Muchos se preguntan por qué el gobierno de los Estados Unidos no acusa a Julian Assange ante una corte norteamericana y promueve un procedimiento de extradición. Al parecer la administración ha sido aconsejada de abstenerse de actuar judicialmente contra el fundador de Wikileaks, entre otras cosas porque quizás no pueda y no le convenga.

Estados Unidos no lo juzga porque tratándose de un asunto asociado a la libertad de información el remedio sería peor que el mal, no sólo por la capacidad y la influencia de la prensa norteamericana, que no es totalmente predecible, sino por la vigencia de la Primera Enmienda a la Constitución que es uno de los preceptos jurídicos más invocados, de mayor fuerza y que inequívocamente establece:

“El Congreso no aprobará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión alguna, o que prohíba el libre ejercicio de la misma o que coarte la libertad de palabra o de prensa; o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar del Gobierno la reparación de agravios”.

Es cierto que la Primera Enmienda ha sido muchas veces violada y manipulada, pero también muchos jueces han fallado a favor de los periodistas, de los comunicadores y de los individuos que se han puesto a su amparo. Si algo sobraría a los abogados de Assange serían precedentes.

Por otra parte, técnicamente sería difícil formular los cargos contra Assange, entre otras cosas porque el hacker australiano no parece haber conspirado para obtener los documentos que publicó en Wikileaks, no los robó, no vive en los Estados Unidos ni cometió delito alguno en su territorio y no le es aplicable el delito de traición. Al respecto la Constitución Norteamericana no deja lugar a dudas:

“ARTICULO III. SECCION 3…” El delito de traición contra los Estados Unidos consistirá solamente en tomar las armas contra ellos o en unirse a sus enemigos, dándoles ayuda y facilidades. Nadie será convicto de traición sino por el testimonio de dos testigos del hecho incriminatorio o por confesión en corte abierta…”

Un juicio contra Assange en los Estados Unidos pudiera durar años, costaría decenas de millones, revolvería un enorme basurero y traería a colación un sinnúmero de arbitrariedades cometidas desde el 11/S a tenor con la Ley Patriótica o de Comisiones Militares y al final, el acusado pudiera no ser condenado porque en Estados Unidos, al menos de modo codificado, no existe el delito de opinión y, cuando no hay ley que describa una felonía, no hay causa posible.

Un proceso jurídico contra Assange traería a colación todo lo relacionado con la guerra en el “ciber espacio”, la administración y operación de INTERNET, el correo electrónico, las redes sociales y la invasión a la vida privada de los ciudadanos norteamericanos desde el 11 de Septiembre.

Estados Unidos también hubiera podido solicitar al gobierno de Pakistán que arrestara a Ben Laden y lo enviara a Norteamérica para juzgarlo allí. Sin embargo Obama prefirió la vía extrajudicial. Aunque los hechos y sus consecuencias son diferentes las razones son las mismas: un juicio contra el cabecilla de Al Qaeda pudiera haber sido un ejercicio de suma cero.

Nadie debe tener dudas acerca de que Estados Unidos tratará de cobrárselas a Assange, pero lo hará a su manera y en el momento elegido por ellos. Por lo pronto en la embajada de Ecuador en Londres está bajo control.

Según el cálculo norteamericano el reloj trabaja a su favor. Tal vez se equivoquen. La decisión soberana de Ecuador no tiene marcha atrás, la amenaza británica persiste y los peligros de que se orqueste una provocación están latentes. Demos Assange al tiempo. Allá nos vemos.

(Con información de CubaSi)