Por: Jorge V. Jaime, Jefe de la Redacción Norteamérica de Prensa Latina.

Una sucesión de casos policiales polémicos, interpretados como delitos con visos racistas, salieron a flote durante el último mes en Estados Unidos, encabezados por las muertes de tres jóvenes negros en barrios de clase media baja.

Al asesinato de Trayvon Martin, en Orlando, Florida, a finales de febrero, siguieron los homicidios de Rekia Boyd, en Chicago, y de Kendrec McDade, en Pasadena, una ciudad ubicada en el occidental estado de California.

Todos estos incidentes tuvieron un denominador común: involucraron actuaciones policiales malintencionadas, irresponsables, o imprecisas, en el mejor de los casos.

En el caso de Martin, el victimario fue un vigilante nocturno privado de ascendencia hispana.

Los padres de Martin dirigieron una demanda al Departamento de Justicia para que el organismo federal revise el comportamiento del fiscal estadual Norm Wolfinger, quien ha sido criticado por torpedear pesquisas relacionadas con el proceso.

Se conoció que el jefe policial investigador Chris Serino había iniciado una apertura de expediente por homicidio contra George Zimmerman -quien disparó contra el joven de 17 años-, pero este procedimiento fue congelado por decisión de Wolfinger.

Al mismo tiempo nuevas evidencias auditivas incriminaron al vigilante Zimmerman, que alegó defensa propia y se mantiene encerrado en su vivienda sin ser molestado por los fiscales.

Los analistas informáticos Tom Owen y Ed Primeau confirmaron que los gritos de auxilio escuchados en una grabación pública del día del incidente no son precisamente de Zimmerman, y más bien parecen proceder de Martin o de una tercera persona.

El guardia de 28 años había argumentado que el muchacho lo persiguió, lo amenazó y finalmente lo golpeó en la cabeza y cara. Debido a leyes especiales sobre defensa propia en el sureño estado ha sido imposible arrestar al victimario.

La cadena ABC News también divulgó un video policial donde Zimmerman aparece completamente sano y sin moretones o huellas de pelea, minutos después de haber matado al chico negro en plena calle.

Con anterioridad a estas revelaciones, una fiscal de Florida indicó que sería muy difícil inculpar legalmente al individuo que disparó contra el joven afroestadounidense, desarmado el 26 de febrero en la comunidad sureña de Sanford.

La magistrada Angela Corey, quien lidera las investigaciones contra el vigilante, explicó que a tenor de la controvertida ley floridana conocida como “dispara primero” será casi imposible plantear una acusación oficial.

Varios estados norteamericanos permiten a cualquier persona enfrentar de manera letal a un potencial agresor con un arma de fuego cuando considere que su vida puede estar en peligro.

Los patrulleros involucrados en la muerte de McDade incumplieron ordenanzas elementales del Departamento Policial de Pasadena (DPP), admitieron en California autoridades institucionales.

Trascendió que Jeffrey Newlen y Mathew Griffin nunca activaron el sistema de grabación de video de sus carros en el proceso de detención de McDade, quien fue acribillado a balazos en un callejón la medianoche del 24 de marzo último.

Este incidente, en que dos uniformados blancos disparan contra un adolescente negro, incrementó las tensiones raciales en el sur de Estados Unidos, ya conmocionado por el asesinato de Trayvon Martin, en Orlando.

Newlen y Griffin alegaron que esa noche respondieron a un pedido de auxilio de un sujeto a quien supuestamente dos hombres armados le robaron una computadora.

McDade, de 19 años, recibió varios impactos en el pecho y en el momento del incidente solo portaba un reproductor de audio digital.

“Se trataba de un Código Clave 3, utilizado en robos a mano armada, y el protocolo reglamentario es activar las secuencias de filmación y las sirenas”, reconoció el jefe policial del DPP, Phillip Sanchez.

Desconocemos la razón por la cual no se cumplieron esos requisitos, agregó el funcionario. Líderes de la comunidad afroamericana señalaron que con esa maniobra algunos agentes intentan cubrir evidencias y rastros de procedimientos inadecuados.

El asesinato de Martin provocó protestas en grandes ciudades norteamericanas y denuncias públicas de personalidades como el excandidato presidencial Jesse Jackson, el reverendo Al Sharpton, el cineasta Spike Lee y el congresista demócrata Bobby Rush.

Estas movilizaciones acontecieron en un ambiente social enrarecido luego que el Departamento de Policía de Los Angeles, California, reconoció por primera vez en 35 años la existencia de racismo entre sus oficiales y en contra de ciudadanos en Estados Unidos.

Una investigación interna encontró culpable al patrullero Patrick Smith, con 15 años de servicio, de aplicar un perfil racial a la hora de aplicar multas de tránsito.

Desde 1970 el DPLA había recibido demandas contra un centenar de policías en la región californiana, pero hasta la fecha todos fueron absueltos luego que fiscales alegaron que “no había manera de comprobar la veracidad de las denuncias”.

Smith trabajaba en la unidad West Traffic Division y aunque sea inculpado de manera oficial solamente podrá ser despedido por un panel de tres comisionados que se reunirá en fecha aún por anunciar.

La acusación representó la primera revelación pública de un problema que había sido denunciado por organizaciones cívicas desde los años 70 del siglo pasado, sin que hasta el momento se confirmara algún castigo para un agente de seguridad.

Peritos comprobaron que Smith detenía en la carretera a individuos con apariencia latina o negros, los multaba por cualquier infracción verdadera o falsa, y luego los identificaba en reportes como anglosajones para cubrir evidencias.

El expediente de Los Ángeles no es el único y tendencias similares se pueden hallar en la policía motorizada de Connecticut, Milwaukee, y Wisconsin, entre otros territorios en el extremo norte o sur de Estados Unidos.

Los conductores negros en Milwaukee son detenidos siete veces más que los blancos, mientras que a los latinos les ponen cinco veces más multas de tránsito que a los chóferes anglosajones, según una indagación patrocinada por el diario Milwaukee Journal Sentinel.

Igualmente en Chicago integrantes de la comunidad afroamericana se movilizaron para protestar por la muerte de una joven negra de 22 años por balazos de un policía local.

Rekia Boyd falleció luego que un patrullero disparó contra un sujeto que conversaba a pocos metros de ella y que supuestamente esgrimió una pistola. El incidente ocurrió en la medianoche del miércoles 21 de marzo.

Boyd recibió un proyectil directo en la cabeza, mientras que otros transeúntes también quedaron heridos. No ha trascendido el nombre del oficial que disparó 10 veces en el área de Douglas Park.

El hermano de Rekia, Martinez Sutton, denunció que la policía trabaja lento para esclarecer el suceso, el arma causante del tiroteo nunca apareció y el uniformado homicida se encuentra en paradero desconocido.

De acuerdo con el foro Southern Poverty Law Center, que hace 30 años monitorea y estudia los grupos de odio en Norteamérica, estos focos racistas muestran un repunte desde hace dos años y hoy suman mil 274 agrupaciones.

Las causas de ese fenómeno es el antagonismo blanco -localizado sobre todo en el norte y en el sureste- hacia el presidente Barack Obama, cambios raciales demográficos, una mayor brecha entre ricos y pobres, y el aumento de inmigrantes ilegales en el norteño país.

El número de grupos cuyas ideologías está basada en proclamas contra una determinada raza, credo religioso o sexual, y otras características de minorías poblacionales ha repuntado dramáticamente desde 2010, cuando eran 602 organizaciones en toda llamada Unión americana.