Las autoridades chilenas aplican una severa ley de la época de la dictadura militar contra 22 manifestantes de la región de Aysén. Algunos analistas señalan que el Gobierno de Sebastián Piñera no presta atención a las exigencias del pueblo, utilizando la mano dura contra las protestas.

El Gobierno de Chile ha interpuesto una querella a 22 manifestantes de la sureña región de Aysén. Las autoridades denuncian que los acusados infringieron la Ley de Seguridad del Estado.

Esta iniciativa, promulgada bajo la dictadura militar en los años setenta, establece penas de cárcel por delitos contra el orden público y la soberanía nacional, y los imputados pueden recibir penas que van desde 500 días hasta 5 años de presidio.

Esta decisión llega tras una ola de violencia en la región, cuyos habitantes demandan el fin del aislamiento de la zona. Las protestas comenzaron el pasado 13 de febrero.

Lucía Dammert, doctora en Ciencia Política de la Universidad de Leiden, opina que en vez de represiones el Gobierno necesita escuchar más las exigencias del pueblo para prevenir otras numerosas movilizaciones. “Al menos los primeros 20 años de democracia (Chile) estuvo acostumbrado a una acción policial bastante fuerte. No es un fenómeno castigado por la ciudadanía”, aseguró Dammet en declaraciones a RT.

En los últimos años, el pueblo chileno ha empezado a tomar conciencia sobre las acciones represivas de las autoridades y han protestado contra el uso de la fuerza por parte de la Policía, hecho que se está repitiendo con preocupante frecuencia, sobre todo en las manifestaciones de estudiantes que han tenido lugar en el país desde el año pasado.

Al referirse a las medidas que se deben adoptar para evitar la propagación de este tipo de manifestaciones y protestas por todo el país, la politóloga asegura que “sin duda el Gobierno tiene que aprender con mucha rapidez porque el siguiente paso puede llegar a ser tras movilizaciones más focalizadas en diversas partes del país, lo cual sería una pena”.

Tomado de Russia Today