Reconocidos líderes del ámbito social en Chile alertaron aquí sobre el acelerado trámite legislativo de un polémico proyecto de ley de resguardo del orden público, considerado un instrumento para acallar la protesta.

El presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada, Esteban Maturana, aseguró que la cuestionada norma constituye una iniciativa extremadamente peligrosa para el desarrollo de la democracia en Chile.

Declaró que la conocida en el ámbito doméstico como “ley Hinzpeter”, en alusión al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, apunta a silenciar las movilizaciones, al sancionar con penas de cárcel diferentes expresiones de protesta social.

El objetivo de ese proyecto del gobierno, enfatizó Maturana, es ponerle una camisa de fuerza a la lógica reacción de los movimientos sociales ante la agudización del injusto modelo económico prevaleciente en el país.

También expresaron su impugnación a la iniciativa el pasado fin de semana los dirigentes de la Confederación de Estudiantes de Chile, reunidos en asamblea para evaluar y decidir los próximos pasos del movimiento estudiantil.

Un artículo del diario local El Ciudadano indicó que la referida ley convertiría en delito acciones de ejercicio ciudadano y de protesta cuando la institucionalidad ya no da respuestas, como el tomarse el colegio, interrumpir una calle o tomarse un centro productivo.

Se trata en definitiva de un nuevo intento de criminalizar la movilización social, la protesta y la acción política de la ciudadanía, subrayó asimismo el abogado y diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez.

La discusión y votación en el Parlamento de la cuestionada normativa está prevista para el 18 de julio próximo.

(Con información de Prensa Latina)