Los familiares de la líder indígena asesinada en Honduras, Berta Cáceres, exigen que se esclarezcan los motivos de su muerte y responsabilizaron al Estado y a las empresas transnacionales que desarrollan un proyecto hidroeléctrico en la comunidad lenca, al sur occidente del país.

A través de un comunicado, aseguraron que el asesinato de Cáceres atenta contra el pueblo indígena y su lucha por la naturaleza, al tiempo en que condenaron el hecho de que el Gobierno aupara la persecución contra la activista, en lugar de garantizar su seguridad.

“Nuestra Bertha es la mayor de nuestras inspiraciones, por ello sentimos la necesidad de hacer escuchar la verdad acerca de su vida y de su lucha”, reza la misiva firmada por las hijas, hijo y madre de la occisa.

Sobre las causas de su muerte, afirman que “sabemos con certera claridad que los motivos de su vil asesinato fueron su resistencia y lucha en contra de la explotación de los bienes comunes de la naturaleza y en defensa del pueblo lenca. Su asesinato es un intento de acabar con la lucha del pueblo lenca en contra de toda forma de explotación y despojo. Un intento por cortar la construcción de un nuevo mundo”.

Agregan que “las circunstancias de su muerte (de Berta) se dan en medio de la lucha en contra de la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque por parte del pueblo lenca. Pedimos que se esclarezcan las responsabilidades de la Empresa DESA que desarrolla el proyecto”.

En la carta, los familiares “responsabilizamos a la empresa DESA, así mismo a los organismos financieros internacionales que respaldan el proyecto, Banco Holandes FMO, Finn Fund, BCIE, Ficohsa, y las empresas comprometidas CASTOR, Grupo empresarial ATALA, de la persecución, la criminalización, la estigamatización, las constantes amenazas de muerte en contra de su persona y de la nuestra y al COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras)”.

En tal orden de ideas, cuestionan la inacción del Estado para tratar de defender la causa de Berta y la lucha de su pueblo indígena.

“Responsabilizamos al Estado hondureño de haber obstaculizado en gran medida la protección de nuestra Berta, y haber propiciado la persecución, criminalización y asesinato. Al haber optado por proteger los intereses de la empresa por encima de las decisiones y mandatos de las comunidades”.

Ante tal situación, exponen en el documento las siguientes interrogantes: “¿cómo es posible que las instituciones de la policía, el Ejército, el Ministerio de seguridad que protegen los intereses y las instalaciones de la empresa DESA sean supuestamente los mismos que pretendían garantizar la protección y seguridad a nuestra Bertha?”;  “¿cómo es posible que la policía, el Ejército y el Estado hondureño que debían proteger su integridad, sean los mismos que la  amenazaron de muerte, hostigaron y persiguieron?”.

Los responsables de su asesinato son los grupos empresariales en contubernio con el Gobierno nacional, los gobiernos municipales y las instituciones represoras del Estado, que están detrás de los proyectos extractivos que se desarrollan en la región. Los financiadores de estos proyectos extractivistas de muerte también son responsables de la muerte de nuestra Bertha y de tantas personas que luchan en contra de la explotación de los territorios, puesto que con su dinero hacen posible la imposición de los intereses económicos por sobre los derechos ancestrales de los pueblos”, versa el comunicado.

Además aseveran que “no vamos a permitir que su imagen se convierta en un logo vacío, a nuestra Berta se le reivindica en la lucha permanente y enérgica por la defensa de la vida, los territorios y en contra de este sistema de explotación y saqueo”.

Los familiares dicen que “queremos que se respete la integridad de su figura de resistencia (de Berta). Ella es una eterna luchadora en contra del racismo, del patriarcado y el sistema capitalista opresor y asesino. Su lucha está atravesada por un fuerte antiimperialismo, corroborado constantemente en sus prácticas internacionales y su total rechazo al golpe de Estado financiado y apoyado por los Estados Unidos, que fue el inicio de la entrega del territorio nacional a las empresas transnacionales en detrimento de los derechos del pueblo Lenca y de la población hondureña”.

“Exigimos de manera inmediata y definitiva que se cancele la concesión de DESA sobre el Río Gualcarque y que corra libre el río Gualcarque. Si el Gobierno realmente quiere hacer justicia exigimos que se cancelen todas las concesiones mineras, de represas, de bosques y todos aquellos proyectos que atentan contra la soberanía nacional”, reza el documento.

Añaden que “demandamos el respeto y las garantías a la integridad física, jurídica y emocional de nuestra familia, de las comunidades, en especial de Río Blanco y de todas las personas organizadas dentro del  COPINH”.

“Su lucha no era solo por el medio ambiente sino por el cambio de sistema, en contra del capitalismo, del racismo y el patriarcado”.

En la carta destaca la siguiente frase: “No solo asesinaron a nuestra madre, asesinaron a la madre de todo un pueblo”.

Por último, “hacemos un llamamiento para que se arrecie la movilización, la denuncia y las muestras de solidaridad exigiendo una verdadera justicia”.

“Despertemos, despertemos humanidad!, ya no hay tiempo nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción, basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal”. “¡Berta Vive!”.

(Con información de Telesur)