Como parte del plan anticorrupción emprendido por el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de ese país, Miguel Rodríguez Torres, anunció este lunes la reestructuración del servicio autónomo de notarías y registros.

“Estoy diseñando, yo personalmente, un plan para reestructurar totalmente el servicio autónomo de registro y notaría, porque siguen todavía ocurriendo hechos”, dijo.

En rueda de prensa, Rodríguez Torres señaló que en el contexto de la lucha contra los ilícitos en la administración pública, los procesos lentos son propicios para la corrupción. Sobre este punto recalcó que hay que aplicar “toda la mano dura” para corregir las desviaciones.

“El Presidente ha sido enfático cuando habla de la corrupción, y si algo se presta para este flagelo son los servicios donde se retardan los procesos, sucede que hasta que la población no paga no registran los documentos, aquí hay que aplicar mano dura”, expresó.

Indicó que este sistema de registro y notaria debe adecuarse a los nuevos tiempos desde el punto de vista administrativo como tecnológico.

Criticó que tantos registradores como notarios “se la pasan de restaurante en restaurante, de viaje en viaje, dándose la dulce vida o metidos en las oficinas, no salen de ahí”, denunció, al tiempo que les hizo un llamado a trabajar como los ministros: “Vengan a trabajar una semana en el Gobierno de Eficiencia en la Calle para que vean lo que es bueno, para que vean la diferencia de lo que es entregarse a trabajar con el pueblo y gobernar desde sus posiciones de poder”.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la instalación del Programa de Formación de Prevención Integral del Delito y Convivencia Solidaria, que inició este lunes.

Al respecto, el ministro Rodríguez Torres informó que el objetivo del taller es formar a la población para que “sea un instrumento para la previsión del delito”, y para que impulsen desde sus espacios la convivencia solidaria y la preservación de la vida a través de la disminución de hechos vinculados con el delito, faltas, accidentalidad vial y desastres, entre otros.