España vivirá hoy otra jornada de manifestaciones pacíficas en rechazo a la decisión del gobierno de introducir en la Constitución el límite de déficit y a favor de que esa iniciativa sea sometida a referendo.

Madrid será escenario de la protesta central, convocada por el Movimiento 15-M o de los Indignados, plataforma que nació de manera espontánea en las redes sociales de Internet para expresar su hartazgo por la situación política, económica y social de este país europeo.

No a esta reforma de la Constitución. Abajo el orden de los mercados y del capital será el lema de la marcha, que partirá esta noche desde la glorieta de Atocha hasta la Plaza Neptuno, en pleno corazón de la capital española.

El malestar popular tomará nuevamente las calles luego de que el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el derechista Partido Popular (PP) acordaron el pasado viernes incorporar a la Carta Magna un techo de gasto para las administraciones públicas.

Al igual que el pasado domingo, cuando hubo movilizaciones en una decena de urbes, los manifestantes demandarán la realización de un referéndum para que sean los ciudadanos quienes se pronuncien sobre el controvertido pacto entre el PSOE y el PP.

En opinión de los Indignados y de sus organizaciones afines, la medida negociada entre las dos fuerzas políticas mayoritarias de España fue redactada al dictado de los mercados financieros y de los gobiernos neoliberales de las potencias europeas.

Advirtieron que la reforma en la Ley Fundamental, a aprobarse mañana en el Congreso de los Diputados (Cámara baja), se toma en un país cuyo principal problema no es la deuda pública, sino la deuda privada, fundamentalmente de los bancos.

Con la excusa de ordenar las finanzas, pretenden (PSOE y PP) imponer el beneficio de unos pocos sobre la voluntad de la mayoría, denunciaron la víspera los miembros del 15-M durante una asamblea celebrada en la Puerta del Sol, símbolo del movimiento.

Socialistas y conservadores sellaron un acuerdo para anexar a la Constitución un principio genérico de estabilidad presupuestaria, el cual impide a las administraciones públicas incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes exigidos por la Unión Europea.

(Con información de Prensa Latina)