Unas 10 mil personas con diferente grado de discapacidad física e intelectual fueron insertadas en diversos empleos, tanto en entidades públicas como privadas de Ecuador, informó el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en el marco del Día Internacional del Trabajador.

El Código del Trabajo en Ecuador establece que una empresa debe contratar personas con discapacidad y decreta y sanciona con multas mensuales equivalente a 10 remuneraciones básicas unificadas a las empresas que no cumplan con esto.

Esta medida estimula a las empresas a ayudar a la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo remunerado de personas con discapacidad.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, recordó el lunes durante su discurso en conmemoración del Día del Trabajador que inspectores de trabajo verifican que las empresas cumplan con esta disposición del Código de Trabajo.

Correa señaló que aún cuando son 10 mil los ciudadanos con discapacidad que se encuentran trabajando, faltan más de 294 mil casos que se deben tratar y explicó que la Misión Solidaria “Manuela Espejo” es una herramienta importante para la inclusión económica y social de estas personas.

El Presidente hizo referencia a la propuesta del proyecto de Ley Orgánica de Igualdad y Defensa de las personas con Discapacidad, presentada por el Ejecutivo en junio de 2011 a la Asamblea Nacional, la cual se encuentra en proceso de difusión.

Este proyecto de Ley consta de 134 artículos, cuyo objetivo es garantizar la aplicación de políticas públicas y sociales para asegurar la vigencia plena, promoción y ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución para las personas con discapacidad.

La normativa establece un sistema de prevención, detección oportuna, habilitación, rehabilitación integral y atención permanente de las personas que presenten discapacidad.

También declara como directamente aplicables por funcionarios públicos, administrativos o judiciales, de oficio o a petición de parte, los derechos de las personas con discapacidad, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y tratados internacionales.

Además, establece que se debe cumplir, tanto en instituciones públicas como en privadas, el cumplimiento de los mecanismos para eliminar barreras físicas, actitudes sociales y de comunicación, así como erradicar cualquier forma de abandono, discriminación y maltrato hacia las personas con discapacidad.

(Con información de TeleSur)