Capitolio Nacional, sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Foto: Portal del Ciudadano
En un contexto marcado por múltiples desafíos, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de Cuba se prepara para celebrar su Sexto Período de Sesiones de la Décima Legislatura, el próximo 18 de diciembre, bajo un formato y una agenda significativamente reajustados.
La decisión, adoptada por el Consejo de Estado, responde a una valoración integral de la situación del país y persigue la máxima racionalidad de los recursos. Los detalles de esta adaptación fueron explicados extensamente por el Secretario de la ANPP y del Consejo de Estado, Homero Acosta Álvarez, y por la coordinadora de las Comisiones de la ANPP, Marta Hernández Romero, durante edición de este viernes de la Mesa Redonda.
Homero Acosta Álvarez inició su intervención recordando que, conforme a la ley, la convocatoria para este período ordinario de sesiones se realizó con más de veinte días de antelación, anunciándose para el 18 de diciembre a las 9 de la mañana en el Palacio de las Convenciones, con la previa reunión de las comisiones permanentes de trabajo.
Sin embargo, el pasado 10 de diciembre, el Consejo de Estado realizó un análisis profundo de la coyuntura nacional. “El consejo estaba analizando la situación que enfrenta el país, vamos a decir, conocida por todos: la situación electroenergética, la situación económica del país en estos momentos, también las dificultades que hay con la pandemia y la situación higiénico-sanitaria del país”, expuso Acosta. Esta combinación de factores, argumentó, crea “una situación compleja para el desarrollo de la asamblea, también por un problema de racionalidad en el uso de los recursos”.
Fue sobre esta base que, siguiendo también una indicación de la dirección del PCC de realizar un pleno por videoconferencia en un solo día, el Consejo de Estado tomó la decisión de “reducir, reajustar el programa del período de sesión”. Esta no es una medida sin precedentes, sino que se apoya en la experiencia acumulada durante la pandemia de COVID-19, cuando la ANPP desarrolló con éxito todo su proceso legislativo y su actividad parlamentaria mediante esta modalidad telemática.
Ante posibles cuestionamientos sobre la necesidad de celebrar la sesión en las actuales circunstancias, el Secretario de la ANPP fue categórico al apelar al mandato constitucional. “Hay quien dice, ‘No hagan la Asamblea Nacional, ¿para qué hace falta una Asamblea Nacional?’ Bueno, hay varias cuestiones que inciden. En primer lugar, en un mandato constitucional”, afirmó.
Acosta Álvarez citó el Artículo 110, inciso b, de la Constitución de la República, el cual establece que la Asamblea Nacional se reúne de forma ordinaria dos veces al año. “Nunca en ninguna situación en este país la Asamblea ha dejado de reunirse en sus dos períodos de sesión. Retomo esto porque incluso en la pandemia se hicieron, se desarrollaron los dos períodos de sesión también en esta modalidad que estamos que vamos a desarrollar en esta ocasión”, subrayó, enfatizando la continuidad institucional y la seriedad del parlamento cubano, que aprueba anualmente leyes fundamentales como la del Presupuesto del Estado.
El reto principal consistió en seleccionar, de un amplio programa de trabajo previamente diseñado, los asuntos que por su naturaleza no podían ser pospuestos. Acosta Álvarez explicó la metodología seguida. El programa inicial de la ANPP no es improvisado; surge de un cronograma legislativo que se cumple de forma regular y de las atribuciones de control y fiscalización del órgano.
Incluía, por ejemplo, la rendición de cuenta del gobierno provincial de Ciego de Ávila, una alta fiscalización al Ministerio de Justicia, la rendición de cuenta del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y varias normas jurídicas en proceso.
“Al hacer el análisis y buscar la mayor racionalidad se planteó, ¿qué tema llevamos?”, relató. Se identificó un núcleo de temas económicos que son inherentes a la sesión de diciembre y que son estructurales para el país: el Plan de la Economía y la Ley del Presupuesto. “Hay un plan de la economía, los objetivos y metas del plan de la economía para el año siguiente que discutimos en diciembre… por tanto eso era obligado.
“Hay que aprobar una ley de presupuesto. Un país tiene que tener una ley de presupuesto. No podría funcionaría… En Cuba no hay plagas. No, si no voy a comparar. No, en Cuba no hay plagas. El gobierno aquí es un gobierno serio, es un parlamento serio en que todos los años se aprueba un presupuesto”, argumentó.
1. La toma de posesión de ocho diputados que han sido electos por las asambleas municipales para cubrir vacantes.
2. El chequeo de los acuerdos adoptados en sesiones anteriores, un ejercicio de control permanente.
3. El análisis y evaluación del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía**, que presentará el Primer Ministro. Acosta Álvarez destacó la relevancia de este punto, ya que “transversaliza a toda la sociedad” y su discusión se enmarca en un amplio proceso político de debate en instituciones, sindicatos, el partido y la juventud. “Es una manera de actualizar al pueblo de cómo marcha el programa”, afirmó.
4. Dos proyectos de ley en estado avanzado: La Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Ley de Reducción Excepcional del Período de Mandato de los Delegados a las Asambleas Municipales, esta última crucial para ajustar el calendario electoral del próximo año.
5. La actualización del cronograma legislativo, presentada por el ministro de Justicia.
6. La ratificación de los acuerdos y decretos-ley dictados por el Consejo de Estado en los últimos seis meses, un procedimiento constitucional.
Los temas que se posponen, como las acciones de control específicas antes mencionadas y el proyecto de Ley de Uso, Tenencia y Posesión de la Tierra, mantendrán su curso en el trabajo permanente de las comisiones y se retomarán en futuras sesiones.
Ante la pregunta sobre si la videoconferencia podría limitar la riqueza del debate parlamentario, Homero Acosta Álvarez aseguró que la experiencia previa durante la pandemia demuestra lo contrario. “Si recordamos cómo habían sido esa sesión, puedo decir que fue una riqueza tremenda en todos los casos”, afirmó.
“En el Palacio de las Convenciones sesionarán de forma presencial cerca de 200 diputados, principalmente los de La Habana y aquellos de otras provincias que residen en la capital por diversas razones (dirigentes, por ejemplo). “El resto de los diputados” se conectará “en la respectiva provincia” a través de videoconferencia.
“Los principios del funcionamiento de la Asamblea son los mismos. La capacidad que tienen los diputados de expresar su criterio se mantiene”, aseveró.
Reconoció que se han visto “comentarios en redes sociales” mostrando preocupación, pero insistió en que la agenda condensada, que incluye temas con un alto nivel de consenso previo tras extensas discusiones en las comisiones y territorios, permite desarrollar una sesión fluida y efectiva.
“Yo creo que hay con esta agenda posibilidades de no limitar en ningún momento el desarrollo y los derechos que tienen los diputados en su expresión”, concluyó.
Marta Hernández Romero, coordinadora de las Comisiones de la ANPP, profundizó en el trabajo sustancial que sustenta la sesión plenaria y que continúa de forma ininterrumpida. “La asamblea no solo funciona durante los periodos de sesiones que estamos acostumbrados a ver dos veces al año”, aclaró.
Explicó que las 11 comisiones permanentes, integradas por 340 diputados (el 75% del total), tienen como función principal auxiliar a la ANPP y al Consejo de Estado. “Las comisiones junto al Consejo de Estado mantienen de manera permanente el funcionamiento de la Asamblea Nacional”, recalcó.
En los meses previos, este trabajo ha sido “muy intenso”. Destacó especialmente el acompañamiento y las valoraciones críticas que las comisiones realizaron para las rendiciones de cuenta de los responsables de los 10 objetivos del Programa de Gobierno, presentadas ante el Consejo de Estado en octubre y noviembre.
También mencionó las múltiples acciones de control, las visitas parlamentarias (que han llegado a 78 municipios, más de 1100 centros, 104 comunidades y dialogado con más de 46,000 personas), y el seguimiento a los acuerdos del período de sesiones anterior.
Originalmente, para las reuniones previas de este período, las comisiones habían identificado “más de 90 temas a discutir”, incluyendo 20 comprobaciones y fiscalizaciones. Aunque el programa general se reajustó, todo este caudal de información “va a permitir que los análisis que se realicen el día 18… los diputados tengan en mejores condiciones y bien enriquecidos sus criterios para poder participar”.
Debido al nuevo formato, la dinámica de las comisiones también se adaptó. Solo tres sesionarán en plenaria (por videoconferencia) el día 17 de diciembre, por tener la obligación legal de examinar y dictaminar los proyectos que se llevarán al pleno del 18: la Comisión de Asuntos Económicos, la de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, y la de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
Las otras ocho comisiones no sesionarán en pleno, pero realizarán reuniones reducidas y de intercambio el mismo día 17. En estas, se presentarán y discutirán con los organismos de la Administración Central del Estado correspondientes los resultados de controles ya ejecutados. Marta Hernández enumeró algunos de estos temas:
Posteriormente se reunirán las comisiones para dar continuidad al resto de los temas, pero para este período ordinario, se han definido tres objetivos principales que guiarán el trabajo de los diputados.
El primer objetivo está centrado en la evaluación de los resultados alcanzados dentro del programa de gobierno para el año 2025. En este sentido, se subrayó la importancia de atender asuntos sustantivos como la estabilización de la macroeconomía, el incremento de la producción de alimentos, el aumento de los ingresos externos, el enfrentamiento al delito y el fortalecimiento de las políticas sociales.
Se insistió en que es necesario identificar las causas que limitan los avances, apoyarse en las comprobaciones y controles realizados, y debatir de manera conjunta con los organismos las propuestas que permitan encauzar las soluciones que el país demanda.
El segundo objetivo está relacionado con la necesidad de que los análisis de los diputados reflejen los principales criterios, estados de opinión e insatisfacciones de la población, recogidos en los múltiples intercambios realizados. De ahí que las discusiones en las sesiones de las comisiones y en el propio plenario deban orientarse también a canalizar esas inquietudes ciudadanas.
Finalmente, el tercer objetivo apunta a garantizar que los acuerdos que se adopten comprometan a todos los participantes: diputados, organismos e incluso a la población, en función de transformar los problemas identificados.
“Por ahí transita el trabajo que van a hacer las comisiones”, afirmó Marta Hernández, al destacar la importancia de la participación colectiva en la búsqueda de soluciones.
La Asamblea Nacional del Poder Popular se prepara para un intenso periodo de trabajo legislativo y de control, en el que se abordarán temas de alta trascendencia para la vida del país.
José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, explicó que en esta etapa se discutirán dos proyectos fundamentales: la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación y la propuesta de reducción excepcional del mandato de los delegados en las actuales asambleas municipales del Poder Popular.
Sobre la primera norma, Toledo Santander subrayó que ha sido fruto de un amplio proceso de debate en todas las provincias, con la participación de consejos científicos y plenos especializados.
“Se trata de una ley que promueve y desarrolla los procesos vinculados a la ciencia, la tecnología y la innovación, pilares imprescindibles para el desarrollo nacional”, enfatizó.
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