Una juez federal ha acusado al Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York de discriminar contra miles de personas por su práctica de parar y registrar a los ciudadanos. La sentencia pide que un organismo independiente supervise los cambios en esta iniciativa, duramente defendida por el alcalde Michael Bloomberg como una herramienta para combatir el crimen.

“Las autoridades de la ciudad han ignorado deliberadamente las pruebas de que los agentes paran a los ciudadanos de manera discriminatoria”, asegura la juez Shira Scheindlin en su sentencia. “En su ímpetu por defender una política que consideraban efectiva, han ignorado expresamente pruebas de que la estrategia de identificar “a los sospechosos correctos”, constituye discriminación racial”.

El alcalde de la ciudad, Michael Bloomberg, atacó la decisión de la juez en una rueda de prensa ofrecida esta tarde, asegurando que “ignora la realidad del crimen”. “Personas de todo el mundo vienen aquí a aprender por qué la Policía de Nueva York ha tenido tanto éxito y ha reducido las tasas de crimen a mínimos históricos”. Las autoridades de la ciudad aseguran que apelarán la decisión judicial.

El Departamento de Policía de Nueva York ha sido objeto de numerosas demandas en la última década al considerarse que estaba violando los derechos de los ciudadanos. La Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense prohíbe registrar a una persona, o sus propiedades, a menos que exista razón para sospechar de él. Sin embargo, numerosos agentes fueron acusados de dar el alto a decenas de miles de ciudadanos de los que sospechaban simplemente por su raza.

“Nuestras estrategias de lucha contra el crimen, incluida la de parar y cuestionar a ciudadanos han convertido a Nueva York en la ciudad más segura de América”, defendió esta tarde Bloomberg en rueda de prensa. El alcalde aseguró que estas prácticas han impedido numerosos crímenes y que son consideradas “un éxito”. “En 1990 se producían de media seis asesinatos en la ciudad. Hoy hay menos de uno”.

La juez federal no ha determinado que se deba anular una de las iniciativas más polémicas del mandato de Bloomberg, pero sí solicita que reformen las prácticas de la policía y el entrenamiento de los agentes. Un organismo independiente será el encargado de supervisar que se acometen los cambios recomendados por la juez.

“A pesar de conocer las denuncias, mantuvieron e incluso aumentaron prácticas que sólo causaron un aumento de violaciones de la Cuarta Enmienda”, asegura ahora la juez. “Hay demasiadas personas en la ciudad de Nueva York que se han visto despojadas de sus derechos con demasiada frecuencia”. La juez Schiendlin afirma más que una práctica policial, los registros se convirtieron “en una rutina diaria” para muchos neoyorquinos.

Según Bloomberg, las herramientas empleadas por la policía han contribuido a reducir las cifras de asesinatos por debajo de la mitad con respecto a hace 12 años, “algo impensable entonces”, declaró. “Vamos encaminados a otro récord de reducción de tiroteos y homicidios este mismo año porque nuestros policías cumplen las leyes y persiguen a los criminales”.

La organización por las Libertades Civiles de Nueva York estableció en su informe anual de 2013 que en 71 de los 76 distritos policiales de la ciudad afroamericanos e hispanos acumulaban más de la mitad de los cacheos y paradas dictadas por la policía. En 36 de los 76 sumaban además el 90% de las paradas. El porcentaje no cambió en el caso de los distritos con menor proporción de población afroamericana e hispana: en los 10 donde representan grupos minoritarios, también acumularon el 70% de las paradas por la policía.

Según la agencia Associated Press, la juez ha estudiado las demandas presentadas por cinco hombres que aseguraron haberse convertido en objetivo de la policía simplemente por su raza, cuatro casos entre los cinco millones de registros realizados durante la última década, en su mayoría a hombres afroamericanos o hispanos. De todas ellas, Schiendlin afirma que 200.000 paradas y registros se hicieron sin justificación alguna y sin las causas legales necesarias. “Nadie debería vivir con miedo a que le detengan nada más salir de su casa o mientras sigue con su rutina diaria”, dicta la sentencia.

(Con información de El País)