La senadora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Yeikol Polenski, dijo que resulta inaceptable la forma ilegal en que las autoridades estadounidenses permitieron la introducción de armas a territorio mexicano.

En declaraciones a Prensa Latina, la legisladora aseguró que “ellos arman los golpes de estado, articulan el negocio al venderles las armas al crimen organizado y a los narcotraficantes, y nosotros ponemos los muertos, los cuales ya suman más de 36 mil”.

Indicó que en estos casos, ni el 10 por ciento de los fallecidos como consecuencia del enfrentamiento gubernamental al crimen organizado o la rivalidad entre las bandas, están involucrados con el narco.

Al referirse al más reciente escándalo, asociado a la operación “Rápido y Furioso”, Polenski precisó que en Estados Unidos nadie se quejó de esta situación hasta la muerte de uno de sus agentes, cuya investigación demostró que Jaime Zapata fue baleado con un arma procedente de Texas.

Agregó que este negocio del tráfico de armas rebasó todas las expectativas en cuanto al nivel de intromisión del país vecino en territorio nacional, “y lo más dramático del asunto es que permitimos eso”.

Por ello, la Cámara de Senadores exigió recientemente al gobierno una investigación profunda sobre los hechos, al tiempo que este jueves deberán comparecer ante ella la canciller, Patricia Espinosa, y el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhan.

El secretario de la Comisión de la Defensa Nacional en la Cámara de Diputados, Pablo Escudero Morales, presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia contra los responsables de la entrada a territorio nacional de unas dos mil armas de alto calibre, bajo el argumento de rastrear a grupos del crimen organizado.

Al respecto, el legislador indicó que el objetivo de la acusación es que los diputados sean parte de las investigaciones y de las acciones que realizará la Procuraduría ante el delito de la intromisión de armamento a suelo mexicano.

“No basta con pronunciar discursos, ni citar a funcionarios como el secretario de Gobernación, el Jefe del SAT (Servicio de Administración Tributaria), Director de Aduanas. Tenemos que impulsar al encargado de la representación social, que es la PGR, para que intervenga”, agregó.

(Con información de Prensa Latina)