La Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC) ha prohibido a sus países miembro que den refugio a los procesados por corrupción, en el comunicado que ha emitido tras la cumbre celebrada ayer en la ciudad boliviana de Santa Cruz.

La CELAC ha ordenado “promover el desarrollo de principios comunes que impidan el ingreso de funcionarios y particulares procesados y condenados por delitos de corrupción a territorio de otro país miembro”.

La organización regional también ha ordenado “abstenerse de considerar los delitos de corrupción como delitos políticos”, lo que cerraría la vía del asilo, que no puede prohibir por estar recogido en convenios internacionales de los que sus países miembro son parte.

Además, los países latinoamericanos y caribeños han coincidido en la necesidad de prevenir la corrupción y para ello han acordado crear un código de buenas prácticas basado en el proverbio incaico “no seas flojo, ladrón ni mentiroso”.

“Se ha llegado a un consenso y la declaración refleja la voluntad política de los pueblos latinoamericanos y caribeños de transparentar la gestión pública y luchar contra la corrupción”, ha dicho la ministra Anticorrupción de Bolivia, Nardy Suxo.

Suxo, que ha ejercido de anfitriona de este foro regional, ha explicado que este acuerdo se ratificará en la cumbre de jefes de Gobierno y de Estado de la CELAC que se celebrará el próximo año en La Habana.

CASO PINTO

Este acuerdo de la CELAC es de suma importancia para Bolivia después de la crisis diplomática sufrida con Brasil el pasado mes de agosto a causa de la fuga al país vecino del senador opositor Roger Pinto.

El pasado 24 de agosto, tras haber permanecido casi quince meses refugiado en la Embajada de Brasil en La Paz, Pinto huyó al país vecino ayudado por funcionarios de la sede diplomática, sin el conocimiento del Gobierno de Dilma Rousseff.

La huida de Pinto desató una crisis diplomática entre Bolivia y Brasil que incluso llevó a la dimisión del entonces ministro de Exteriores brasileño, Antonio Patriota, y que todavía no se ha resuelto, puesto que el senador opositor sigue en Brasilia.

Pinto se refugió en la Embajada de Brasil en La Paz el 28 de mayo de 2012 asegurando ser víctima de una persecución política. El Gobierno de Rousseff le concedió el asilo político, pero Bolivia se negó a darle un salvoconducto argumentando que debía responder ante los tribunales de justicia por cargos de corrupción.

El pasado mes de junio, el senador opositor finalmente fue condenado ‘in absentia’ a un año de cárcel por causar daños económicos al Estado boliviano por valor de unos 1,7 millones de dólares (1,2 millones de euros).

(Con información de Europa Press)