La posición de los poderes ejecutivo y legislativo estadounidenses, así como de buena parte de sus grupos sociales y económicos dominantes, en relación a la existencia de cárceles manejadas por sus fuerzas armadas fuera del territorio norteamericano, en las cuales no se aplican las leyes de EEUU sobre los derechos humanos y se permite someter a los prisioneros a maltratos permanentes y a tortura, es realmente nauseabunda y produce vómitos en quienes no tengan un estómago fuerte. El cinismo del gobierno de la primera potencia mundial es inaudito y censurable, pues por otro lado aparece ante el mundo, sin ningún tipo de vergüenza, como un defensor intransigente de los derechos humanos, mientras los violenta en forma siniestra en Guantánamo y otros centros mundiales de reclusión de sospechosos de actividades terroristas.

Entiéndase bien: sospechosos y no necesariamente terroristas. Pero es que el maltrato dado no se justificaría ni siquiera en el caso de que fueran los peores terroristas habidos, pues antes que nada son seres humanos y sus derechos fundamentales no pueden ser violentados. La tortura en interrogatorios con el propósito de lograr confesiones “convenientes” es más que repugnante, lo mismo que la degradación a que someten a los prisioneros y el maltrato permanente por parte de sus custodios. Gente inocente es vendida al ejército estadounidense para cobrar las jugosas recompensas ofrecidas por la captura y entrega de terroristas, hecho que se equipara con la venta de negros africanos hecha por sus jefes tribales hace siglos a los esclavistas europeos.

Quisiera oír a Leopoldo López, Diego Arria, Capriles Radonski, Pablo Pérez y a María Corina Machado, tan amigos del imperio y tan dados a acusar a nuestro gobierno de violar los derechos humanos, decir algo sobre las cárceles ilegales norteamericanas en Guantánamo y en otras partes del mundo. Los grupos de derechos humanos deberían asumir la organización de una cruzada mundial contra la ocurrencia de estos horrores y exigir que Bush, Rumsfeld, la Clinton y el propio Obama, así como cualquier otro responsable, sean acusados de inmediato por delitos de lesa humanidad ante los tribunales internacionales correspondientes. Diego Arria, como especialista en este tipo de denuncias, debería liderizar esta campaña y presentar la documentación respectiva. Bastantes testigos presenciales hay entre quienes estuvieron detenidos, así como entre sus carceleros.

Es claro que una parte de la sociedad estadounidense está enferma, al aceptar la comisión de este tipo de actividades inhumanas por parte de sus gobiernos. Sin duda es víctima de la intensa manipulación mediática y de la propaganda gubernamental. Es inconcebible que existan personas, allá y aquí, más preocupadas por sus perros y mascotas que por las infernales condiciones en que viven estos seres humanos.

(Aporrea)