Encarcelar a la gente es cada vez un negocio más rentable, y más lo será cuando la privatización del sector penitenciario estadounidense se consuma. Corrections Corporation of America (CCA), el mayor operador de prisiones con ánimo de lucro en el país, ha propuesto a 48 estados comprar sus centros de detención.

Según asegura la compañía, que opera desde 1980, esta iniciativa de inversión en cárceles podría beneficiar de una manera significativa al Estado, ya que “ayudaría a los gobiernos estatales con insuficiencias presupuestarias”.

Si bien podría ser una ayuda para los contribuyentes, también suscita preguntas sobre los motivos que persigue una organización comercial al poner a hombres y mujeres tras las rejas.

Más presos, más dinero

Según subrayan los defensores de los derechos humanos, los dueños de las prisiones obtienen más ingresos cuantos más presos haya, mientras las condiciones en las que se encuentran los reclusos empeoran.

La organización Inmigrantes en Venta estima que el negocio de las prisiones privadas en EE. UU. factura 5000 millones de dólares al año.

Para aumentar sus ganacias las compañías gastan millones de dólares en ‘lobbies’ que apoyan medidas que les beneficien. El año pasado, CCA estuvo representada por 37 grupos de presión que trabajaron sobre todo en el Congreso y el Capitolio.

Así, el reportero Beau Hodai descubrió que hace dos años el senador de Arizona Russel Pearce, miembro de uno de los más poderosos ‘lobbies’ del país del que también forma parte CCA, propuso a sus colegas la Ley de Arizona que apunta contra inmigrantes. Sus compañeros eran dueños de centros de detención privados y la ley tardó apenas dos meses en salir adelante.

Inmigrantes, ‘cornucopia’ de EE. UU.

Según Cuéntame, una organización que lucha por la justicia social, CCA alberga el 60% de los detenidos por delitos de inmigración. Datos del Departamento de Justicia muestran que las infracciones relacionadas con la inmigración no son solo tráfico de drogas o armas, sino también la violación de la denominada ‘Regla de los tres delitos’, que da derecho a encarcelar a los que han violado tres veces la ley (incluso por infracciones sin violencia).

Ahora 400 000 inmigrantes son detenidos anualmente, todos ellos son repartidos en centros de detención federales, estatales, públicos y privados de todo el país, lo que supone un gasto de 1700 millones de dólares que cubren los impuestos de los contribuyentes.

Las cárceles públicas deben rendir regularmente cuentas de su funcionamiento ante los ciudadanos. Las privadas, sin embargo, tienen responsabilidad solamente ante sus accionistas y no se someten a investigaciones externas.

(Con información de RT)