sancionadas por la Ley 109 de Seguridad Vial, de 2010”.

Como tercer elemento destacó el exceso de velocidad. “En cada ocho accidentes con esa característica, se reporta un fallecido y la gravedad de las lesiones de una persona atropellada es directamente proporcional a la velocidad en que se produce el impacto. El 13 % de las muertes y el 10% de los lesionados durante el presente año, son por esa causa”, aseguró.

El país registra 142 accidentes por conducir bajo los efectos del alcohol, llegando a 34 fallecidos y 178 lesionados. “Ha habido un incremento (1 327), por lo que hemos aumentado las pruebas de ingestión de alcohol en distintos horarios del día”.

Por ese motivo se cancelaron 16 licencias de personas reincidentes en esa conducta. “Se aplica lo mismo a un conductor de un carro del estado o del sector particular que actúe como profesional. Estamos siendo severos y suspendiendo la licencia por un año y, excepcionalmente, solo ocho meses”.

No son tan casuales y siempre pueden evitarse

El especialista puntualizó que de los 1 327 choferes que condujeron este 2023 bajo los efectos del alcohol, 314 fueron considerados en estado de embriaguez. “Esto derivó denuncias debidamente tramitadas con los tribunales. Hubo otros 365 sancionados en un rango de seis meses a un año”.

Como otro de los factores señaló a los desperfectos técnicos, lo que representa el 9 % de las víctimas. “En medio del bloqueo y las crisis económica se nos hace difícil el sostenimiento de los medios de transporte y de las piezas de repuesto. Por eso, instamos a los conductores a velar por el estado técnico de los vehículos”.

Asimismo, comentó que en la actualidad el 8% de los accidentes es por el mal estado de las vías. “Todo lo dicho en este programa radiotelevisivo se corresponde con las causas que hemos informado en los últimos tiempos y que provocan accidentes en el resto del mundo.

“También nos ratifica que el factor humano es lo que determina más de 90% de los accidentes de tránsito en Cuba. No son tan casuales y siempre pueden evitarse”.

Subrayó que en ciclomotores, motos y en peatones ocurre el 59 % de las muertes. “Hoy hay más de 400 000 ciclomotores utilizados por personas naturales. La solución está en educar y preparar a esos conductores, porque ahora están aliviando la situación para el desplazamiento de las familias, pero deben tener disciplina”.

Indicó que hay más de 30 000 choferes sin permiso de conducción y que alrededor de 15 000 recibirán multas de mayor rigor, porque son reincidentes.

Añadió que desde 2010 está establecido en Cuba en términos legales lo que se considera un ciclomotor. Está en la Ley 109, que creó una nueva categoría en la licencia de conducción, la A1 para estos vehículos. Así, se estipula que se pueda sacar la licencia desde los 16 años.

“Este es un elemento importante, en el cual pedimos la colaboración de las familias, para que además de reunir los recursos para comprar el ciclomotor, muestren preocupación. Quien maneje ese vehículo, que casi siempre es el joven de la casa, debe pasar la escuela de conducción”, concluyó Rodríguez Fernández.

Por otra parte, comentó: “Nosotros quisiéramos llamar a la responsabilidad en el control de los medios estatales que circulan en horas no establecidas y en vías no establecidas, incluso en funciones para los que no están diseñados”.

Manifestó que las entidades tienen que “dar un vuelco”, porque la solución de los problemas de la seguridad vial en Cuba no es una responsabilidad individual de nadie y hay que verla desde un punto de vista multifactorial.

Para el jefe del Órgano Especializado de Tránsito de la Dirección Nacional de la PNR, “hoy, lamentablemente, nuestras entidades estatales no gestionan la seguridad vial, porque cuando las visitamos, no tienen un plan para disminuir la accidentalidad dentro de su institución, no destinan parte de su presupuesto a las acciones y gestión de la seguridad vial, no hay preocupación porque sus conductores profesionales sean recalificados como establece la ley ―muchas veces nos encontramos que tienen los chequeos médicos desactualizados―, no consideran los accidentes y la gestión de la seguridad vial dentro de sus indicadores de deficiencias, un grave error, y tampoco posicionan los accidentes como un elemento a analizar en algún momento en sus consejos de dirección o en la reunión de los afiliados al sindicato”.

Reconoció a las entidades transportistas por su trabajo en la gestión de la seguridad vial, pero recalcó que “otras entidades que tienen un parque vehicular fuerte, realmente no lo gestionan”.

Rodríguez Fernández planteó que “otro elemento en el que tenemos que ganar mucho el año que viene es exigir la responsabilidad colateral o la responsabilidad del tercero en accidentes.

“Significa que si un medio de transporte se ve involucrado en un accidente y existieron condiciones que propiciaron la gravedad de ese accidente, porque el vehículo estaba en el lugar que no tenía que estar ni haciendo las funciones que tenía que cumplir, pues sencillamente usted, como administración, es responsable, porque tiene que tomar las medidas para saber dónde está el parque vehicular, y su responsabilidad no cesa cuando concluye la jornada laboral. Muchas veces nos desentendemos de eso; los fines de semana, durante los operativos que realizamos, nos encontramos un volumen importante de vehículos de estatales en funciones para las que no están diseñados y, en ocasiones, a sus conductores bajo los efectos del alcohol, y sus directivos están de espaldas a lo que sucede”.

El jefe del Órgano Especializado de Tránsito de la Dirección Nacional de la PNR señaló que continuarán enfrentando y adoptarán las medidas para que se cumpla lo establecido en la ley, “pero también estamos en la obligación de exigir la responsabilidad administrativa a aquellos que tienen que cumplir con la parte que le toca en la solución de esta problemática”.

Informó que se han adoptado medidas de carácter preventivo y de enfrentamiento también.

Al cierre de octubre de 2023 han sido aplicadas 630 000 multas de tránsito (de ellas, el 89% fueron efectivas).

Rodríguez Fernández recalcó que la cantidad de multas impuestas “no es una meta ni un plan, sabemos que en las redes sociales existe el falso criterio de que si el policía tiene una meta”.

Según el coronel de la PNR, “el policía tiene que aplicar las medidas de enfrentamiento que deriven de la situación que tenga en el área de vigilancia, no puede permitir la violación de la ley.

“Por tanto, la cantidad de multas impuestas por una autoridad depende de las violaciones que detecte. Nosotros soñamos con el día en que no tengamos accidentes. Ese será el día en que no haya que poner multas ni retirar licencias. Ese va a ser el día más feliz en la vida nuestra. Pero mientras existan los niveles de indisciplina de las personas que están ―como se dice vulgarmente― cazando al policía para si no está en el semáforo no respetar la luz roja o la luz amarilla y ver si pueden cruzar en el intercambio de luz, que no respetan el pare, el ceda el paso, que transitan contrarios; esas personas tienen que ser enfrentadas con rigor, porque están violando el derecho de otros y la ley es clara”.

La Ley 109, dijo, fue diseñada para que todos los usuarios de la vía la cumplan, y si todos la cumplen no tiene por qué producirse el accidente de tránsito.

Sobre la inscripción de ciclomotores

En su intervención, el coronel Mario Rivas Labrada, jefe del Departamento Nacional de Registro de Vehículos y Licencia de Conducción, se refirió al registro o inscripción de ciclomotores.

Rivas Labrada dijo que, a partir de la entrada en vigor del Decreto 320 de 2014, que autorizó la importación de ciclomotores eléctricos a personas naturales, se produjo un rápido crecimiento de estos vehículos.

“Por eso se decide inscribirlos, otorgarles su chapa y circulación”, afirmó.

Explicó que en 2019, el Minint emitió la Resolución 35, que rige este proceso, dividido en cuatro etapas: la primera, la inspección de los ciclomotores de combustión interna de personas naturales; la segunda, la inspección de los de combustión interna para personas jurídicas; la tercera, de los eléctricos de personas naturales, y la cuarta, de los eléctricos de personas jurídicas.

En las dos primeras etapas (entre 2019 y el inicio de la pandemia) se inscribieron cerca de 10 000 ciclomotores de combustión, y en la tercera etapa (en la que se encuentra el proceso), han sido inscritos cerca de 103 000.

“Es un proceso que continúa hasta el año próximo”, manifestó.

El jefe del Departamento Nacional de Registro de Vehículos y Licencia de Conducción explicó que en “esta creciente importación de medios” ingresaron al país lo que comercialmente llaman bicicletas eléctricas o bicimotos.

“Algunos en sus promociones en las redes dicen que no se necesita licencia, casco, ni chapa, lo que es una violación de la ley”, afirmó.

No obstante, “la Ley 109 define que un vehículo de motor es el que tiene propulsión propia. La ley agrupa esos medios en clases, que necesitan una categoría de licencia para conducir. Las clases van desde los vehículos más chiquitos, que son los ciclomotores y las motocicletas, hasta los más grandes, que son los ómnibus y camiones”.

Según Rivas Labrada, la ley establece que un ciclomotor es un vehículo de más de dos ruedas, que puede tener un motor de combustión interna (y una potencia de hasta 49 centímetros cúbicos) o uno eléctrico, que puede llegar a 1 000 W. Si supera esa potencia se considera una motocicleta.

“Cuando la ley clasifica el vehículo en ciclomotor o motocicleta ―señaló―, el conductor tiene que llevar licencia”.

Para un ciclomotor necesita la subcategoría A1, que se puede obtener con 16 años, y, en el caso de las motocicletas, precisa la categoría A, que autoriza a conducir ciclomotores.

El coronel explicó que hay bicicletas que “se llaman de pedaleo asistido, que no entran en este proceso. Son las que tienen un pequeño motor térmico de unos 250 W”.

Sin embargo, “no todas las llamadas bicicletas eléctricas o ciclomotores que tienen pedales son de pedaleo asistido. Pueden tener pedal, pero es un medio adicional, que, si usted tiene una emergencia, le permite llegar a un lugar para recargar la batería. Pero no significa que usted ande en una bicicleta. Para saber si anda en un ciclomotor hay una prueba sencilla. Si se desplaza sin que usted pedalee, es un ciclomotor: necesita casco, licencia y requerirá chapa”.

El jefe del Departamento Nacional de Registro de Vehículos y Licencia de Conducción se refirió al proceso de homologación ―que se rige por la Resolución 200 de 2021, emitida por el Mitrans― de los vehículos de motor, remolque y semirremolque, así como las transformaciones no autorizadas de los vehículos inscritos, que no estaban legalizadas en la Resolución 340 de ese ministerio, para su posterior inscripción excepcional en el registro.

“La resolución no se hizo para construir vehículos, sino para regularizar los que ya estaban construidos. Por eso se censaron, se les tiró fotos y empezó el proceso”, comentó.

Ese proceso está en su fase final. Rivas Labrada explicó que si se aprueba la homologación, las direcciones provinciales de Transporte emiten el dictamen técnico, que permite la inscripción del vehículo y la obtención de la chapa y circulación.

“Hay varios miles que tienen dictamen técnico y no han ido a inscribir el vehículo. Deben ir de inmediato porque cuando el proceso finalice no podrán circular sin chapa”, advirtió.

“El que no aprobó o no entró en el proceso ―señaló―, cuando termine no podrá circular. Es elegible, porque finalizó la excepcionalidad, para que se le aplique un decomiso”.

También mencionó que los vehículos no pueden circular con el cartel de “chapa perdida” o “chapa en trámite”.

Camagüey, sede de la edición 60 de la Jornada Nacional de Tránsito

El coronel Roberto Rodríguez Fernández, jefe del Órgano Especializado de Tránsito de la Dirección Nacional de la PNR, dijo que esta edición de la jornada, cuya sede es Camagüey, tiene como eslogan “Amor con seguridad vial”.

La jornada está organizada en tres momentos: en esta primera semana (5 de noviembre al 11) se desarrollan las actividades a nivel municipal, posteriormente comenzarán las actividades provinciales, y en la última semana (que concluye el 25 de noviembre) se celebrarán las actividades a nivel nacional.

El objetivo fundamental, dijo Rodríguez Fernández, es “desarrollar acciones que contribuyan a transformar las conductas negativas en el ámbito de la seguridad vial desde un concepto comunicacional que potencie el sentimiento de amor en la jornada”.

En la jornada se reconocerá a fundadores de la policía de tránsito, los conductores profesionales, a los medios de prensa, los organismos, las personalidades por “su meritoria contribución a la labor de la educación y prevención de accidentes a lo largo de estos 60 años”.

En video, la Mesa Redonda