Medio centenar de instituciones en Estados Unidos han recibido permiso federal para operar drones en territorio nacional, pese a controversias sobre el uso de estas aeronaves teledirigidas.

Entre los organismos beneficiados está el Departamento de Seguridad Interior, pero también pequeñas estaciones policiales como la Ogden, en Utah, y la North Little Rock, en Arkansas, además de la Universidad Estatal Nicholls de Louisiana y la Universidad North Dakota.

Igualmente el Departamento del Alguacil del condado de Mesa, en Colorado, solicitó aprobación para utilizar en funciones de seguridad nocturna drones con cámaras infrarrojas, indicó un informe de la organización independiente Electronic Frontier Foundation (EFF).

Voceros de la EFF explicaron que para conformar el reporte invocaron el Acta para la Libertad de la Información certificada por el Congreso federal y accedieron a estadísticas de la Administración Federal de Aviación (AFA).

Los congresistas Edward Markey, demócrata por Massachusetts, y Joe Barton, republicano por Texas, pidieron a los directivos de la AFA responder algunas interrogantes relacionadas con la privacidad de la ciudadanía y el uso extensivo de estas naves con mando a distancia.

Varios subcomités en el Congreso de Washington analizan un nuevo proyecto legislativo para integrar, a más tardar en el otoño de 2015, la operación de los drones a la reglamentación general que rige la circulación de los aviones tradicionales.

El Departamento de Defensa trabaja junto con la Administración de Aviación para legalizar el uso cotidiano y sin interferencias judiciales de las naves militares no tripuladas en el espacio aéreo estadounidense.

Un comunicado del Pentágono menciona un inventario de siete mil 500 drones, los cuales no tienen mucha previsión de misiones en la agenda futura, una vez concluidas las principales operaciones bélicas en Iraq y Afganistán.

Actualmente la AFA permite la utilización de estos aparatos solo en ocasiones específicas y para tal acción debe expedir un certificado especial que conlleva un cierto nivel de burocratismo. No obstante, en 2011 se firmaron 113 de estas autorizaciones.

Defensa quiere que la gestión sea expedita, sellar una normativa que suprima los obstáculos al despliegue rápido de aviones no tripulados en cualquier momento que considere el Comando Central.

La exrepresentante demócrata Jane Harman alertó que la utilización de estos aviones para operaciones policiales de rutina es un error grave porque los procedimientos no se someten a un debate público o al escrutinio parlamentario.

Está en juego la garantía de la privacidad individual ciudadana, además de que estos casos violan la normativa Posse Comitatus Act, que prohíbe el uso de fuerzas militares en tareas asignadas a la policía en suelo estadounidense, apuntó Harman.

(Con información de Prensa Latina)