La manifestación de este miércoles fue reprimida por los uniformados. Foto El Heraldo

La Policía Nacional de Honduras, en conjunto con algunos miembros del Ejército, volvieron a reprimir este miércoles una marcha organizada por estudiantes y maestros en rechazo a una ley que promueve la privatización de la educación. Los uniformados provocaron intoxicación a varios de los alumnos con gases lacrimógenos.

Fuentes locales indicaron que las fuerzas de seguridad lanzaron bombas lacrimógenas y chorros de agua para dispersar a los docentes y alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) que habían bloqueado un bulevar de la capital, Tegucigalpa, en una protesta pacífica.

Ante las agresiones de los armados, tuvieron que acudir numerosos socorristas de la Cruz Roja a las instalaciones de la casa de estudios superiores para atender a personas intoxicadas con los gases, en su mayoría estudiantes.

En las últimas dos semanas, las fuerzas de seguridad de Honduras han mantenido constantes agresiones contra los gremios relacionados a la educación.

La semana pasada, estos ataques cobraron la vida de una maestra y ocasionaron decenas de heridos y detenidos.

Pese a la represión, el presidente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras, Edgardo Casaña afirmó el pasado lunes a teleSUR que los maestros continuarán “en pie de lucha” por la reivindicación de sus derechos y en contra de la privatización de la educación en el país centroamericano.

A su vez, Casaña también denunció que el Legislativo hondureño pretende despedir a todos los educadores que protestan.

“En este momento los diputados del Congreso están planeando iniciar despidos ilegales en contra de los docentes que están participando en la lucha, junto a campesinos, sindicalistas y padres y madres de familia que mantienen tomados los centros educativos del país”, expresó el líder magisterial a teleSUR.

La amenaza se produce luego de que la policía reprimió a 25 mil maestros hondureños que protestaban en Tegucigalpa en contra de la transferencia de las competencias educativas a las Alcaldías locales, hecho que consideran una forma de privatización de la educación.

Los profesionales educativos también exigen el pago de salarios atrasados desde 2010 a unos tres mil profesores.

Además de estas protestas contra el Gobierno presidido por Porfirio Lobo también se han pronunciado otros gremios, entre ellos el de transportistas, que han exigido derogar el incremento del precio de los combustibles, y otros sectores, que se opusieron al incremento de los productos de la canasta básica.

(Con información de TeleSUR)