Recordó que en la pasada sesión de la Asamblea Nacional se explicó que entre los objetivos del país está garantizar la estabilidad macroeconómica del país. “No podemos ver solo el déficit fiscal en un período de un año. Hay que rectificar la dinámica de crecimiento hacia una línea de reducción gradual”, dijo.

El ministro señaló que los ingresos no son suficientes para garantizar los gastos en que se debe incurrir.

“Eso es el déficit fiscal. El 63% de los gastos de este año están orientados a financiar programas de la investigación y la ciencia, la salud, la educación, la asistencia social y otros programas sociales. Aun cuando este año los ingresos son considerables, no son suficientes.

“Los compromisos del Gobierno con la sociedad no se pueden dejar de cumplir. En los últimos años, hemos acudido al sistema bancario. Es un proceso en el que hemos ido evolucionando, pasamos por contratos y financiaciones con los bancos comerciales y ahora implementamos los bonos soberanos de la República de Cuba, que permiten captar desde el sistema bancario los financiamientos para dar cobertura a la deficiencia de ingresos. Debemos comprometernos en la capacidad de asumir su devolución”, afirmó.

Según Regueiro Ale, hay una dinámica de crecimiento en ingresos, unos 339 000 millones de pesos, acompañado de un grupo de medidas, aprobadas en la Asamblea Nacional, para potenciar la recaudación, ajustes en las regulaciones tributarias y también mayores mecanismos de control.

Sin embargo, esa dinámica no se ha comportado en el mismo nivel que el crecimiento de los gastos, con una prioridad marcada en la que se logra movilizar más de 25 000 millones de pesos para el incremento de las remuneraciones en los sectores de salud y educación. 

También se han incluido adeudos con el sector empresarial, asociados a una medida vinculada a la contención de precios de importación para que no se trasladaran a la formación de precios vinculados con el consumo social o los alimentos de la canasta básica normada

Paralelamente, los subsidios a la electricidad son los más importantes por el número de personas beneficiadas, con más de 38 000 millones de pesos, una cifra que ha venido creciendo por la demanda y las condiciones en que se realiza la generación, incluido el precio de los combustibles.

“No podemos concentrarnos en el número del déficit. Aunque ese valor está establecido como máximo, no podemos ejecutar entre ingresos y gastos un resultado que sea mayor al déficit de 147 000 millones de pesos. Hay que optimizar gastos en el sector presupuestado y en el no empresarial que recibe financiamiento del presupuesto; usar con racionalidad los recursos financieros, precisar oportunidades en determinados procesos de inversión, evitar gastos superfluos. Trabajar sistemáticamente por potenciar los ingresos”, señaló el ministro.

Añadió que todos los responsables de presupuestos deben elaborar un programa de trabajo para potenciar los ingresos. “No es solo recaudar, sino también generar mayores ingresos”, recalcó.

El ministro recordó que la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) es un ente rector en lo que a déficit fiscal se refiere. Para el manejo del tema se aprobaron el Acuerdo 107 del Consejo de Estado y el 39 de la ANPP, que se han ido implementando y deben revertirse en una mejora de los presupuestos de los municipios, a partir de que se ha ido identificando nuevas fuentes de ingresos y, a la vez, gastos en los que no se debe incurrir, marcando prioridades.

“Hay un efecto muy nocivo de la financiación del déficit: cuando se hace con emisión de recursos, con un incremento de la liquidez que va a la economía. Es decir, cuando no está respaldado por mayores servicios o niveles productivos, tiene un efecto en el mantenimiento de la inflación y resulta en una disminución de la capacidad adquisitiva de la población. Por eso es una prioridad del Gobierno establecer un programa al respecto, con visión integral y acciones sostenidas en el tiempo”, dijo.

Regueiro Ale subrayó que, a diferencia de otros Gobiernos, que disminuyen el déficit fiscal quitando financiación a programas sociales, “hay un compromiso de nuestra política fiscal en respaldar las conquistas de la Revolución y mejorar la calidad de esos servicios”. 

En esta variable de ingresos y gastos, “donde entendemos que podemos ser más proactivos y concentrar esfuerzos es en generar más valor, tener más nivel productivo, mayor prestación de bienes y servicios; es decir, que crezca la economía y que haya mayor control, exigencia y gestión de los recursos”.

Al abordar el déficit fiscal como uno de los componentes del equilibrio macroeconómico al que debe aspirar el país, el ministro de Finanzas y Precios apuntó que “necesariamente, para lograr otros resultados, hemos tenido que actualizar los procedimientos de trabajo, conciliados con la Asamblea Nacional y todo su sistema.

“Este año logramos tener una notificación mucho más oportuna del presupuesto a provincias, municipios, organismos de la Administración Central del Estado y todas las asociaciones vinculadas con financiamiento presupuestario.

“Es un proceso que lleva etapas de capacitación, porque se elaboran directivas para ir marcando las prioridades en cada año, en vínculo con el plan de la economía. Esto comienza desde el primer semestre y ahora mismo estamos inmersos en ese proceso con vistas a 2025: se van marcando prioridades, concretando directivas y se capacita a todos los involucrados.

“Algo novedoso es que incorporamos una modificación que nos ayuda a validar el presupuesto. Antes correspondía al ámbito administrativo, los Consejos de Administración, la elaboración de esa propuesta; desde el año pasado, corresponde a las asambleas municipales presentar el proyecto que se lleva al Ministerio de Finanzas y Precios. 

“Eso permite que el proceso sea mucho más participativo, con más vínculo de delegados, las comisiones de trabajo de las Asambleas Municipales; que sea mucho más coherente lo que se está proyectando como ingreso con la estrategia de desarrollo territorial, con las peticiones, las demandas, los reclamos expresados en los espacios que tienen los delegados. Permite mayor participación.

“No es perfecto, es algo que hemos iniciado en los últimos periodos y se irá consolidando orientado en el principio de participación. Porque cuando tenemos mayor vínculo de la población, de las instituciones, de todos los actores en un territorio para la construcción del presupuesto, hay más compromiso y se asegura más control popular. Es la población la prioridad en recibir esos servicios, y la que mejor puede juzgar su calidad, los términos en que se están prestando”.

Continuando con el tema de la participación, el ministro consideró que “sin desconocer que estamos en una mejor situación –se traslada más información a la población; el uso que tenemos, también, de los medios de prensa y los portales de gobierno–, aun así no llegamos con toda la información, con la oportunidad, y no se logra que haya una retroalimentación para poder evaluar este avance”.

Explicó que hay otras actualizaciones y otros mandatos. “Nuestro ministerio tiene que presentar el estado de ejecución del presupuesto mensualmente ante el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros e informar en qué situación está el comportamiento del déficit fiscal, para tomar decisiones, ir haciendo los ajustes que correspondan. 

“De hecho, como medida específica para este ejercicio fiscal, se restringieron las facultades del Ministerio de Finanzas y Precios para la redistribución de los recursos, con vistas a que todo ahorro, toda potenciación de ingresos o inejecución de gastos tengan como prioridad mejorar el resultado presupuestario”.

Apuntó que “hay más responsabilidad, pero es una responsabilidad compartida. Aunque lo plantea el decreto ley de administración financiera del Estado, se ratifica en la ley del presupuesto anual que la primera responsabilidad es la del titular del presupuesto al que se le asignan los recursos, de hacer un uso racional, de revisar las prioridades en los gastos, y también de nuestro sistema empresarial y todos los actores económicos.

“¿Cómo participa cada uno?, generando riqueza, con mayor producción, mayores servicios, a partir de lo cual podemos captar impuestos que están asociados y generar más recursos para el presupuesto de la nación”.

Regueiro Ale explicó que la posibilidad de actualizar estos procedimientos “nos ha puesto, como ministerio, en la capacidad de dictaminar cada presupuesto municipal. En esto vamos ganando experiencia también, con nuestros técnicos, especialistas, grupos de trabajo que se van especializando por sectores económicos. Es un proceso que está en construcción, que se va enriqueciendo”.

Reconoció que “nos falta aún. Es algo que estamos planteando como prioridad para la ejecución de este ejercicio y en la proyección para 2025: tener mayor coherencia en la proyección del plan y el presupuesto en relación con la estrategia de desarrollo de cada municipio. Que podamos, realmente, movilizar toda la capacidad financiera y económica de un territorio para su desarrollo. Ahí tenemos una deuda, en eso tenemos que seguir insistiendo, porque ahí está la capacidad de ir potenciando nuestra economía. Y en eso, el presupuesto puede ayudar como herramienta de financiación de los proyectos”.

En su opinión, “se ha potenciado la rendición de cuenta que tienen que hacer los titulares de presupuestos, nosotros como Ministerio de Finanzas y Precios ante las autoridades del Gobierno y la propia Asamblea Nacional. Hay acuerdos, según los cuales tenemos que rendir cuenta y hacer las propuestas para los ajustes que correspondan en el ejercicio fiscal. Hay una atención muy marcada sobre cómo evoluciona el déficit fiscal”.

Como resultados del primer trimestre del año, mencionó que lograron “enmarcarse” en el déficit planificado para este ejercicio, y que se han identificado inejecuciones de gastos y se ha alertado a los Gobiernos en las inejecuciones de gastos para programas priorizados (atención a la dinámica demográfica, hogares de ancianos, madres con tres hijos o más, entre otros).

“Reconocemos que hay limitaciones en el aseguramiento técnico-material de estos programas”, señaló

Agregó que, no obstante, se ha identificado la necesidad de revisar con mayor detalle el uso de determinados financiamientos descentralizados de los territorios, como los que derivan de la aplicación de la contribución territorial para el desarrollo local.

“”Existen muchas reservas en esa capacidad de supervisión de los recursos del presupuesto”, sostuvo el ministro.

Informó que en los territorios persisten decisiones en las que no se logra orientar el mayor porcentaje de los recursos de la contribución hacia proyectos o programas que generen más empleo, producciones, que estén vinculados con la generación de riqueza.

“Se orientan a otras cuestiones que también son necesarias, pero no están en la prioridad del desarrollo de ese territorio”, precisó.

Nos falta supervisión –insistió–, “pero para eso estamos diseñando las líneas de actuación que permitan rectificar cuáles son los marcos de actuación y decisión que tienen los Gobiernos locales en ese sentido”.

En cuanto al nivel de desarrollo de los territorios y los criterios de asignación de los recursos presupuestarios, explicó que “no podemos desconocer que hay diferencias y distintos niveles de desarrollo económico entre nuestros municipios. Por eso, hay políticas particulares para la ruralidad”.

Lograr una transformación de resultados presupuestarios “tiene que estar en una política y en un programa”, dijo, y agregó que hay una indicación de la Asamblea Nacional para que las autoridades en cada territorio, movilizando a todos los actores económicos y con un estudio de sus capacidades, puedan potenciar sus ingresos y optimizar los gastos.

“Eso va a derivar en un mejor resultado presupuestario y reducir el déficit”, aseguró el ministro de Finanzas y Precios.

Puntualizó que no todas las entidades de un territorio son de esa subordinación. Las empresas nacionales generan aportes al presupuesto que, a través de los ingresos participativos, se redistribuyen hacia las provincias y municipios. “Es una forma de equilibrar el desarrollo de los territorios”.

El ministro aclaró que lograr una autonomía y favorecer la descentralización de facultades de un territorio tiene que estar respaldado por mayor capacidad fiscal y autonomía financiera. “Hay una responsabilidad de las autoridades locales de promover esa autonomía financiera. Corresponde a los organismos globales mejorar y proponer una actualización del marco normativo”.

Regueiro Ale abordó los impuestos sobre las utilidades y los ingresos personales.

Informó que vencieron los periodos establecidos para presentar la declaración jurada.

“Los resultados en términos de presentación son muy superiores a los de años anteriores. No solo por los porcentajes, sino porque este año enfrentamos una campaña con un potencial de contribuyentes mayor (se han incorporado nuevos actores económicos, fundamentalmente trabajadores por cuenta propia y las mipymes)”.

Los nuevos contribuyentes, dijo, requirieron mayor atención de la administración tributaria.

Destacó las facilidades de pago incorporadas para favorecer el cumplimiento.

“Ha distinguido esta campaña la posibilidad de realizar la presentación de la declaración jurada de forma digital. Eso permite dinamizar la relación del contribuyente con la administración”.

En el caso del impuesto sobre utilidades para las personas jurídicas, se registró un 99.8% de presentación. Solo quedaron pendientes de presentar 34 contribuyentes.

Aclaró que, transcurrido un mes, ha habido una acción de corrección de esos incumplimientos.

“Estos resultados se han logrado por la integración y el respaldo que hemos tenido de los Gobiernos locales y otras organizaciones”.

Eso implica, dijo el ministro, que hay mayor reconocimiento de las autoridades y Gobiernos locales en esa responsabilidad de gestionar los ingresos.

Recordó que el año pasado, en las personas jurídicas, de un potencial de 9 000 contribuyentes se logró un 99% de presentación.

Este año, destacó, con 14 370 contribuyentes (47% superior al año pasado), se logró un resultado de 99.8% de presentación.

En el caso de los impuestos sobre los ingresos personales –fue más compleja su gestión, pues se trata de un potencial de 559 000 contribuyentes, entre los que se incluyen los productores agropecuarios individuales, trabajadores por cuenta propia, artistas–, se alcanzó el 100% en 11 provincias e Isla de la Juventud.

“El incumplimiento quedó cerrado en aproximadamente 3 000 trabajadores por cuenta propia, unos 800 artistas y 99 trabajadores de firmas extranjeras. Un número muy reducido”.

El ministro puntualizó que los resultados obtenidos son una evaluación en términos de presentación de la declaración jurada.

“Ahora se abre una etapa de fiscalización o control extensivo de todas estas declaraciones, que consiste en comprobar que los números reportados como ingresos, los gastos y el cálculo del impuesto son correctos”.

De acuerdo con Regueiro Ale, el primer escalón de control empieza con las formas de gestión no estatal que han reportado que tienen pérdidas o no han realizado operaciones.

“Identificamos mipymes que estaban reportando pérdidas del año anterior. Las pérdidas pueden ser estacionales, pero sabemos que en estos negocios y las formas en que están operando es poco probable que con una adecuada contabilización se esté incurriendo en pérdidas”, dijo.

Aclaró que cuando les ha faltado la fuerza calificada, han acudido a fórmulas novedosas de asociarse y contratar el servicio de entidades especializadas.

Con el cierre de las utilidades, se han identificado 608 mipymes con pérdidas, informó el ministro. “Hemos avanzado en esa fiscalización caso por caso, con sus estados financieros”.

En algunos casos, señaló, hay errores claros de la contabilización, incluso cuando se reporta contratación de servicios de otros actores económicos.

Los que no presentaron su declaración, alrededor de 4 000, puntualizó el ministro, entran en la categoría de comisos, y se concentran en La Habana, Matanzas, Camagüey y Villa Clara.

“En todos los casos, hay una orientación de lograr mayor rigor y sistematicidad en el enfrentamiento a estas indisciplinas”.

“Tenemos que discernir qué corresponde a un error y qué a una mala práctica de contabilización. En esos análisis adoptaremos las conductas que corresponden en cuanto a la trascendencia de reclamar qué es, en primer término, lo que tiene que ocurrir: esta diferencia a favor del presupuesto.

“¿Qué pasa con los que no fueron a declarar? Bueno, esos 4 000 están en una categoría que conocemos como ‘omisos’, es decir, omitieron el deber de presentar la declaración. Son aproximadamente 4 000 contribuyentes que se concentran en La Habana, Matanzas y Camagüey. En Villa Clara también se han identificado”, precisó.

Informó que están siendo requeridos para imponer las multas que corresponden, por no presentar la declaración, y son los primeros que están en el proceso de la fiscalización, o sea, “comprobar con información que podemos obtener de otros registros, su cuenta bancaria, todo el estudio que se realiza para caracterizarlos y exigir el pago de estos tributos.

“Es posible también, porque no hemos cerrado esta estadística, que algunos de estos casos que tenemos pendientes tengamos que depurarlos del registro, porque no hayan hecho oficial la baja del registro de contribuyentes o alguna otra cuestión. Pero esos serían los menos”.

El ministro aseguró que, en todos los casos, “lo que hay es una orientación de política de actuación de que tenemos que lograr mayor rigor y mayor sistematicidad en el enfrentamiento a estas indisciplinas, porque ese tratamiento diferenciado entre quienes tienen indisciplina y quienes cumplen sus obligaciones, también es un tratamiento más justo en la implementación de la ley, y a los ciudadanos que están respondiendo y que está realizando el aporte”.

El ministro señaló que actualmente transcurre la fase inicial del proceso de fiscalización.

“Es un proceso que tiene la complejidad de un ejercicio de control y que demanda mucho tiempo y trabajo técnico, pero estamos incrementando las capacidades en cada oficina de administración tributaria, organizando procesos regionales, conforme a la fuerza de trabajo que tenemos. Es nuestra responsabilidad identificar el incumplimiento y exigir que se aporte lo que corresponde al presupuesto del Estado”, dijo.

Sobre la evasión fiscal, y las formas sofisticadas que se han detectado, Regueiro Ale comentó que es cierto que hay una dinámica de perfeccionamiento de los ardides o malas prácticas en la contabilidad, hasta la ingeniería financiera, para burlar al fisco.

“Eso existe, pero también vamos perfeccionando nuestros procedimientos de trabajo. No es arbitrario, sino que está bien estudiado, se corresponde con las prácticas internacionales de los sistemas tributarios modernos, que la Administración Tributaria, en este caso la ONAT, dispone de un término aproximado de cinco años para realizar una fiscalización de todos los ejercicios económicos del contribuyente, porque lo cierto es que no hay una exactitud en el número de auditores, fiscalizadores, que se corresponda con el incremento de los contribuyentes como en el sector no estatal.

“Decimos que estas desviaciones pueden estar presentes también en el sector estatal, es decir, en todos los contribuyentes. Por eso se dispone de un término considerable para ejercer el control fiscal y estamos perfeccionándonos también en este sentido”, afirmó.

Recordó que el año pasado fue un año donde todavía el cumplimiento o la aplicación de las normas tributarias en los actores económicos no estatales y estatales estaban caracterizados por un amplio nivel de exención fiscal, que no es lo que transcurre en este año. 

“Entonces, hay que comprobar más, hay que verificar más, porque también hay cálculos elementales y vemos la brecha de cumplimiento que ha transcurrido. No lo podemos obviar, y tiene que ver con el presupuesto”, dijo.

“No decíamos en vano ante la Asamblea Nacional que la Administración Tributaria realizó una actualización de su programa integral de control tributario, marcando prioridades, actualizando procedimientos, y con indicadores que son supervisados, no solo por la oficina nacional, sino también desde el ministerio, y sobre los cuales, integrados en ese seguimiento de gobierno que se da, tenemos que dar cuenta sobre este tema.

“Se ha iniciado esa etapa, se ha captado información desde las operaciones de importación, tenemos más intercambio de información con las operaciones bancarias y sabemos que hay también operaciones que no pasan por banco. Pero entre la facturación de determinados productos que se han adquirido, y las salidas que se tienen como venta reportada, hay distancias que se tienen que justificar”, insistió Regueiro Ale.

Sobre violaciones como la de ofrecer el QR de la tarjeta personal en lugar de brindar el pago en línea, dijo que esas desviaciones de dinero de los negocios hacia las cuentas particulares son detectables.

“Nosotros no hemos implementado con la eficacia, con la eficiencia que se requiere, todo el procedimiento de enfrentamiento a ese tipo de violaciones”, dijo, y agregó que el marco normativo establecido, tanto por el Ministerio de Finanzas y Precios, en cuanto a la habilitación y manejo de las cuentas bancarias fiscales, la resolución del Banco Central de Cuba que da soporte a todo el necesario proceso de bancarización, uno de los beneficios que tiene es el mejor control de la operatoria, o sea, en función de la fiscalización de todas estas operaciones.

“También están las regulaciones del Ministerio de Comercio Interior para el uso de las plataformas digitales, en eso hay un alto nivel de violaciones, y se han creado facilidades tales como las conducidas por el Ministerio de Comunicaciones, de favorecer, facilitar la habilitación de los códigos QR en los Joven Club, para acercar este servicio desde la Oficina de Administración Tributaria a las bancarias, pero ha sido insuficiente.

“Hoy hay un nivel de incumplimiento del cual tenemos claridad, sobre cómo enfrentarlo, y de hecho, creo que también debe servir de apercibimiento a los contribuyentes que incurren en estas malas prácticas, de que una de las causales, o uno los indicios de que se está vulnerando el fisco, o sea, de que hay una conducta de evasión fiscal, es el incumplimiento de reportar, remitir, hacer transitar los recursos que se obtienen, de que se operen esos negocios, a través de sus cuentas bancarias fiscales”, señaló.

De acuerdo con el ministro, la Oficina de Administración Tributaria tiene indicaciones desde el Ministerio de Finanzas, conforme a la Ley Tributaria, conforme al Reglamento de la Ley, el Decreto 308, de cómo actuar en estos casos.

“Progresivamente, según desarrollemos esa capacidad, pero con la inmediatez y la urgencia necesaria, tenemos todo un programa de enfrentamiento. No pasar los recursos por la cuenta bancaria fiscal, eso es un indicio de evasión tributaria.

“Toda persona debe de justificar su patrimonio, y el incremento que tiene de su patrimonio. Y cuando hemos enfrentado algunos casos, a veces se justifica como “estoy devolviendo un préstamo”. Ese préstamo no está oficialmente, digamos, documentado. Y lo otro, hay que decir quién ha realizado el préstamo, cuál es el origen de los fondos…  Esto, poco a poco, pero también con inmediatez, lo estamos combatiendo, porque, en definitiva, combatir el déficit fiscal es responsabilidad de todos, de las instituciones, del Gobierno en conducir este programa, pero también de los actores económicos”, aseguró.

En ese sentido, insistió en que se trata de todos los actores económicos, “ porque hemos visto también que se han integrado las Mipymes, los trabajadores por cuenta propia, nuestras empresas y eso es favorable, satisfactorio cuando se realice el cumplimiento de todas las obligaciones”, dijo.

Ejemplificó que son varios los casos, lamentablemente, donde, incluso habiendo sido apercibidos, determinados contribuyentes, “sean titulares de Mipymes, sean trabajadores por cuenta propia, pero que tienen una deuda con el presupuesto, no pueden realizar determinados trámites migratorios o salir del país, hasta que han cumplido con esta obligación”.

“Ha sido necesario interrumpir ese movimiento, esa salida, hasta que cumpla con su obligación. La libertad de movimiento es un derecho, esto está condicionado a que se cumpla con esa alta responsabilidad social que es el pago de su tributo.

“Estamos conscientes, primero, de la brecha que existe, de este incumplimiento. Pero, también, estamos conscientes del compromiso que tenemos con nuestra población, con nuestra sociedad, en enfrentar y reforzar ese valor social de cumplir con los aportes al sostenimiento de todos los gastos sociales, porque esta sociedad es inclusiva, es para todos, para el bien de todos. Y esos derechos, que es de los que disfrutamos, también están soportados en un deber de nuestra Constitución, de, conforme cada uno a su capacidad económica, a sostener los gastos en nuestra sociedad”, afirmó.

En su opinión, hoy hay una mejor declaración, hay una mayor contribución, aunque todavía hay que saber qué calidad tiene esa contribución. 

“Es una dimensión importante. Por ello estamos enfocados en la evolución de  todos los programas para mejorar el déficit fiscal, estamos incorporando esta variable de crecimiento en los ingresos que va a estar marcada por una mejor gestión y control de las obligaciones con el presupuesto.

“Están los programas de acción, la capacitación, la preparación para la Administración Tributaria y, sobre todo, un chequeo efectivo a nuestros funcionarios, a nuestros directivos, desde la Administración Tributaria, que, en su actuación, tiene la indicación también de convocar a otras instituciones que pueden favorecer el cumplimiento”, dijo.

De acuerdo con Regueiro Ale, en números, puede mencionarse, por ejemplo, el caso de Pinar del Río,donde en este año ya hay una determinación de 19 millones de pesos. “Y es cierto, tenemos esos 19 millones de pesos, se van a cobrar, y son ingresos que no entraron oportunamente para financiar los gastos que estaban planificados en ese territorio. Pero, ya a la fecha del cierre del mes de abril, se han realizado determinaciones de deudas por 300 millones de pesos. El número puede parecer que es un número grande, ¿verdad? Que progresivamente hemos incrementado las determinaciones y el cobro de esa deuda, pero la brecha es importante, e insistimos en eso, porque en ello va también la responsabilidad que tenemos en enfrentar”, señaló.

Si se hiciera un balance preliminar de las medidas que, en el orden financiero, se han ido adoptando, “debemos decir que están enfocadas en crear mejores condiciones para reanimar nuestra economía, pero tienen una aplicación gradual y están condicionadas a que estén precisamente todos los elementos que faciliten su aplicación, y con ellas tener, en los casos que corresponda, una atención, un tratamiento diferenciado a las personas que requieran, por su condición de vulnerables, que no tengan la capacidad de asimilar esta proyección”, enfatizó.

“Las que hemos avanzado en estos momentos y vinculan a nuestro Ministerio, están vinculadas, precisamente, a cuestiones de precio. Pero también podemos decir, en una proyección general, que todo lo que estamos haciendo en relación con el control tributario favorece potenciar los ingresos a partir de una estrategia y de un programa de control sistemático y más riguroso de control”, añadió.

“Todo eso contribuye a reducir el déficit fiscal”, dijo.

Hay otras proyecciones que hemos ido explicando en diversas comparecencias y que están vinculadas con la actualización de los aranceles, orientadas en dos sentidos: en dar una protección a las producciones nacionales que tienen presencia en nuestros mercados, y favorecer, como estrategia, como incentivo, a esas producciones, destacó el ministro.

Según Regueiro Ale, fue por eso que se incrementaron las tarifas arancelarias para las importaciones de rones, aguardiente, tabaco, cigarros, que son rubros exportables, incluso, en nuestra economía. De otra parte, dijo, un incremento en el arancel de la cerveza. Apuntó que estas proyecciones llevan un monitoreo, también, en relación a los aranceles.

“Se aprobó una reducción en un 50% de las tarifas arancelarias para la importación de insumos y de materias primas a procesos productivos, sobre todo, vinculados a la producción de alimentos. Esto podemos comentar, a modo de actualización, que hemos recibido 50 solicitudes, exactamente, para este arancel reducido, donde hay una presencia importante de las formas de gestión no estatal.

“El impacto, sacrificio de la medida es que ha presentado un ajuste de más de cinco millones en reducción del arancel, y la generalidad ha estado vinculada a producciones de alimentos.Ello lo hemos comprobado a través de todo el sistema de inspección aduanera, con la participación de nuestros especialistas, en seguir la ruta desde la importación hasta el destino de esas materias primas, de esos insumos, para que realmente se revierta en un beneficio de esa producción”, dijo.

Refirió que se siguen estudiando también los alcances de esta proyección, porque el objetivo es favorecer la producción nacional, incentivar los encadenamientos productivos, en esta línea de los aranceles.

Regueiro Ale agregó que están las otras proyecciones relacionadas con la necesaria actualización de determinados precios.

En ese sentido mencionó el incremento en la tarifa eléctrica para determinados niveles de consumo. “Es una medida para un nivel reducido de los consumidores, más en estas condiciones en que se está garantizando la generación eléctrica en nuestro país y por la importancia del tema del ahorro, y de incidir por todas las vías posibles, en que tengamos esa conducta que favorezca el ahorro.

“Se aplicó, y apreciamos que ha habido un entendimiento por los propios consumidores en este sentido”, consideró.

Entre las otras proyecciones mencionó la vinculada con la actualización de los precios minoristas de los combustibles. “Esto nos ha ubicado en una paridad, en una similitud del precio de este combustible, que vino acompañado también con una actualización o la habilitación de una red en la comercialización en divisas del mismo, y son algunas de las medidas en las que hemos venido participando en su implementación.

“Las dos más recientes, están vinculadas con la actualización de los precios minoristas de los cigarros. Dicha actualización que ha tenido proyección en dos espacios: primero, en el mercado regulado, el que se garantiza con esa distribución a través de las bodegas, es decir el sistema de comercio minorista, que fue donde hubo una intervención, una fijación de esos precios por el Ministerio de Finanzas; y también eso trascendió por precio de referencia por las otras entidades que realizan la comercialización de esos productos, a veces similares, pero con otras características, de la envoltura, de tener filtro, y estos cigarros se comercializan también con otros precios actualizados”, comentó el ministro.

“Realmente, estamos hablando de un consumo que no es básico, que normalmente está asociado, en todos los sistemas tributarios, en todos los temas presupuestarios, con impuestos especiales que no solo tienen una finalidad recaudatoria, sino también de salud, de ajustar el consumo, porque sabemos también los volúmenes de recursos que se deben movilizar para atender programas de salud asociados al cáncer que provocan estos consumos”, dijo.

La medida más reciente,refirió, es una actualización de los precios minoristas de todos los productos de la medicina natural y tradicional.

“Es un programa que también estamos favoreciendo, estamos garantizando la sostenibilidad del mismo, cuando hemos actualizado esos precios que reconozcan el incremento que ha tenido el precio de la masa vegetal que producen los productores agropecuarios individuales, los costos también de los insumos de todos los reactivos en todos estos dispensarios. Esto tuvo capacitación y, sobre todo, un elemento que es donde se concreta esa dimensión humanista y es la identificación, a través de los trabajadores sociales de las áreas de salud, de la población que requería una atención diferenciada, que hoy un número de ellos ya la recibe con el control que se tiene en estas áreas de salud, en medicamentos que reciben a precios diferenciados, incluso de forma gratuita”, explicó.

El ministro comentó que una vez que se contó con esa actualización, fue que se procedió a actualizar estos precios, “y todavía continuamos revisando estos temas porque sabemos que es un programa que no está desarrollado en todas sus capacidades, en todas sus potencialidades. Los efectos, en este en específico, ha sido una reducción de los financiamientos generales a todos esos precios subsidiados del programa, y entonces una movilización de recursos que va dirigida a las personas que realmente lo requieran. Son proyecciones de una implementación reciente. Tenemos que continuar evaluando los impactos que tienen las mismas”, dijo.

“Como se explicó abiertamente de forma transparente en nuestra asamblea, son más proyecciones, algunas que tocan o incentivan todas las capacidades productivas, otras más complejas vinculadas a todo lo que tiene la dimensión monetaria. Ratificamos que oportunamente se va a informar a nuestra población sobre la implementación de cada una de ellas”, señaló.

“Todo lo que hemos hecho novedoso, incluso en tema de regulación, concertación y control de precios, es insuficiente para lo que nos está demandando nuestro pueblo. Queda mucho por hacer”, reconoció.

“Nosotros tenemos que tener mucho más rigor y, sobre todo, sistematicidad. Es cierto que nos corresponde, desde el organismo, la responsabilidad  de la conducción metodológica de estos procesos. Pero nosotros tenemos que lograr implicar a la población también en el combate, en el enfrentamiento de todos estos precios.

“Es cierto que hay precios que son más altos y tienen una justificación en el crecimiento de los productos importados, en todos los gastos en lo que se incurre. Pero también tenemos que reconocer, y estamos insatisfechos con el trabajo que se ha hecho y la conducción y la sistematicidad en este sentido, de que hay especulación y hay precios que son totalmente irracionales. El pollo, por ejemplo, es un producto básico de la población que se está moviendo. También es una de las afectaciones que tenemos, que en su conformación se está tomando como referente esta tasa del mercado ilegal y está marcado por ese nivel de especulación. En esto, tenemos que poner más control”, enfatizó.

“Hay un grupo de propuestas que se han venido presentando al Gobierno para poder concretar una actuación efectiva y que tenga el reconocimiento popular, como realmente se requiere, porque todos tenemos que incidir en eso”, dijo el ministro.

“Estamos claros de que una disminución de los niveles de precios que favorezca el poder adquisitivo de la población, lo vamos a lograr de manera sostenible con más producción y con más servicios. Pero, entre tanto, hay que fortalecer las regulaciones de control. Y eso tenemos que reconocerlo así, como una insatisfacción que tenemos ante la responsabilidad con nuestro pueblo”, concluyó.

En video, la Mesa Redonda