Por: Dana Frank, Common Dreams/The Nation

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

Desde 2009, sin que lo hayan advertido los medios internacionales, el gobierno golpista de Honduras ha estado colaborando con acaudalados terratenientes en una violenta represión contra pequeños agricultores que luchan por sus derechos a la tierra en el valle Aguán, en la región nororiental del país. Más de 46 campesinos han sido asesinados o han desaparecido. Los grupos de derechos humanos acusan de que muchos de los asesinatos han sido perpetrados por el ejército privado de guardias de seguridad empleados por Miguel Facussé, magnate de los biocombustibles. Los guardias de Facussé trabajan en estrecha colaboración con los militares y la policía hondureña, que reciben un generoso financiamiento de EE.UU. para librar la guerra contra la droga en la región.

Nuevos cables de WikiLeaks revelan ahora que la embajada de EE.UU. en Honduras –y por lo tanto el Departamento de Estado– ha sabido desde 2004 que Miguel Facussé es un importador de cocaína. En otras palabras, la “narcoguerra” de EE.UU. se utiliza para, entrenar y apoyar la guerra de un conocido narcotraficante contra los campesinos.

Miguel Facussé Barjum, es según la embajada “el empresario más rico y más poderoso del país”, uno de los “pesos pesados políticos” del país. El New York Times lo describió recientemente como “el octogenario patriarca de una del puñado de familias que controlan gran parte de la economía de Honduras”. El sobrino de Facussé, Carlos Flores Facussé, fue presidente de Honduras de 1998 a 2002. La corporación Dinant de Miguel Facussé es un importante productor de aceite de palma, comida chatarra, y otros productos agrícolas. Fue uno de los partidarios clave del golpe militar que derrocó al presidente democráticamente elegido Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009.

La base del poder de Miguel Facussé se encuentra en el bajo Valle del Aguán, donde los campesinos se establecieron originalmente en los años setenta como parte de una estrategia de reforma agraria del gobierno hondureño que alentó cientos de exitosas cooperativas y colectivos campesinos en la región. Desde 1992, sin embargo, los nuevos gobiernos neoliberales comenzaron a promover la transferencia de sus tierras a elites acaudaladas, que se apresuraron a aprovechar el apoyo estatal para intimidar y obligar a los campesinos a vender sus tierras, y en algunos casos para adquirir tierras mediante un fraude evidente. Facussé, de lejos el mayor beneficiario de esas políticas estatales, ahora reivindica por lo menos 8.900 hectáreas en el bajo Aguán, por lo menos un quinto de toda la zona, y en gran parte la ha plantado con palmas africanas para un imperio de biocombustible en plena expansión.

Mientras tanto, los niveles de vida de los campesinos de la región han bajado dramáticamente. En diciembre de 2009 miles de campesinos organizados comenzaron a realizar recuperaciones colectivas de tierras en el bajo Aguán que según ellos les fueron robadas, o prometidas legalmente por el gobierno a través de previos acuerdos o edictos.

Los esfuerzos de los campesinos han sido enfrentados con rápidas y brutales represalias. Según el Comité de Familias de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH), un grupo independiente altamente respetado de derechos humanos, por lo menos 44 personas han sido asesinadas, 16 solo el verano pasado. Las víctimas incluyen a dirigentes de grupos como el Movimiento Unificado de Campesinos de Aguán (MUCA), que participa en tomas de tierras, pero también a miembros de comunidades estables que han estado en el lugar durante décadas, como Guadalupe Carney, Rigores o Prieta, cuyos residente creían que tenían títulos seguros de propiedad de sus tierras. Según una declaración de Human Rights Watch en la que pide una investigación, nadie ha sido arrestado o enjuiciado por alguno de esos asesinatos.

Muchos de estos asesinatos y ataques se han atribuido a guardias privados de seguridad de Miguel Facussé, así como a sus asociados. Los sicarios van de civil o con uniformes del Grupo Dinant y se dice que son entre 200 y 300. El propio Facussé admite que el 15 de noviembre de 2010 sus guardias mataron a tiros a cinco campesinos del MUCA en la comunidad El Tumbador. Un informe de julio de 2011 sobre las matanzas de campesinos en el Aguán de una misión investigadora del Consejo Mundial de Iglesias, Foodfirst Information and Action Network (FIAN) International, y otros grupos internacionales, señala: “En todos los casos, según testigos y miembros de los movimientos de campesinos, los guardias de seguridad que trabajan para Miguel Facussé y René Morales están considerados los protagonistas primordiales”, incluso en las muertes de tres miembros del MUCA el 17 de agosto de 2010.

Los supuestos asesinatos y ataques armados de guardias de Facussé continúan. El 5 de octubre, se informa de que los guardias de seguridad de Facussé atacaron a tiros e hirieron gravemente a dos miembros del MUCA en la comunidad campesina San Isidro, según FIAN. El 11 de octubre en La Aurora, informan FIAN y otros grupos de derechos humanos, por lo menos seis guardias de seguridad de tierras reivindicadas por la Corporación Dinant de Facussé, junto a policías y fuerzas militares, mataron a tiros a Santos Serfino Zelaya Ruiz, de 33 años, y abrieron fuego contra 15 mujeres que repartían sal, quienes se ocultaron durante horas entre las palmas.

El 8 de enero de 2011, el activista opositor y periodista Juan Chinchilla fue secuestrado en el valle Aguán, torturado e interrogado. Escapó después de dos días e informó en una entrevista que sus secuestradores “llevaban casi todos uniformes del ejército, la policía y de guardias privados de Miguel Facussé”.

Grupos de derechos humanos de todo el mundo han denunciado los ataques de Facussé a los campesinos hondureños. El 8 de abril, el banco alemán de desarrollo DEG (Deutsche Investitions und Entwicklungselleschaft mbH), anuló un préstamo de 20 millones de dólares a Dinant después de investigar la situación. Una semana después EDF, una importante corporación energética francesa, anunció que anulaba sus planes de comprar créditos de carbono a Dinant.

Facussé ha respondido agresivamente en su defensa con anuncios de página completa. También demandó hace poco por difamación al obispo de Honduras Luis Alfonso Santos y a Andrés Pavon, presidente del conocido Comité para la Defensa de Los Derechos Humanos (CODEH).

En tándem con los asesinatos y desapariciones de activistas individuales, la policía y los militares hondureños han lanzado, durante el último año y medio, sucesivas olas de represión contra comunidades campesinas completas, tanto asentadas en nuevos sitios ocupados como en otras estables con un estatus legal a largo plazo. El 15 de diciembre de 2010, entre 500 y 1.000 policías y militares rodearon la pequeña localidad campesina de Guadalupe Carney con francotiradores y helicópteros y realizaron allanamientos casa por casa en busca de supuestas armas, que nunca encontraron. Los soldados se quedaron acampados en el centro del pueblo desde entonces. En abril de 2010, 2.000 policías y militares hondureños ocuparon todo Valle del bajo Aguán, controlando el acceso e intimidando a los residentes.

La situación ha empeorado desde mayo, y sigue escalando. Cinco guardias de seguridad, un policía, y otros cinco, además de 16 campesinos, han muerto. La región está nuevamente ocupada por 1.000 soldados en una operación militar llamada Xatruch II, que apunta a combatir guerrilleros armados, de cuya existencia no existe ninguna evidencia. Tampoco se ha presentado evidencia que vincule a los campesinos con las otras muertes.

En general, la ocupación y represión del bajo Aguán ha llegado a proporciones aterradoras. “Con la militarización Xatruch II tratan de convertir nuestra zona en Iraq”, acusan COFADEH y el MUCA. “Nuestros asentamientos están sometidos a un continuo estado de sitio”.

El 24 de junio, solo con una hora de advertencia, la policía quemó casi toda la comunidad de Rigores de más de 100 casas, de diez años de antigüedad, y aplanó sus tres iglesias y su escuela de siete aulas. Los residentes comenzaron a reconstruir sus casas con carpas y palos, pero entre el 16 y 18 de septiembre, como respuesta a la muerte de un policía cercano, la policía irrumpió en el pueblo, agarrando y deteniendo gente al azar, incluidos niños. Uno de ellos era un niño de 16 años que ha testificado que los policías le pusieron una bolsa sobre la cabeza, lo rociaron con gasolina y amenazaron con matarlo. El 20 de septiembre policías y militares desalojaron exitosamente a todos los que quedaban en la comunidad.

Numerosos testigos presenciales y grupos de derechos humanos informan de que los guardias privados de Facussé, policías y militares, participaron en conjunto en esos violentos desalojos y las muertes asociadas con ellos: en El Tumbador el 15 de noviembre de 2010; en Guadalupe Carney el 15 de diciembre de 2010; en Rigores el 24 de junio de 2011; y en La Aurora el 11 de octubre, donde las mujeres se ocultaron entre los árboles, así como en el secuestro de Chinchilla. El pasado 15 de agosto, informa COFADEH, los guardias de Facussé junto con policías y miembros de las fuerzas armadas atacaron brutalmente a los campesinos en la plantación de palmas africanas conocida como Finca Panamá.

Según Rights Action, un grupo de derechos humanos basado en Washington DC y Toronto, “informa de que militares, policías y fuerzas privadas de seguridad intercambiaron uniformes según el contexto, para movilizarse en conjunto en patrulleros policiales y coches que pertenecen a compañías privadas de seguridad empleadas por los dueños de plantaciones de palmas africanas”. COFADEH concluye diciendo: “La relación entre los militares y los guardias privados de seguridad demuestra claramente que los guardias de seguridad actúan como fuerzas paramilitares”.

En los últimos dos años desde el golpe, el financiamiento por EE.UU. de los militares y policías hondureños ha aumentado drásticamente. EE.UU. ha asignado 45 millones de dólares en nuevos fondos para la construcción militar, incluida la expansión de la Base Soto de la Fuerza Aérea en Palmerola, operada en conjunto (con suministro ahora de drones estadounidenses) y ha abierto tres nuevas bases militares. El financiamiento de la policía y de los militares, casi 10 millones de dólares en 2011, aumentó drásticamente en junio con 40 millones más según la nueva Iniciativa Regional Centroamericana de 200 millones de dólares, supuestamente para combatir el narcotráfico en Centroamérica, que, ciertamente, es flagrante, peligroso y creciente en Honduras bajo el gobierno posterior al golpe de Lobos, especialmente en el Aguán.

Las operaciones militares hondureñas en el valle del bajo Aguán, incluidas operaciones conjuntas con guardias de Facussé, se benefician de estos fondos, así como de un entrenamiento especial. En verano de este año 70 miembros del Batallón Quince de Honduras recibieron un entrenamiento especial de 33 días de los rangers estadounidenses. Según la Red de Solidaridad con Honduras, miembros del grupo Xatruch de Fuerzas Especiales en el valle Aguán, confirmaron en una reunión en septiembre “que habían recibido entrenamiento en operaciones especiales de militares de EE.UU., que incluyó entrenamiento de francotiradores y antiterrorismo”. Testigos presenciales informaron a Rights Action de que también vieron a rangers estadounidenses entrenando a guardias de seguridad de Facussé.

Últimamente, el 6 de octubre, miembros de la Operación Xatruch II, capturaron, detuvieron sin acusaciones y torturaron a Walter Nelin Sabillón Yanos, miembro del MUCA, según informes de FIAN. Sabillón les declaró que mientras estaba detenido en la comisaría Tocoa, las autoridades lo golpearon, le colocaron repetidamente un capuchón en la cabeza y le aplicaron tres veces choques eléctricos en las manos, el abdomen y la boca mientras lo interrogaban sobre el movimiento campesino.

El 17 de septiembre llamé a la comisaría Tocoa para preguntar por la situación de mñas de 30 campesinos que habían sido reunidos y detenidos. “Díganle que matamos a todos los campesinos”, dijo riendo el oficial, y colgó. A una colega que llamó poco después le dijeron que trataban a los detenidos “como perros”. “¿Los están torturando?” –preguntó. “Espero que así sea” –respondió el oficial.

Cables publicados el 30 de septiembre por Wikileaks aclararon aún más el papel de los militares de EE.UU. y del Departamento de Estado en el conflicto del valle Aguán. Un cable del 19 de marzo de 2004 de la embajada de EE.UU. en Tegucigalpa, titulado “Avión con droga quemado en destacada propiedad hondureña” informa de que “un conocido vuelo de tráfico de droga con un embarque de 1.000 kilos de cocaína de Colombia… aterrizó exitosamente el 14 de marzo en la propiedad privada de Miguel Facussé”. Según el autor del cable, el embajador Larry Palmer, las fuentes informaron a la policía de que “el alijo se descargó en un convoy de vehículos protegido por casi 30 hombres armados”. Vieron como quemaban el avión y sus restos enterrados posteriormente por un “buldócer/cargadora frontal”.

Palmer escribe que “la propiedad de Facussé está fuertemente protegida y la posibilidad de que los individuos hayan podido acceder a la propiedad, sin autorización, utilizado la pista de aterrizaje es cuestionable”. Una fuente “afirmó que Facussé estuba presente en la propiedad cuando tuvo lugar el incidente”.

El embajador Palmer también informó de que “este incidente marca la tercera vez en los últimos quince meses en la que se han vinculado narcotraficantes con la propiedad del señor Facussé”. En un cable subsiguiente del 31 de marzo de 2004, Palmer señaló la confiscación de “aproximadamente 700 kilos de cocaína” por las autoridades hondureñas y transmitió su opinión de que la droga podría haber provenido del avión quemado en la propiedad de Facussé.

El 22 de febrero de 2009 –cuatro meses antes del golpe– El Heraldo, un periódico derechista de Tegucigalpa, informó de que, según un funcionario de la oficina antinarcóticos del gobierno hondureño, un avión Cessna con 1.400 kilos de cocaína se había encontrado en Farallones, al este del valle Aguán en el departamento de Colón, “en una pista de aterrizaje que según nuestra información pertenece a Miguel Facussé”. Parece seguro presumir que la embajada de EE.UU. lee El Heraldo a diario y cuidadosamente.

Otros cables publicados por WikiLeaks establecen que funcionarios de la embajada se reunieron con Miguel Facussé en junio de 2006 y el 7 de septiembre de 2009, diez semanas después del golpe, y que la embajada almorzó con Facussé y Rafael Callejas, otro de los poderosos respaldos del gobierno golpista.

Una nueva embajadora estadounidense, Lisa Kubiske, llegó a Honduras en agosto de este año. Es experta en biocombustibles, el centro del imperio de palmas africanas de Miguel Facussé.

¿Qué quiere decir todo esto, entonces? Primero, la embajada de EE.UU. se reunió por lo menos dos veces con un conocido y destacado narcotraficante. Segundo, sabía que respaldó el golpe mientras se desarrollaba, como si fuera solo un “destacado empresario”.

Tercero, y lo más importante, EE.UU. financia y entrena a militares y policías hondureños que realizan operaciones conjuntas con los guardias de seguridad de un conocido narcotraficante, para reprimir violentamente a un movimiento campesino por cuenta de las dudosas reivindicaciones de Facussé de vastas áreas del valle Aguán, a fin de fortalecer su imperio de palmas africanas.

El actual presidente hondureño, Porfirio Lobo, estuvo en Washington durante la primera semana de octubre. Pregonó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la droga, con plena aprobación del presidente Obama. En realidad, ambos aseguran la cobertura y el apoyo a una guerra contra campesinos empobrecidos, para promover los intereses económicos del hombre más rico y poderoso de Honduras.

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Dana Frank es profesora de Historia en la Universidad de California, Santa Cruz, y autora de Bananeras: Women Transforming the Banana Unions of Latin America que se concentra en Honduras, y de Buy American: The Untold Story of Economic Nationalism. Actualmente escribe un libro sobre la intervención de AFL-CIO durante la guerra fría en el movimiento sindical hondureño.