Una misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presente en las elecciones del domingo último en Honduras dio a conocer hoy un informe que relata irregularidades en esos comicios.

El texto, al que Prensa Latina tuvo acceso, resume lo observado por el grupo de 11 personalidades y representantes de organizaciones internacionales de derechos humanos y de la sociedad civil.

La misión, que saluda la amplia participación del pueblo hondureño, reitera su preocupación por ataques y amenazas contra defensores de derechos humanos de las mujeres, los territorios indígenas y garífunas, los recursos naturales y de varias comunidades.

Revela que tuvo acceso a dos listas donde importantes líderes sociales, sindicalistas, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y dirigentes del partido Libertad y Refundación serían asesinados.

Los observadores manifiestan preocupación por el traslado arbitrario de miembros de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y anticorrupción y por el impacto que eso tenga en la superación del importante nivel de impunidad que atraviesa el país.

Según el informe, el grupo constató con preocupación irregularidades después de haber inspeccionado más de 100 mesas electorales, y haber hablado con autoridades y muchos sectores de la sociedad civil.

Entre ellas destaca que a muchos ciudadanos se les privó de sus derechos políticos, en particular del derecho al sufragio declarándolos muertos, incluso a varios que habían participado el año anterior en las primarias de sus partidos.

Respecto a aquellos que tuvieron la oportunidad de presentarse al Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante la jornada de comicios para demostrar que estaban vivos, la misión constató que no se les reintegró su condición para votar.

En otros casos, se les negó el derecho al sufragio con el traslado a mesas electorales muy distantes de los sitios donde regularmente han votado impidiéndoles ejercer el voto, detalla el informe.

También denuncia la entrega por voceros del Partido Nacional de tarjetas de descuento en comercios y servicios (telefonía celular, servicios médicos, farmacia, restaurantes, etc.) a quienes entregaran sus datos a esa formación política.

Añade que quedó evidenciado en vídeos, fotos y testimonios, que se instalaron carpas y puestos para ofertar esas tarjetas y otros objetos en lugares próximos a centros electorales como las escuelas Mixta Cerro Grande y José María Casco. La misión considera que deberían ser objeto de investigación de alcance penal los promotores y financiadores de esa iniciativa que por su diseño y desarrollo pudo influir en los resultados electorales.

El grupo de la FIDH dice haber constatado que existió falta de transparencia en la financiación de las campañas políticas y en el origen de los fondos de las mismas y mostró preocupación por la fuerte presencia militar en las elecciones.

(Prensa Latina)