El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos entrará hoy en vigencia, en medio de preocupaciones y rechazo parte de varios sectores, que ven con temor las asimetrías económicas entre los dos países.

Uno de los puntos más controversiales alrededor de este convenio es que su aplicación implica una intensificación de la competencia, en la cual Colombia lleva las de perder, por las diferencias económicas entre las partes.

Sindicalistas, intelectuales, entre otros, aseguran que es un acuerdo perjudicial para la economía colombiana, principalmente en los aspectos agrícolas y de propiedad intelectual.

Advierten que productos como el arroz, el trigo, el maíz, el azúcar, la avicultura, la ganadería vacuna y la porcicultura serán de los más afectados, porque los trabajadores ganarán menos y competirán más.

Igualmente se estima un impacto negativo en la salud pública, pues los monopolios farmacéuticos norteamericanos lograron subir los estándares de protección de su sector, por encima de los parámetros de la Organización Mundial del Comercio, lo que implica un alza en los precios de los medicamentos.

A su vez, el sector industrial también se verá perjudicado -de acuerdo con los críticos- por la entrada de productos remanufacturados a muy bajos costos que competirían con los productores nacionales.

En tanto, desde este martes el 99 por ciento de los bienes colombianos entrarán sin aranceles a Estados Unidos.

Ello no supone un gran cambio respecto al comercio entre los dos países, salvo para los productos textiles, si se tiene en cuenta que entre ambas naciones rige el Tratado de Preferencias Andinas.

Del otro lado, el 80 por ciento de los productos estadounidenses, como maquinaria pesada y vehículos de baja gama, entrarán a Colombia sin aranceles, mientras los agropecuarios, como el arroz y la carne, se irán desgravando gradualmente.

En el caso del arroz, el gremio colombiano advirtió de los riesgos que implica el ingreso de ese producto desde la nación norteña a menor precio y subsidiado.

Se estima que el sector sufra una reducción significativa en las 450 mil hectáreas cultivadas, de las cuales dependen cerca de un medio millón de campesinos colombianos.

Otro factor que preocupa es el retraso en la adecuación de la infraestructura vial y portuaria en el país, lo cual origina elevados costos por concepto de operación.

(Con información de CubaSi)