El hallazgo de dos jóvenes muertas en un barrio de San Pedro Sula elevó a más de 60 las mujeres asesinadas en Honduras en lo que va del 2011.

De 17 y 20 años, las víctimas habían salido de fiesta con otras dos compañeras de cuarto, de las cuales aún no se tienen noticias.

Autoridades policiales no descartan que los responsables del doble crimen sean miembros de pandillas, conocidas como Maras.

Entre el 2005 y febrero de este año, la cifra confirmada de muertes violentas de mujeres en este país fue de mil 750, la mayoría sin una investigación adecuada, por lo que aún se mantienen impunes.

Recientes informes del Centro de Estudios de la Mujer muestran que el 90 por ciento de los crímenes contra las féminas investigados en el 2010 fue perpetrado por hombres que tuvieron alguna relación afectiva con ellas.

La población estimada de Honduras es de más de ocho millones habitantes, de ellos el 49,9 por ciento son mujeres.

Pese a que -según estudios- poseen mayor nivel educacional que los hombres, solo el 37,4 por ciento tiene empleo, el resto no cuenta con una fuente de trabajo.

Algunos crímenes han sido vinculados a la pobreza en que viven las mujeres, pero se descarta ese factor como posible móvil, pues las víctimas son de diferentes estratos sociales.

El actual nivel de homicidios convierte a Honduras en una de las sociedades más violentas de Centroamérica y América Latina.

Según organizaciones de Derechos Humanos, las causas están en la ausencia de políticas públicas preventivas, carencia de programas específicos contra el femicidio, deficiencias en las investigaciones y en la consecuente impunidad.

Como paliativo para enfrentar la crítica situación, a finales de febrero último autoridades de Seguridad anunciaron la creación de un grupo especial de investigación destinado a brindar protección y esclarecer crímenes en los sectores sociales más vulnerables.

El grupo enfrentará una responsabilidad inaplazable, pues datos oficiales apuntan que de las más de mil mujeres asesinadas en los últimos seis años, solo el 10 por ciento de los casos ha sido procesado judicialmente.

(Con información de Prensa Latina)