El presidente de Grecia Karolos Papouilas llevó a cabo una infructuosa reunión este domingo con los tres partidos principales del Parlamento para formar un gobierno de unidad. Al finalizar las conversaciones, el líder de la tolda socialdemócrata Pasok, Evangelos Venizelos, dijo que la situación permanecía en “un callejón sin salida”.

Por su parte, Antonis Samaras, dirigente de la agrupación conservadora Nueva Democracia, aseguró que las consultas seguían porque Syriza, el partido de izquierda de mayor votación, se niega a apoyar una alianza gubernamental que mantenga a Atenas en la eurozona y “renegocie” el plan de austeridad acordado con la Unión Europea (UE) y que ha generado fuertes protestas entre el pueblo griego.

Luego de las elecciones legislativas del pasado 6 de mayo los tres partidos mayores -que por sí solos no pueden formar gobierno- fracasaron en su intento de formar un gabinete de coalición donde el dilema central es aceptar continuar los recortes sociales o rechazar las imposiciones de las instituciones financieras internacionales y de la UE.

Dado que Grecia tiene una forma de gobierno parlamentaria y ningún partido logró los votos para gobernar solo (151 escaños en el Parlamento), la salida inmediata al laberinto político de los griegos es formar una coalición que tenga una mayoría legislativa lo suficientemente sólida como para garantizar un gobierno en tiempos difíciles, de lo contrario Papouilas tendría que convocar a nuevos comicios.

De inmediato, la nueva tarea de Papouilas es la de conversar este lunes por separado con los voceros del partido nacionalista Griegos Independientes, el Comunista, la formación de extrema derecha Amanecer Dorado y el centro-izquierda de DIMAR. Si esta iniciativa falla, deberá convocar a nuevas elecciones en las próximas semanas, lo cual podría llevar a a Grecia a la quiebra y a salir de la zona euro si quien logra formar gobierno asume la posición de rechazar las políticas antisociales de la UE y el FMI.

El plan de “rescate” que rechaza la izquierda griega exige un recorte de 3.300 millones de euros que supondrá la reducción del salario mínimo en 22% y de las pensiones, disminución de gastos sociales, despidos masivos de trabajadores públicos, privatización de empresas estatales e incremento de impuestos.

Tomado de AVN