El Consejo Constitucional de Francia analizará hoy la legalidad de una medida administrativa que prevé la aplicación de penas de cárcel y multas a quienes residan en esta nación de manera irregular.

De acuerdo con el Código de Ingreso y Residencia de Extranjeros y Derecho de Asilo, una persona originaria de otro país descubierta aquí sin la documentación requerida, será sancionada con un año de prisión y deberá pagar tres mil 750 euros.

Organizaciones humanitarias defensoras de los migrantes rechazaron esta norma y apelaron al Consejo para su análisis y eventual derogación.

Los querellantes señalan que viola el artículo ocho de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el cual exige a la justicia aplicar solo aquellos castigos considerados estrictamente necesarios.

Basaron su denuncia, además, en dos resoluciones de la Corte de Justicia de la Unión Europea, en el que se especifica que un extranjero sin papeles no podrá ser encarcelado por ese solo motivo.

El gobierno francés ha endurecido en los últimos tiempos su política contra la migración, con el pretexto de que es una de las causas del incremento de la violencia.

Durante el año pasado fueron expulsadas del país galo 32 mil 922 personas sin documentos, cifra superior a los 28 mil previstos originalmente por las autoridades.

También fue negada la entrega de unos 10 mil títulos de residencia solicitados de manera legal y se limitó el número de oficios que permiten a las empresas contratar a trabajadores extranjeros.

Una circular firmada por el ministro del Interior, Claude Guéant, prohíbe, salvo contadas excepciones, dar empleo a estudiantes extranjeros graduados en universidades y otros centros nacionales de formación.

(Con información de Prensa Latina)