Miles de chilenos marcharon este domingo por las calles de la ciudad de Santiago (capital) para rechazar la oferta de un grupo de “jerarcas” de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), quienes acceden a suministrar información sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese período a cambio de la reducción de sus condenas de cárcel.

La polémica propuesta fue hecha pública por René López, abogado del general retirado Manuel Contreras, quien se encuentra encarcelado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, cuando dirigió la extinta temible policía secreta llamada Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Entre los asistentes a la manifestación destacó la exmandataria Michelle Bachelet (2006-2010), quien calificó la propuesta como “inadmisible”, argumentando que “con los crímenes de lesa humanidad no se negocia”.

Bachelet, amplia favorita para ganar las elecciones presidenciales del 24 de noviembre próximo, agregó que “si alguien tiene información, tiene que entregarla” sin condiciones, ya que “no hacerlo es mantener el dolor de los familiares de las víctimas, es mantener la herida que tiene” el pueblo chileno.

“Queremos unidad en el país, pero sobre la base de la verdad y la justicia”, subrayó Bachelet, quien junto a su madre fue detenida, torturada y exiliada por la dictadura; y cuyo padre -general de la Fuerza Aérea- fue detenido y torturado hasta morir en prisión.

Por su parte, el senador Pablo Zalaquett, del gobernante partido Renovación Nacional, se alejó de la propuesta, al declarar que “todo lo que es tener información para los familiares me parece muy bien, pero los beneficios son un tema distinto (…) Primero, la información va a permitir la reconciliación y, luego, son los jueces los que determinarán si eso equivale o no”.

En tanto, el diputado Jorge Ulloa, de la Unión Demócrata Independiente (aliado del Gobierno y más cercano a las posiciones de la dictadura) consideró que “la entrega de antecedentes tiene que ser a cambio de nada”.

“No corresponde pedir nada a cambio. Lo que tenemos que hacer es el tremendo esfuerzo de que se ubiquen todas las personas que están desaparecidas”, enfatizó el legislador.

De igual manera, el diputado comunista Hugo Gutiérrez, quien actuó como abogado en varias causas relacionadas con la violación de derechos humanos, declaró que la eventual rebaja de las condenas “no es lo correcto para la construcción de una democracia sana”.

Por su parte, la titular de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, sostuvo que la propuesta forma parte de “una ofensiva muy siniestra y peligrosa” de “aquellos que están cercanos a quienes nunca han tenido arrepentimiento”.

Organizaciones sociales estiman que, durante la dictadura de Pinochet, unos tres mil 200 chilenos murieron a manos de agentes estatales y otros 34 mil fueron encarcelados y torturados por motivos políticos, de los cuales mil 192 aún están registrados desaparecidos.

(Con informacion de EFE)