La Fiscalía de Colombia pidió este viernes una investigación para confirmar si la primera campaña del ex presidente de ese país, Álvaro Uribe, en el 2002, recibió financiamiento por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización paramilitar de extrema derecha responsable de crímenes de lesa humanidad en ese país.

La petición fue presentada por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, que este viernes anunció que se compulsaron copias para investigar a varios funcionarios de la campaña presidencial que apoyó a Uribe antes de asumir el cargo en el año 2002.

Entre los inculpados se encuentran el jefe de sistemas de la campaña, Rafael Enrique García Torres; el jefe de la campaña presidencial en el departamento del Magdalena, Jorge Aurelio Noguera Cotes; el concejal de Santa Marta, Euclides Gómez Forero; el comerciante, Miguel Buenahora Rodríguez y el ex miembro de las AUC, Orlando Gil Zuluaga.

“Contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez no se ha compulsado hasta ahora ninguna copia”, precisó la jefe de Justicia y Paz de la Fiscalía.

Por otro lado, la autoridad precisó que la investigación también se llevará a cabo por la concesión del parque Tayrona, efectuada en el 2004, donde según el representante a la Cámara del Polo Democrático Iván Cepeda, el ex jefe paramilitar José Gélvez, alias “El Canoso”, confesó formar parte de las negociaciones.

“El Canoso dijo ante Justicia y Paz que Art Coco (una empresa de Ignacio ‘Nacho’ Rodríguez, concejal de Santa Marta elegido con los votos ‘paras’ que manejaba Hernán Giraldo en la Sierra Nevada) era proveedora de artesanías para Salvarte, la empresa de los hijos del ex presidente Uribe, Tomás y Jerónimo”, señaló el representante a la Cámara.

Tras las declaraciones de “El Canoso”, que fueron grabadas y entregadas a la Fiscalía, el ente gubernamental también exhortó la investigación de los dos hijos de Uribe, Tomás y Jerónimo y otros miembros del comité que participó en la negociación del parque.

Entre ellos se cuentan Trino Luna Correa, ex gobernador del Magdalena; el empresario Elias George Gonzalez; el ex concejal de Santa Marta Víctor Rodríguez Acevedo; Luis Fernando Bayona Ballesteros, director de la Clínica IPS Tayrona de Buriticá, y Nodier Giraldo Giraldo, comandante financiero del bloque Resistencia Tayrona.

Acerca de la campaña presidencial de Álvaro Uribe en el año 2002, “El Canoso”, al parecer dijo que paramilitares de la Sierra Nevada de Santa Marta supuestamente le entregaron 120 millones de pesos.

Según cita el diario, el exparamilitar dijo que “ese dinero se entregó en apoyo a la campaña y toda la votación del sector de La Machaca se le dio a Álvaro Uribe Vélez”.

Nexos con “paras”

Por otro lado, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía también exhortó a la investigación de los dos hijos de Uribe, Tomás y Jerónimo por presuntos nexos con paramilitares.

La demanda se presenta luego de que en esta semana el diputado Iván Cepeda, enviara al ente gubernamental pruebas de que Tomás y Jerónimo mantenían nexos con paramilitares de la Costa Atlántica del país.

Esta denuncia tienen también por base el testimonio del ex jefe paramilitar, José Gelvez, alias “El Canoso”, quien durante una de las visitas de Cepeda a la cárcel de La Picota, ubicada en Bogotá (capital) señaló a los hermanos de “haber tenido negocios con paramilitares en Santa Marta”.

Esta no es la primera vez que un testimonio de ”El Canoso” involucra en actividades ilícitas a los hijos del ex gobernante, el pasado abril el ex jefe paramilitar ya había señalado que los hermanos “mantenían una relación de negocios y hasta parrandearon con Héctor Ignacio ‘Nacho’ Rodríguez”.

El personaje referido por “El Canoso” era el político del departamento del Magdalena quien fue extraditado a Estados Unidos en 2008 por los delitos de concierto para suministrar material de apoyo a as AUC y concierto para portar, usar y poseer un arma de fuego durante y en relación con narcotráfico y delitos violentos.

Durante los ocho años que duró el mandato de Uribe (2002-2006/2006-2010), muchos funcionarios de su Gobierno se vieron implicados con paramilitares.

Aunque el ex gobernante siempre defendió su inocencia, diversas organizaciones de Derechos Humanos han instado a las autoridades a profundizar investigaciones.

Cepeda ha denunciado en varias oportunidades que en Colombia sigue la lucha contra este flagelo. En junio pasado se aprobó una nueva Ley que amparó unos 25 mil paramilitares colombianos y suspendió la ejecución de penas por crímenes distintos a los de lesa humanidad.

(Con información de YVKE)