Por: Randy Alonso Falcón, Oscar Figueredo Reinaldo, Lisandra Fariñas Acosta y Claudia Fonseca Sosa

Desde el pasado 2 de diciembre tiene lugar en el país el Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento a las actividades delictivas, conductas antisociales, la corrupción, las ilegalidades, las indisciplinas sociales y otros fenómenos nocivos dirigido por el Partido, el Gobierno y el Ministerio del Interior.

Sobre su desarrollo y resultados conversaron este viernes en la Mesa Redonda el ministro de Finanzas y Precios y representantes del MININT, la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Popular.

Al intervenir en el espacio televisivo, la Coronel Deniset González, jefa de información y análisis de la jefatura de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), apuntó que durante el contexto del ejercicio nacional, un grupo de acciones que se han ejecutado esta semana son continuidad de tareas que se han estado desplegando durante períodos anteriores, y las cuales el Minint viene ejecutando en territorios, consejos populares, comunidades…

“En sectores donde hemos identificado alta incidencia de conductas anteriormente descritas. Por ende, cuando el ejercicio concluya, un grupo importante de estas acciones tendrán continuidad como parte del trabajo”, dijo.

Explicó que desde el inicio del ejercicio se han realizado algo más de 800 operativos y cierres policiales. Por ejemplo, en las principales arterias de la ciudad, las vías de acceso a través de los puntos de control, en algunos tramos de carreteras y de la autopista nacional, donde se han identificado presencia de ilegalidades.

“Se han desarrollado más de 4 000 acciones preventivas, profilácticas, que conllevaron el traslado a estaciones de policía de  más de 3 300 personas implicadas en delitos e ilegalidades”, informó González.

Agregó que se han desarrollado un grupo de juicios ejemplarizantes en todos los tribunales provinciales. También se han organizado equipos de trabajo de conjunto con la Fiscalía, se han evaluado procesos penales para agilizar la conclusión, y evaluar la conveniencia de realizar estos juicios.

Otra tarea prioritaria subrayó la  jefa de información y análisis de la jefatura de la PNR, está relacionada con el tema de la droga.

“En este ejercicio se han culminado procesos investigativos, han sido detenidas personas implicadas, se incautó un grupo importante de dinero, bienes adquiridos como resultado de estas actividades, y se han incautado también un grupo de cannabinoides sintéticos. En todos estos casos los implicados están detenidos y continúan las investigaciones para ampliar posibles cadenas delictivas, identificar modos operandi y cortar aquellas cadenas de suministros que puedan seguir afectando a nuestra sociedad”, señaló.

­“Hemos llegado a comunidades, pero sobre todo la mirada ha estado enfocada en los centros escolares, por las afectaciones que hemos tenido en estos segmentos. La fortaleza de estas acciones ha estado en el enfoque multifactorial y el abordaje integral. Se ha contado durante el ejercicio con la participación de Educación, Salud, los CDR, el Inder, la FMC, y el sector de la Cultura…”, dijo.

González refirió que como parte de las capacitaciones se han preparado los miembros de los destacamentos Mirando al Mar.

Añadió que la continuidad de acciones de control para el uso y control de la tierra y manejo de la masa ganadera permitió que se identificaran irregularidades a poseedores y tenedores de ganado mayor. Han sido atraídos a procesos penales más de 100 ciudadanos involucrados con el hurto y la receptación de ganado mayor, informó.

En cuanto a las violaciones de precios, la coronel explicó que se han ejecutado alrededor de 1500 acciones que han permitido determinar irregularidades. Han sido llevados a procesos penales 50 ciudadanos, entre trabajadores y propietarios de entidades no estatales; otros 15 fueron advertidos y más de 900 fueron multados, dijo.

Refirió que en las entidades estatales visitadas se han identificado 900 no conformidades, asociadas fundamentalmente al incumplimiento de sistemas de protección, incumplimiento o abandono de la guardia obrera. También otras irregularidades de carácter organizativo.

En el caso de la delincuencia se han adoptado acciones para fortalecer el control sobre los reclusos que salen de pase, los que están contratados en brigadas, los que extinguen sanciones en libertad, y los procesados por modalidades priorizadas que hoy se encuentran en libertad, señaló.

González destacó que como parte de las acciones de prevención se han hecho recorridos y visitas a lugares donde se han identificado concurrencia de menores y jóvenes, y se han detectado algunos de ellos en indisciplinas que rozan en algún momento con conductas de ilegalidades y delitos, lo cual se viene estudiando por un grupo multifactorial para evaluar las acciones a adoptar, tanto con los representantes legales de esos menores como con los propios menores.

“Lo importante es que se ha organizado un sistema de trabajo que abarca acciones desde la escuela hasta la comunidad”, dijo.

Además, se han desarrollado otras acciones y eventos con administradores de entidades económicas y de comercio interior, con particularidad con los administradores y el personal que labora en las bodegas y en los puntos de gas, refirió.

Otra de las prioridades, sostuvo, ha estado dirigida a erradicar causas y condiciones que provocan accidentes de tránsito. Como resultado de las acciones en la vía se han impuesto más de 5 000 multas, se retiraron un grupo de matrículas, de licencias de conducción y de circulación.

Fiscalía: Hay que dar una respuesta contundente a la corrupción, al delito y a los delincuentes

Por su parte, el vicefiscal general de la República de Cuba, Marcos Caraballo de la Rosa, destacó que el actual ejercicio permitió evaluar la cohesión entre los diferentes organismos en el enfrentamiento al delito, las indisciplinas sociales y la corrupción.

“Dimos una respuesta contundente para preservar una de las conquistas más preciadas de la Revolución: la tranquilidad ciudadana”.

Recordó que la labor fundamental de la Fiscalía, establecida en la Constitución de la República, es ejercer el control de la investigación penal, así como velar por el irrestricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y disposiciones jurídicas por parte de los órganos del Estado, las entidades y los ciudadanos.

“El enfrentamiento al delito y la detención de los delincuentes también implica que debamos revisar y controlar procesos, imponer medidas cautelares y garantizar que se cumpla el debido proceso durante la tramitación de esos asuntos”.

Destacó que la Fiscalía otorga un papel fundamental a la labor preventiva, a partir de la elevación de la cultura jurídica del pueblo, así como contribuyendo al respeto de la legalidad socialista. “También velamos por el cumplimiento de las normas de convivencia social y el respeto a las autoridades”.

Caraballo de la Rosa mencionó que durante el ejercicio se potenció el control penal a partir de la revisión de más de 1,900 expedientes en fase preparatoria o atestados. “Esto permitió culminar un grupo de expedientes y avanzar en las fases siguientes del proceso”.

Informó que se presentaron 527 expedientes en fase preparatoria a los tribunales para solicitar la apertura del juicio oral. “Se comprobó el cumplimiento por parte de los órganos de investigación de los plazos y términos procesales, adoptando los pronunciamientos que correspondan”.

En este periodo, se impusieron más de 300 medidas cautelares, de las cuales el 83% correspondió a prisión provisional por delitos que son prioritarios en la cotidianidad, como el enfrentamiento a la droga y la corrupción. “Hay que dar una respuesta contundente a la corrupción, al delito y a los delincuentes, porque son conductas que afectan de manera directa la seguridad nacional de este país”, afirmó.

Sobre estos asuntos, dijo que se lograron concluir varios procesos asociados a la corrupción de gravedad, “que incluso son controlados por la dirección del país”.

“Se pusieron en manos de los tribunales cuatro casos, en los cuales estamos participando en los juicios, como es habitual, para que haya una respuesta penal en correspondencia con su gravedad y con las características de las personas involucradas”.

“Estamos hablando de procesos de corrupción donde están involucradas muchas personas, algunos con cadenas delictivas, incluyendo a directivos, funcionarios, trabajadores y otros que se pusieron de acuerdo para apropiarse de los bienes, recursos financieros y materiales necesarios para el desarrollo del país”, agregó.

Otra de las prioridades ha sido el enfrentamiento a los delitos que afectan el sistema eléctrico nacional. “Se han presentado casos de sustracción de aceite dieléctrico. Independientemente del hecho de apropiación que genera un lucro para los autores, también hemos indicado a nuestros fiscales, de acuerdo con nuestra política penal y sin violar lo establecido, abordarlos como delitos de sabotaje”.

Aclaró que el delito de sabotaje no es cometido solamente por quienes tienen la intención directa de provocar daño en el equipo, sino también por quienes actúan a sabiendas de los resultados que pueden producirse. “Quien lo hace sabe que no solo puede provocar el colapso de ese equipo, sino también los efectos que produce en momentos de contingencia energética para la comunidad”.

En otro momento del programa televisivo, el vicefiscal general de la República dijo que su organismo también vela por el cumplimiento de las normas de las proyecciones de gobierno para corregir las distorsiones y reimpulsar la economía. “Durante el ejercicio se realizaron 303 acciones de control como continuidad de la verificación fiscal. Se impusieron 236 multas, por un valor de 2,186,041.11 CUP. Además, se impusieron 15 obligaciones de hacer (depósito de ventas de días anteriores, retiro de la venta de productos vencidos, utilización de pasarelas de pago, venta de productos con violaciones de precios establecidos y dos cierres de establecimientos)”.

Al mismo tiempo, se determinaron deudas tributarias por 61,355,033.83 CUP y se ocuparon 3,438,023 pesos en efectivo, que fueron depositados en los bancos.

También se realizaron, en conjunto con el MININT y Educación, charlas en centros educativos de todos los niveles sobre temas como la droga.

“Lograremos un buen ejercicio si contenemos el delito y logramos la participación ciudadana. Este no es un ejercicio de solo una semana, sino algo cotidiano. Es una batalla diaria que solo se gana con la participación de todo el pueblo”.

Tribunal Supremo Popular: La tranquilidad ciudadana es esencial

Maricela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular de Cuba, se refirió a la realización de juicios ejemplarizantes en todo el país y también de reuniones con personas que cumplen sanciones en libertad, ya sea por algunas alternativas o porque se le han concedido un beneficio de excarcelación anticipada.

Comentó que en el marco de este ejercicio nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción y las ilegalidades, el Tribunal Supremo junto con todo el sistema de tribunales se dispuso un objetivo general y específico, orientado fundamentalmente a influir de manera positiva en cada una de estas personas y en el cumplimiento estricto tanto de la Constitución como de las leyes y de las decisiones judiciales.

“La Ley de los tribunales establece como misión, al igual que la Constitución de la República, que nosotros impartimos justicia en nombre del pueblo de Cuba”, aseguró la vicepresidenta del TSP.

Agregó que “ley de tribunal también dictamina que corresponde a los tribunales salvaguardar el orden económico, político y social constituido y establecido en nuestra Constitución, así como velar por la seguridad ciudadana y también por la disciplina social de cada uno de los cubanos”.

Sosa Ravelo refirió que “corresponde a los tribunales amparar los derechos tanto de las personas naturales como de las personas jurídicas, es decir, las empresas, los órganos, los organismos y cualquier sociedad o asociaciones que estén legalmente reconocidas en el país”.

Igualmente, “prevenir infracciones, restablecer el imperio de la ley y fomentar la cultura jurídica”.

Otro objetivo de los tribunales es “contribuir a que las personas conozcan los deberes que tienen, las obligaciones y los derechos que le concede nuestra Constitución, así como las leyes promulgadas y promover el respeto a la convivencia social”.

La vicepresidenta de TSP comentó que “para el reforzamiento de cada uno de estos objetivos, nuestro órgano se propuso realizar un conjunto de acciones como la celebración de juicios ejemplarizantes”.

Al respecto, ejemplificó con juicios realizados por la comisión de hechos delictivos relativos a las drogas en La Habana, Camagüey y Pinar del Río.

Asimismo, se efectuaron nueve juicios vinculados a la sustracción de ganado vacuno o ganado mayor o a la venta de carne también proveniente de sacrificios ilegales en las provincias de Granma, Artemisa, Mayabeque y Santiago de Cuba.

Otros dos juicios estuvieron relacionados con la corrupción administrativa y personas juzgadas por el delito de malversación en La Habana y Matanzas.

Por los delitos de hurto y robo con fuerza, se celebraron en Mayabeque, Villa Clara y Santiago de Cuba otros juicios.

Sosa Ravelo reiteró que “la tranquilidad ciudadana es esencial y, por tanto, los actos que se cometen contra nuestros agentes del Ministerio del Interior son hechos graves”. En este contexto, dijo que también se realizaron tres juicios ejemplarizantes en Santiago de Cuba y en Guantánamo.

“Son estos algunos ejemplos de todas las acciones realizadas en el país”, dijo la vicepresidenta y recalcó que “todos estos juicios se hicieron con el debido proceso, cumpliendo con cada una de las garantías que están establecidas en los artículos 94 y 95 de la Constitución y también de nuestras leyes procesales”.

Explicó que las sanciones principales a estos acusados se combinan con un conjunto de sanciones accesorias.

Además, como parte del ejercicio de los tribunales se visitaron 4200 controlados para evaluar su conducta y se identificó que, de ellos, 209 estaban incumpliendo algunas de sus obligaciones y a 67 se les solicitó la revocación de la sanción. Se realizaron igualmente 324 reuniones con personas que están en sanción en libertad.

“Para contribuir también a la cultura jurídica de la población, se realizaron 34 intercambios con estudiantes de todas las enseñanzas, en los que se impartieron charlas educativas sobre temas como los delitos de droga, de sacrificio ilegal de ganado, de violencia de género, entre otros”, dijo Sosa Ravelo.

Señaló que en el periodo del ejercicio fueron detenidas nueve personas que estaban evadiendo la acción de la justicia, que estaban siendo localizados y circulados por los tribunales. Además, otras personas fueron requeridas porque debían multas.

“Los tribunales continuaremos con firmeza contra cada uno de los actos delictivos que afectan a nuestra población, enfrentando las conductas más nocivas, para salvaguardar la tranquilidad ciudadana y el bienestar social”, concluyó.

Finanzas y Precios: Mayor efectividad en el control de las violaciones

Por su parte, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, afirmó que “el Ministerio, conforme a las responsabilidades que tiene, encargadas por el Gobierno en este ejercicio que conduce el Partido, ha tenido una participación activa”.

Comentó que el tema del control de los precios es un reclamo de la población, que aspira a la mejora de su capacidad adquisitiva. “La efectividad en el control de las violaciones que se comenten en este sentido ha sido de los objetivos fundamentales que se nos ha indicado en este ejercicio”.

“También hemos tenido que enfrentar el tema del cobro y la gestión de las multas que constituyen ingresos a los presupuestos municipales”, agregó el ministro e insistió en la necesidad de fortalecer la cultura tributaria en la población.

“Son procesos de continuidad que se vienen realizando conforme a las funciones que tiene nuestro organismo, la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) y todo el sistema de finanzas y precios que se integra en nuestros gobiernos locales”, dijo.

Regueiro Ale reiteró la necesidad de trabajar de manera cohesionada todos los organismos con responsabilidades comunes en el enfrentamiento a los delitos, a la corrupción y las ilegalidades.

Indicó que “como parte del ejercicio se han realizado 508 845 inspecciones para evaluar el tema de los precios y se ha detectado un nivel de incumplimiento que no hemos logramos rectificar. Las principales incidencias se relacionan con precios abusivos o especulativos, irregularidades en el pesaje y el ocultamiento de mercancías. Esto persiste y, por eso, se requiere mayor control, mayor sistematicidad y mayor enfrentamiento en cada uno de los territorios”.

Agregó que estas irregularidades se identificaron en establecimientos tanto del sector estatal como del no estatal.

De acuerdo con el ministro, se han impuesto hasta la fecha 313 038 multas y se acumula por concepto de esta imposición 814 millones de pesos, un cifra significativa.

Destacó que para la preparación de este ejercicio se realizaron seminarios de capacitación a los funcionarios, pero también a las áreas económicas y contables de un grupo importante de organismos de la Administración Central del Estado, donde participaron además estudiantes universitarios.

El ministro se refirió a la actualización de la resolución 225 sobre la regulación de los precios máximos para un grupo de productos que son de consumo básico de la población.

“La apreciación que tenemos en la implementación de esta norma en estos cuatro meses y medio es que se ha logrado un nivel de estabilidad en esos precios. Continuamos estudiando los costos y el nivel de presencia de estos productos en el mercado, en función de la actualización de la norma en el momento que corresponda e incluso ante la posibilidad de incorporar otros productos en este régimen”, dijo.

Comentó que otra de las líneas de actuación del Ministerio de Finanzas y Precios ha sido la gestión y cobro de multas. “Antes de iniciar el ejercicio teníamos acumulados 670 millones de pesos en multas en apremio, una multa que se impone, transcurre en 60 días y aún no se ha pagado. La meta, el indicador en este ejercicio era de recuperar al menos el diez por ciento de todas esas multas que estaban en apremio. No obstante, la meta fue por debajo de las capacidades reales”.

En ese sentido, agregó que “el tema de control fiscal es un tema donde hemos avanzado, hemos perfeccionado los procedimientos de la administración tributaria, lo cual forma parte del programa del Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía”.

“Este año se han desarrollado más de 186 445 acciones de control, lo que nos ha permitido una determinación de deuda de más de 4 300 millones y de ellos, en el orden de un 68%, unos 3 000 millones de pesos ya se han recuperado a favor del Presupuesto del Estado”, dijo.

Agregó que “en este ejercicio se han realizado más de 6 005 acciones de control, pero con una particularidad, se ha indicado y se ha venido avanzando en una mejor selección de los contribuyentes”.

Indicó que “hasta el momento se han cerrado 680 negocios, de manera temporal, hasta tanto ese actor económico rectifique su actitud y se ordene conforme a lo que está establecido. En caso contrario, quedará cerrado de manera definitiva”.

También, agregó, “se han gestionado más de 216 millones de deudas y se han determinado 443 millones”.