Por: Jesús Dávila, NCM

A medio siglo de que el mafioso Vito Genovese comenzara a usar la vecindad de una instalación naval en Puerto Rico para trasbordo de drogas, el país no sólo sirve para el paso de los narcóticos sino de armas hacia República Dominicana, Honduras, México y Colombia y suficientes municiones como para asesinar toda la población del archipiélago de las Antillas.

El drama se remonta a viejas y dudosas decisiones geopolíticas que llevaron a Estados Unidos a promover vínculos con bandas de contrabandistas de drogas, armas y otras mercancías desde la invasión de Italia en la Segunda Guerra Mundial, sistema que se usaría ante las situaciones militares en China, Vietnam, Cuba, Centroamérica, Irán, Afganistán y Rusia.

Las consecuencias son cada vez más impactantes debido a que de esta pequeña nación isleña y colonia estadounidense ubicada cerca del paso de Anegada, principal puerta marítima transatlántica del Caribe, se han ido escapando las alternativas económicas al punto que desde mediados de la década de los noventa a noviembre del año pasado ya se habían perdido 369,000 empleos. No se ha podido desarrollar un puerto de trasbordo para el comercio marítimo como los que operan en Panamá, Bahamas, Jamaica, República Dominicana y hasta uno en construcción en Cuba, en tanto que EEUU prohibió que se use de punto de trasbordo comercial aéreo mientras dure la Guerra Global.

Ante la situación, se plantea volver a militarizar a Puerto Rico con apoyo de los dos partidos pro EEUU, cada uno con su propia versión, de manera que en los comicios de noviembre próximo el electorado que respalda mayoritariamente esas formaciones políticas podrá escoger entre la alternativa anexionista y la autonomista, pero del mismo plan. No se conoce, sin embargo, cuál es la posición del Pentágono sobre el problema, que se remonta a mediados de los años cincuenta del siglo pasado.

En 1955 los narcóticos eran un asunto muy marginal en Puerto Rico y los asesinatos tan escasos que sus causas no aparecían en los informes estadísticos de la Policía nacional. En aquel tiempo, el problema que las autoridades policiales analizaban en detalle era el de las causas de los accidentes de automóviles y en términos de muertes violentas, se desglosaban las causas de los suicidios entre enfermedades, “disgustos de familia”, celos, locura y “amores contrariados”, entre otras.

Pero en octubre de ese año se produjo una reunión en Nueva York, en la que participaron entre otros el contrabandista puertorriqueño Nelson Silva Cantellops y el jefe mafioso Genovese. Según el expediente del caso en el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, en la reunión se discutió que ante la agitación rebelde en Cuba había que buscar otro punto de trasbordo para la heroína y se escogió la isla puertorriqueña de Vieques, parte del área de maniobras de la Estación Naval de Roosevelt Roads.

Genovese había sido un protegido de las fuerzas armadas estadounidenses desde que por recomendación de la Oficina de Inteligencia Naval de EEUU y el MI6 británico se había montado la operación conjunta con la Mafia en Italia durante la guerra. Además, ya EEUU había usado el esquema del tráfico de opio en el apoyo al Kuomintang durante la revolución en China y desde que los franceses perdieron Indochina en la batalla de Diem Bien Phu de 1954 estaba comenzando el proceso para la entrada de EEUU en la guerra, uno de cuyos efectos colaterales fue el auge del narcotráfico del sudeste de Asia con apoyo logístico de la Agencia Central de Inteligencia.

Silva Cantellops llegó a Vieques en septiembre de 1956 y pudo sacar, sin mayor dificultad, el cargamento que le entregó un tal “Pérez” en un saco de la Armada. El año siguiente, cuando fue capturado, confesó toda la conspiración y aunque eso conllevó que Genovese pasó el resto de sus días en prisión junto con algunos de sus pandilleros, no se produjeron arrestos ni acusaciones en Puerto Rico, donde aumentaron de 1.600 a 16.000 los casos reportados de adictos a drogas entre 1961 y 1970.

Ese año, EEUU aprobó una nueva ley anti drogas que entraría en vigor en 1971 con penas muy severas y Puerto Rico atemperó su estatuto con la aprobación de la “Ley de Sustancias Controladas” copiada de la ley federal, a tiempo para la proclamación de la Guerra contra las Drogas del presidente Richard Nixon. Al año siguiente, ya había 30.000 adictos en Puerto Rico y comenzó la escalada de asesinatos, que a 2011 ya había acumulado 27.000 muertos.

En 1977 la Policía nacional comenzó a llevar estadísticas sobre los motivos de los asesinatos, facilitados por la presencia creciente de armas de fuego, pero debidos mayormente a “peleas o riñas”, “discusiones”, “viejas rencillas”. No es sino hasta 1979 que comenzó a aparecer el móvil “drogas” y siguió siendo uno muy marginal hasta entrados los años noventa, tanto que en un estudio para el Gobierno por Paul Tracy, de la Universidad de Northeastern en 1991, se calculó que la tasa de asesinatos del doble de la de EEUU se debía a los robos a mano armada.

Desde la toma militar de los proyectos de vivienda pública en 1994 y hasta el 2002, los asesinatos por “drogas” fueron la mayoría, pero luego de ese período, volvió a bajar y ya se encuentra en lo que siempre fue su nivel normal. Lo que no bajó fue la incidencia de asesinatos. Mientras tanto, el trasbordo de armas ha continuado con casos como el cargamento de misiles SAM para Colombia en 1997, la captura de dos yates de Puerto Rico con armas en Punta Cana, República Dominicana, y el uso de la antigua base aérea de Ramey Field para enviar armas a República Dominicana, así como las encontradas en Puerto Rico de un cargamento en ruta a Honduras en la Operación Castaway.

Se calcula que el mercado legal de municiones de Puerto Rico vende anualmente 5.000.000 de balas, suficientes para matar toda la población antillana en ocho años.